Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

La defensa de Lozoya pide que el expresidente Peña Nieto testifique sobre una trama de corrupción en Pemex

El exdirectivo apunta hacia el gobierno anterior en la fraudulenta compra de una planta de fertilizantes

Lozoya en una conferencia en Londres, en 2014.
Lozoya en una conferencia en Londres, en 2014. Getty Images

Las acusaciones por corrupción contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya apuntan a una red más amplia durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Los abogados de Lozoya han anunciado este miércoles que pedirán a las autoridades el testimonio del expresidente y del exministro de Hacienda y Exteriores Luis Videgaray para explicar la adquisición, por parte de la petrolera estatal, de una planta de fertilizantes a Altos Hornos de México (AHMSA). “Sin imputar a nadie, debe citarse al expresidente de México Enrique Peña Nieto para que como testigo declare qué instrucciones le giró a los funcionarios para poner en práctica y cumplir con sus instrucciones comprometidas en el Pacto por México”, dijo Javier Coello Trejo, el defensor de Lozoya.

Los investigadores han señalado que la venta de la planta, por 500 millones de dólares, pudo ser fraudulenta al realizarse por un precio muy superior al de su valor real. La transacción ocurrió durante los cuatro años que Lozoya estuvo al frente de la petrolera y al mismo tiempo que la brasileña Odebrecht y AHMSA registraron movimientos en cuentas offshore y empresas fantasma para repartir sobornos. La defensa de Lozoya ha negado que el exdirectivo haya sido el recipiente de alguna de estas dádivas, aunque no han logrado explicar cómo es que el antiguo titular de Pemex obtuvo 3,5 millones de dólares para comprar una casa en el poniente de Ciudad de México.

La sombra de la corrupción planea sobre Lozoya desde 2017 cuando comenzó una investigación sobre el financiamiento ilegal de la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, en la que supuestamente estuvo involucrada Odebrecht. Esa averiguación ha sido archivada recientemente por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales al considerar que los delitos ya han prescrito. Sin embargo, la orden de arresto contra el exdirectivo continúa activa por los hallazgos hechos por la Unidad de Inteligencia Financiera sobre la operación de Pemex al adquirir la planta de fertilizantes.

La defensa de Lozoya ha apuntado a que el exfuncionario autorizó la compra de la planta para seguir con el plan energético de Peña Nieto en el que la producción de fertilizantes iba a generar valor agregado para la petrolera. Coello Trejo ha insistido en que su cliente cerró la operación de Pemex en torno a la planta, pero que la administración de Peña Nieto no emprendió el plan para catapultar la producción de fertilizantes. “En el momento en el que se tenían que hacer las inversiones, la Secretaría de Hacienda vació la arcas de Pemex”, señaló el letrado. Según un informe de la Auditoría Superior de la Federación, la apuesta fallida por los fertilizantes del gobierno de Peña Nieto generó pérdidas por 665 millones de dólares.

Coello Trejo ha asegurado que las acusaciones contra Lozoya no ameritaban una orden de arresto y que su cliente se presentará ante las autoridades “cuando existan las garantías legales”. Hasta ahora se encuentra prófugo, aunque su defensa asegura que sigue en México. El letrado también ha insistido en que el exdirectivo no negociará con las autoridades para despejar las incógnitas de la supuesta trama de corrupción. “Ni va a llegar a un arreglo, ni va a ser testigo protegido”. Sin embargo, para defender su versión los abogados pedirán que los antiguos miembros del Consejo de Administración de Pemex, así como a exfuncionarios de gobierno de Peña Nieto se presenten a testificar.

Este miércoles el portal de noticias Animal Político ha revelado que el abogado Javier Coello Trejo representa al mismo tiempo al exdirector de Pemex y al fiscal general, Alejandro Gertz Manero. El letrado ha confirmado esta información y asegurado que no representa un conflicto de interés dado que defiende al fiscal en un asunto privado y sin relación a la administración pública.

Se adhiere a los criterios de The Trust Project Más información >

Más información