Ourense, el epicentro de la España envejecida

Lobeira (807 habitantes) cerró su colegio hace años por falta de niños. Pero la estructura, lejos de ser desperdiciada, fue reconvertida en algo más acorde al actual perfil poblacional de este municipio ourensano, el más envejecido de la provincia. “Ahora es un geriátrico. Es una tristeza, ¿verdad?”, dice con resignación Obdulia Pereira, una vecina que con sus 59 años puede vanagloriarse de ser una de las más jóvenes del pueblo. “Aquí la mayoría de la gente tiene más de 80 años. Futuro no hay, está clarísimo”, zanja la dueña de la única tienda de ultramarinos de la localidad, empotrada en una zona que cada año pierde más vecinos y que hoy en día se ha convertido en el epicentro del reto demográfico de España y en el espejo donde la UE, más temprano que tarde, tendrá que mirarse para ver su futuro. 

“Ourense tiene hoy los perfiles demográficos de la UE en 2050”, asegura Alberto Vaquero, docente de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, quien explica que el verdadero problema es la falta de relevo generacional de aquellos que se van jubilando. “La desaparición de aldeas ya es una realidad en la provincia. Sin buenos empleos la población emigra y los pueblos y ciudades se van muriendo”. Una situación que también afecta otras zonas de Europa.

“Envejecimiento y despoblación suelen coincidir, pero a diferencia de los países nórdicos, nuestra despoblación no existía, sino se está produciendo, y por eso hablamos de España vaciada”, aclara la eurodiputada Eider Gardiazábal (PSE-PSOE), integrante de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, que ha financiado este reportaje con motivo de los comicios europeos del 26 de mayo. En marzo, la Eurocámara acordó que para la próxima legislatura un mínimo del 5% de los fondos regionales y de cohesión estén destinados a la lucha contra la despoblación, medida que todavía debe pasar por el Consejo. Iratxe García, eurodiputada socialista y ponente de un informe sobre políticas para afrontar el cambio demográfico, añade que provincias y comarcas con baja densidad de población o que hayan registrado una fuerte pérdida de residentes ganarán protagonismo en el nuevo marco. “Eso da una imagen más certera y evita la distorsión”, explica.

Ourense (309.293 habitantes) es una de las provincias españolas que más población ha perdido en la última década, fruto de la migración y la falta de oportunidades. Las perspectivas para el futuro tampoco son halagüeñas: no solo tiene el índice de envejecimiento más elevado del país, también es una de las provincias más ancianas de la UE; su saldo vegetativo es negativo y por cada 10 personas activas hay siete jubilados. El presidente de la diputación, José Manuel Baltar (PP), ve sin embargo en este desafío una oportunidad que tiene que aprovecharse.

“La situación demográfica es un reto no solo de Ourense, sino de Galicia, España y del 80% de los territorios de Europa, y a la vez es una oportunidad”, dice el también presidente de Partenalia, asociación de autoridades locales intermedias de países europeos. Confía en que la llegada de la línea de alta velocidad a la ciudad, el impulso del termalismo —que ya lleva décadas promocionándose—, además de las ayudas a la natalidad y al envejecimiento activo logren revitalizar una provincia que presume de haberse convertido en un laboratorio donde ensayar políticas sociales para la Europa del futuro, y que en otoño pondrá en marcha un observatorio internacional del medio rural. “El protagonismo que tendremos en la gestión de fondos en el nuevo marco financiero comunitario es una de las noticias más importantes que se han producido hablando de provincias en los últimos 40 años”, asegura.

Pero el optimismo no es tan contagioso entre los vecinos de las zonas rurales, las más despobladas y afectadas por el declive demográfico, donde no es tan difícil encontrar aldeas a la venta o con tan solo un vecino. “Deberíamos potenciar la ganadería, el turismo”, sugiere Aquilino Valencia, alcalde de Calvos de Randín, municipio pegado a la frontera con Portugal y donde más de la mitad de los empadronados es mayor de 64 años. “Los jóvenes se van, y el retorno de aquellos que emigraron no mejoró la situación”, añade Valencia, uno de los pocos regidores socialistas de la zona, feudo del Partido Popular.

Fernando González, próximo a cumplir 90 años, resume la situación con sarcasmo. “Los ancianos se fueron, y la gente joven también… ¡pero a diferentes sitios!”, dice con sorna sentado en unas escaleras de piedra en A Teixeira, el municipio con menos población de la provincia. José Enrique Fernández, residente en una de las parroquias que conforman este concello, señala la gran cantidad de vivienda abandonada que podría acoger a nuevos vecinos. “Queremos que venga gente para que el pueblo mejore, pero trabajo no hay”, reflexiona. Él vive de su pequeña explotación ganadera, una de las principales actividades de la zona junto a la viticultura. “Cada año somos menos”, asegura Manuel Domínguez, vecino de 77 años y concejal, que no volverá a presentarse en las listas municipales debido a su avanzada edad. “¡Si volvéis en cinco años ya nadie estará vivo!”, remata en gallego otro paisano.

