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Cómo silenciar al Parlamento

El uso de la prerrogativa para forzar el cierre del periodo de sesiones respeta la letra de la Constitución pero está contra su espíritu

Vista del palacio de Westminster tras una bandera del Reino Unido. En vídeo, el anuncio de Johnson, este miércoles.

La nave del Estado británico camina hacia territorio constitucional inexplorado, siendo conducida por un primer ministro que parece impávido frente a las tormentosas aguas políticas que se avecinan. Desde una perspectiva legal, ¿qué está sucediendo exactamente y tiene la decisión de Boris Johnson alguna legitimidad? A petición de Johnson, la reina ha suspendido al Parlamento. El poder para hacerlo pertenece a la Corona, y se trata de un ejercicio de la “prerrogativa real”, autoridad residual que permanece en el Ejecutivo. Las prerrogativas son vestigios de un inmenso poder de control que en su momento ejerció la realeza. Si bien a día de hoy se llevan a la práctica en nombre de la reina, es fundamental comprender que el monarca sigue en todo momento la petición del primer ministro.

Llegados a este momento se ha sugerido, como en otras ocasiones de la saga Brexit, que Isabel II podría, y debería, tomar control efectivo, y no meramente simbólico, de la compleja situación política, teniendo en cuenta que ni el Parlamento ni el Gobierno están respondiendo, al parecer de estos autores, de manera eficiente ante estos acontecimientos. De hacerlo, la reina estaría desmembrando todo el aparato constitucional, y sería impensable en el Reino Unido del siglo XXI que un individuo pudiera ostentar dicha posición basándose únicamente en el principio hereditario. Si esto sucediese, habría un verdadero riesgo de abrir las puertas a una República, o a reducir las funciones de la monarquía radicalmente.

Además, la posición de la reina es en realidad una distracción frente al corazón de esta crisis. Desde que Theresa May asumió la jefatura del Gobierno tras el referéndum, hemos presenciado un continuo conflicto entre el Legislativo y el Ejecutivo. Algo inusual en el sistema británico, puesto que el primer ministro y su Gobierno proceden del partido o la coalición con mayoría en la Cámara de los Comunes. En un modelo protagonizado por la presencia de dos influyentes partidos, en la práctica el Legislativo y el Ejecutivo han tenido habitualmente una relación estrecha. Sin embargo, estos no son tiempos corrientes y la cuestión del Brexit sigue dividiendo a la nación y a los propios partidos. De hecho, hay voces a favor de permanecer y dejar la Unión Europea entre los conservadores y entre los laboristas.

Por lo tanto, debemos preguntarnos si Johnson tiene legitimidad para tomar esta decisión. La respuesta se encuentra en una pregunta que se ha ignorado desde las guerras civiles y los terremotos políticos del siglo XVII: ¿Quién hace al Parlamento soberano? Johnson aduce que es la ciudadanía y que el Legislativo está traicionando al pueblo al no implementar el resultado del referéndum de 2016. Al declarar que es el campeón del pueblo, y utilizar un pretexto para silenciar a los representantes democráticamente elegidos, sigue un camino recorrido por muchos dictadores en la historia. Asimismo, la irritación de casi el 50% de los ciudadanos que votaron por permanecer en la UE contradice cualquier declaración sobre el apoyo abrumador de la ciudadanía. Su uso de la prerrogativa real puede que sea dentro de la letra de la Constitución, pero está innegablemente contra su espíritu. Si el pueblo se siente traicionado por sus diputados, tiene la opción de expulsarlos en las próximas elecciones, pero Johnson se arroga este poder tomando una decisión sin precedentes similares en la era contemporánea. Es realmente difícil predecir lo que va a suceder.

Javier García Oliva, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Mánchester. Este artículo ha sido elaborado por Agenda Pública para EL PAÍS

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