El Parlamento egipcio aprueba una reforma constitucional para blindar a Al Sisi hasta 2030

En el Egipto del mariscal Abdelfatá al Sisi no hay margen para las sorpresas. El Parlamento egipcio aprobó el martes por una abrumadora mayoría la reforma constitucional que permitirá a Al Sisi permanecer en el poder hasta el año 2030. De acuerdo con la Constitución aprobada en 2014, el presidente debería abandonar el poder en 2022, tras cumplir dos mandatos de cuatro años. Sin embargo, en una férrea dictadura militar como la instaurada en 2013, un dócil legislativo puede siempre hacer un traje a la medida del implacable mariscal. Antes de entrar en vigor, las enmiendas deberán ser ratificadas en un referéndum popular que, según el diario Al Ahram, se celebrará entre los días 22 y 24 de abril.

La propuesta sobre el nuevo artículo 140 mantiene el límite actual de dos mandatos presidenciales consecutivos, pero amplia la duración de cada mandato de cuatro a seis años. Ahora bien, en un ejercicio de contorsionismo legal, una cláusula ad hoc alarga el actual mandato de Al Sisi a seis años, por lo que terminaría en 2024, y le permite presentarse a un tercer mandato. En la primera versión presentada al Parlamento, Al Sisi, de 64 años, habría podido gobernar hasta 2034, pues se le permitía ser reelegido dos veces más. Sin embargo, el texto fue modificado en la Comisión de Asuntos Legales.

Entre la otra docena de enmiendas presentadas, destaca la concesión de mayores poderes a la presidencia en el nombramiento de los miembros de la judicatura, eliminando cualquier atisbo de independencia judicial, y la atribución al Ejército del deber de proteger “la Constitución, la democracia, la composición fundamental del país y su naturaleza civil”. Además, reinstauran el Senado, que fue abolido por la presente Constitución, y establecen una cuota femenina del 25% en el Parlamento. Según varios analistas, todos estos cambios tienen como principal objetivo distraer la atención de la ciudadanía respecto al verdadero objetivo de la reforma: otorgar una cobertura legal a la perpetuación de Al Sisi en el poder.

Al Sisi lleva las riendas del país después del golpe de Estado de 2013, por el que derrocó al islamista Mohamed Morsi, único presidente elegido en unas elecciones libres. El año siguiente, el mariscal se impuso por un margen abrumador en unas elecciones presidenciales bajo sospecha, y el año pasado fue reelegido con más del 97% de los votos en un proceso ampliamente considerados como una auténtica farsa. El régimen impidió de una forma u otra -a través de la encarcelación, el arresto domiciliario o una extraña sentencia de inhabilitación- la candidatura de cualquier adversario serio, y a última hora, optó por presentar un candidato de paja.

Los seguidores del presidente justifican las medidas en la necesidad de otorgar más tiempo a Al Sisi para ejecutar su programa político y de preservar la estabilidad del país. El mariscal cuenta con el respaldo de los países occidentales que lo ven como un socio fiable en la lucha antiterrorista y en la contención de la inmigración irregular. Su más estrecho aliado es el Donald Trump, que la semana pasada le definió como "un gran presidente" tras una reunión en la Casa Blanca. Y ello a pesar de las denuncias de las violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos hechas por ONGs tanto locales como internacionales. 

La diezmada oposición, que apenas cuenta con una quincena de representantes en un Parlamento de 596 diputados y cuyos principales líderes languidecen en prisión, ha rechazado la reforma al considerarla una afrenta al espíritu de la Revolución de 2011, y no solo por la ampliación del mandato presidencial. “Las enmiendas tienen implicaciones muy negativas, al continuar laminando la independencia de la judicatura, que hasta ahora no siempre fallaba en favor del Ejecutivo. Además, otorga un rol de supervisor al Ejército que pone en duda el rol de las otras instituciones del Estado”, apunta a través de un correo electrónico May al-Sadany, experta legal del think tank TIMEP.

El proceso de reforma constitucional ha estado repleto de irregularidades, algo habitual en una dictadura brutal que intenta mantener una fachada democrática. Para empezar, en febrero las autoridades arrestaron a una decena de miembros de partidos de la oposición que habían participado en actos contrarios a la reforma. Los días previos a la votación, bloquearon decenas de páginas webs que promocionaban la plataforma Batal ("nulo en árabe"), que asegura haber recogido más de 250.000 firmas on line contra las enmiendas constitucionales. Como colofón, los diputados aprobaron la reforma votando a brazo alzado, por lo que es imposible saber cuántos votos obtuvo cada artículo concreto.

En el plazo de una semana los egipcios serán convocados a las urnas en un referéndum constitucional express. "El gobierno está haciendo todo lo posible para negar a la oposición la oportunidad de organizar una campaña contra el más potente oponente a Al Sisi, la palabra "No", que a diferencia de los candidatos de las pasadas elecciones no pueden ser arrestados", comenta el analista egipcio Timothy Kaldas. Incluso días antes de la aprobación de la reforma, ya habían aparecido carteles en las calles de El Cairo pidiendo a la población el sí para un referéndum que todavía no se había convocado. Mientras los movimientos de protesta en Sudán y Argelia han abierto una vía hacia un proceso de democratización, en Egipto todo está atado y bien atado.