“A Teixeira, como casi toda la provincia, empezó a perder población en los cincuenta, aunque se mantuvo bastante estable hasta hace unos 10 o 12 años, cuando inició un declive mucho más potente”, explica el alcalde del pueblo, Miguel Cid (PP). Al noreste de la capital y próximo a la colorida Ribeira Sacra, este municipio perdió la mitad de sus habitantes en 20 años: en 2018 tenía unos 300 vecinos empadronados en diferentes (y lejanas) parroquias, muchos de ellos de edad avanzada, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Médico jubilado de 68 años, Cid cuenta que en muchas aldeas ya no hay servicio alguno y menos aún trabajo, pese a que la provincia de Ourense reúna cuatro de las cinco denominaciones de origen de vinos de la comunidad. Jorge Feijóo y Marisol Borrajo son de los pocos que decidieron cambiar de vida y dedicarse a la viña. “Somos solo nosotros dos y a veces nos cuesta”, aseguran en la penumbra de su bodega. 

Tierra de jubilados

En San Xoán de Río nadie pasea por la calle y hay más de un edificio a medio construir. “La gente dice que hubo una epidemia”, bromea el alcalde socialista Luis Castro (58 años), que a las próximas elecciones se presentará por el PP: “Cuando yo era pequeño éramos 3.000 vecinos, ahora viven aquí todo el año solo unas 200 personas y todas son mayores”. Hoy en día, en este concello donde la mayoría de la población está jubilada, solo unos 10 matrimonios están trabajando, asegura Castro, que con su panadería dice ser el único empleador del municipio. “En cinco o seis años ya no va a pagar nadie la seguridad social, solo a cobrar. Pero no veo la manera de decirle a alguien que se venga a vivir aquí”. 

“Otros países, como Alemania o Austria, tienen una mayor proporción de personas mayores que España y esto no tiene que ser un problema si hay posibilidades de reemplazo”, dice Vaquero, de la Universidad de Vigo. Pero en España el panorama es distinto, y más aún en Galicia, donde hay 2,7 millones de personas y 1,2 millones de activos por casi 900.000 perceptores de algún tipo de prestación (800.000 de ellos, pensionistas). “Uno de los retos de los próximos años en el país y especialmente en provincias como la de Ourense es la jubilación del baby-boom, cuyas primeras cohortes se van a retirar en 10 años con una pensión muy elevada, pero los ingresos no van a soportar esta necesidad de fondos”, explica el docente.

Mario Franco, secretario general de UGT en Ourense, confirma los malos pronósticos. “Tenemos más jubilados que trabajadores y en menos de nada nos vamos a quedar sin población. Una imagen típica son las escuelas que se transforman en tanatorios”, asegura antes de empezar a enumerar los datos sobre el desempeño del mercado laboral en la provincia: 129.000 activos frente a 140.800 inactivos, 90.000 de ellos jubilados; una tasa de actividad del 48%, frente al 58% de España, y una ocupación del 41% respecto al 50% del conjunto del país, a paridad de tasa de desempleo. “Lo que recaudamos no da ni para pagar las pensiones. La mayoría de la gente está empleada en los servicios, que tienen una alta tasa de temporalidad, y en el interior, donde la principal actividad es la agricultura, no hay ningún plan rural de futuro”, lamenta.

En A Veiga, el municipio más extenso de la provincia y entre los que menor densidad de población tienen —3,1 habitantes por kilómetro cuadrado, por debajo de la línea roja de 8 marcada por la UE—, el alcalde Juan Anta (PP) ha impulsado varias iniciativas para fijar población y atraer a nuevos vecinos: ayudas a la vivienda, un proyecto de apicultura y la construcción de un observatorio astronómico para disfrutar de uno de los cielos con menos contaminación lumínica de España, entre otras cosas. Las medidas, asegura, han frenado la sangría demográfica, pero no la han parado. “Los fondos, cuanto más cerca de la administración más próxima a la gente que vive en el territorio, mejor”, reflexiona el regidor, partidario de adoptar incentivos fiscales para atraer población al medio rural. 

“Estos están en Barcelona, estos viven en Zaragoza y estos en Girona”, enumera Herculiano Escuredo mientras recorre una callejuela ladeada de casa de piedras y maleza. Este vecino jubilado de la aldea de Baños (A Veiga) también emigró años atrás en busca de mejores oportunidades, pero volvió para cuidar de sus suegros. “Me fui porque se marchaba todo dios a buscar una vida mejor”. Ahora, sin embargo, no tiene ninguna intención de irse. “Tu tierra es sagrada, yo no la abandono por nada ni pienso abandonarla, hasta que marchemos para otro lado”.