El Gobierno de Maduro considera las sanciones un “bloqueo económico”

La ofensiva de Estados Unidos amenaza nuevas fuentes de financiación estatal, como la venta de oro

El ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, este martes en Caracas. En vídeo, rueda de prensa del canciller venezolano.FEDERICO PARRA (AFP) / REUTERSundefined

La decisión de la Casa Blanca de congelar todos los activos del Gobierno de Nicolás Maduro en Estados Unidos, con la prohibición a sus empresas de que traten con las autoridades chavistas, dio este martes nuevos argumentos a Caracas para apuntalar su tesis de que Washington está sometiendo al país a un bloqueo económico, tal y como hace con Cuba desde hace años. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores calificó las nuevas sanciones como una nueva y “grave agresión”, que pretende “formalizar el criminal bloqueo económico, financiero y comercial ya en marcha”. Mientras tanto, Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional reconocido por medio centenar de países como presidente interino de Venezuela, respaldó de inmediato a la Casa Blanca por creer que sus medidas solo lesionan a la cúpula chavista, no a los ciudadanos.

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Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, aseguró que Estados Unidos pretende generar la asfixia absoluta del país sudamericano. “Ellos han dicho que esta orden ejecutiva es contra el presidente Nicolás Maduro, contra un régimen, pero no, esta orden ataca a la población entera de Venezuela, a todos sus sectores económicos y sociales (…) Esto busca reducir la disponibilidad de divisas por parte de Venezuela; pretende amedrentar a países aliados y proveedores; es una violación masiva de los derechos humanos de los venezolanos y favorece a un sector político minoritario, extremista, que no entiende que la única vía es la democracia y lo contemplado en la Constitución de la República”, dijo.

Estas son las restricciones más contundentes contra el sucesor de Hugo Chávez. Guaidó fue contundente: “Ante esta medida, Citgo [filial estadounidense de la petrolera estatal Pdvsa] y todos sus activos están protegidos. Además, toda la deuda que el régimen pretenda contraer con activos de la nación será ilegal. Toda persona, compañía, institución o nación que pretenda hacer negocios con el régimen estará, para efectos de la justicia internacional, colaborando y sosteniendo a una dictadura y será sujeto de sanción y cómplice de crímenes que no prescriben. Cualquiera que quiera beneficiarse de la crisis será ahuyentado”. El líder opositor recalcó que la acción anunciada “tiene excepciones humanitarias en cuanto a alimentos y medicamentos”. Y que protege al “sector privado que no hace negocios con una dictadura que siempre ha atacado al aparato productivo”.

La tensión es máxima en Venezuela. Falta por ver qué impacto real tendrán las nuevas medidas en una economía que ya está hundida, ahogada por la hiperinflación, endeudada y con más de tres millones de personas que han emigrado ante la falta de trabajos y la escasez de bienes básicos, en especial alimentos y medicinas.

Las sanciones estadounidenses se han centrado hasta ahora en el petróleo, con la congelación de los activos de Citgo, que han acelerado el desplome de la producción de crudo, históricamente una fuente de ingresos para el régimen. El colapso de Petróleos de Venezuela, la pésima gestión económica y las sanciones internacionales han derivado en una profunda crisis financiera para el Gobierno de Maduro. De ahí que el régimen se ha refugiado en la venta de oro para torpedear la tormenta. Hasta ahora es desconocido el alcance de esta orden ejecutiva de Washington sobre el negocio de la minería, aunque desde hace unos meses Trump ha amenazado con posibles consecuencias a los compradores de este estratégico recurso.

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En marzo, el Departamento del Tesoro impuso una sanción contra la Compañía General de Minería de Venezuela (CVG Minerven) por sus posibles “operaciones de oro ilícitas” que contribuyen a mantener al gobernante chavista.

Un informe de la firma financiera Torino Capital limita el impacto de las nuevas sanciones de la Casa Blanca, porque considera que solo consolida restricciones restricciones ya de facto porque antes de la orden ejecutiva el Gobierno venezolano ya había perdido, por ejemplo, el acceso al sistema financiero de EE UU.

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