La necropolítica como régimen de gobierno

Brasil y Colombia se disputan el miserable primer puesto del país más peligroso para los defensores de derechos humanos. Si se trata de la tierra o del medio ambiente, Colombia es el país más violento; si hablamos de los derechos de las mujeres o de la población LGTBI, Brasil lidera la tasa de homicidios. La división de las cuestiones de derechos humanos es una forma de clasificar los temas de mayor riesgo en cada país, pero historias concretas de activistas amenazados o asesinados muestran que la frontera es incierta. Yirley Velasco es campesina, superviviente de la masacre de El Salado (Colombia). Fue víctima de violencia sexual en el año 2000 y recibió amenazas de muerte por su activismo político en defensa de los derechos de las mujeres en Montes de María, donde María del Pilar Hurtado fue asesinada frente a sus hijos. Talíria Petrone ejerce como diputada federal, fue amiga de Marielle Franco —la concejal asesinada por milicias en Río de Janeiro—, es una voz activa en favor los derechos humanos en la política nacional brasileña y ha sido amenazada.

¿Cómo definir la frontera entre la lucha de Yirley o de Talíria? ¿Serían cuestiones de tierra o cuestiones urbanas? ¿Luchas feministas o de líderes comunitarios? Estas preguntas permiten  entender la complejidad de la agenda de los derechos humanos en la actualidad, en particular en América Latina. Hay un cruce permanente entre la precariedad de la vida que hace a algunos líderes políticos más vulnerables y lo que Achille Mbembe llamó la “necropolítica”: políticas de muerte para el control de la población. Mbembe se inspira en Michel Foucault, en su clase final del curso Defender la sociedad, en 1976. En su curso, Foucault introdujo la idea de cómo el racismo de Estado sería uno de los mecanismos del biopoder y de la biopolítica. Entre el poder de “hacer vivir y dejar morir”, el racismo de Estado determinaría quién vive y quién muere. Mbembe fue más lejos que Foucault y mostró como el biopoder es insuficiente para entender las relaciones de enemistad y de persecución contemporáneas, ya que hay una necropolítica en marcha para producir los “mundos de la muerte”.

Yirley ha leído en el mensaje depositado en su casa, “la instrucción es eliminarte”. Talíria fue informada por la policía que los planes para matarla son viejos y orquestados en la deep web. Las dos líderes de derechos humanos pidieron protección a sus Gobiernos para mantenerse con vida. La solicitud de Talíria fue ignorada por el gobernador del Estado de Río de Janeiro, de donde es diputada federal. Ella contó en las redes sociales su historia; Yirley usó el canal de Youtube de Daniel Samper Ospina para contar la suya. ¿Por qué Talíria e Yirley eligieron un camino de exposición pública tan similar y alternativo a los canales oficiales del Estado? Porque los corsarios y las milicias de la necropolítica están sumergidos en la política gubernamental de nuestros países. Es el propio funcionamiento de los Estados-nación que promueve políticas de la muerte, como el racismo, la misoginia o la homofobia. Son, como describe Mbembe, Estados asesinos porque son racistas.

Las dos historias nos hacen pensar sobre lo que pasa en Latinoamérica, describimos los cambios políticos como olas conservadoras, populistas o evangélicas. Todas esas son tácticas de la necropolítica para establecer el corte entre lo que “puede hacer vivir y lo que puede dejar morir”. Cuanto más frágiles son las poblaciones, como las mujeres y las niñas afrodescendientes, indígenas o con discapacidad, mayor el desequilibrio entre el poder de la vida y de la muerte. No es casualidad que “feminicidio” fue una palabra puesta en circulación por las mujeres del Sur Global, así como ser una activista mujer de derechos humanos es, cada día más, una actividad arriesgada. Las relaciones de enemistad, como describe Mbembe, se entablan por el derecho a matar, “establecen recortes de aceptabilidad para tomar una vida”, instaurando los regímenes de miedo y precariedad. Cuando el funcionamiento del Estado deja clara la necropolítica como régimen de gobierno de las poblaciones, pasamos a describir el desorden como “emergencia”, “conflicto armado” o “crisis humanitaria”. La verdad es que las tácticas de exclusión y persecución ya estaban instauradas mucho antes de nombrarlas por las palabras de horror.

Debora Diniz es una antropóloga brasileña, investigadora de la Universidad de Brown (EE UU).

Giselle Carino es una politóloga argentina, directora de IPPF/WHR