Human Rights Watch presiona a EE UU para que sancione a altos funcionarios nicaragüenses

Nicaragua está sumida en la peor crisis política y social desde el fin de la guerra civil de los años ochenta. En abril del año pasado estallaron las manifestaciones que exigen el fin del Gobierno del presidente Daniel Ortega, las que han sido respondidas con una brutal represión que ha dejado al menos 325 muertos. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, defendió este martes ante el Congreso de Estados Unidos que debería presionar al Ejecutivo para que imponga sanciones individuales a los altos funcionarios del Gobierno nicaragüense responsables de los abusos cometidos, “incluyendo la prohibición de ingreso al país y congelar sus bienes”, apuntó Vivanco.

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El mismo día que el Gobierno de Ortega ha liberado a 56 detenidos durante las protestas –tras la aprobación este sábado de una ley de amnistía que el régimen sandinista defiende como un mecanismo de “reconciliación”–, la organización humanitaria Human Rights Watch ha presionado a la primera potencia mundial para que castigue a los responsables del episodio más sangriento de la historia reciente de Nicaragua. “En Human Rights Watch estamos extremadamente preocupados, porque los responsables de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua no han rendido cuentas por sus abusos”, declaró Vivanco ante el Subcomité sobre Hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Comercio del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE UU.

El Gobierno de Donald Trump “debería adoptar una posición contundente contra las atrocidades en Nicaragua a través de la imposición de sanciones individuales dirigidas contra los altos funcionarios responsables de los gravísimos abusos”, agregó Vivanco. Además de las sanciones, un mecanismo recurrente de la Administración de Trump contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, Human Rights Watch también recomendó al Congreso estadounidense a que inste a Nicaragua a crear una unidad especial que —de manera conjunta con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)— supervise la investigación penal de los delitos ocurridos durante las manifestaciones. También propuso a los legisladores que establezcan reuniones periódicas en Washington con defensores de derechos humanos, activistas, periodistas y miembros de la oposición nicaragüense para “mantener una posición equilibrada” a la hora de analizar la situación.

De cumplir con las recomendaciones, no sería la primera vez que Estados Unidos castigue a miembros de la alta esfera de poder de Nicaragua. En julio del año pasado el Departamento del Tesoro sancionó económicamente a tres ejecutivos por su participación en “graves abusos” contra los derechos humanos y corrupción y, en diciembre de 2017, al presidente del Tribunal Electoral. Las sanciones se amparan en la ley Magnitsky, que permite al Ejecutivo estadounidense sancionar a todos los funcionarios o ciudadanos extranjeros que estén involucrados en casos de corrupción o hayan sido acusados de violar los derechos humanos.