El Reino Unido afronta el dilema de un Brexit salvaje o una prórroga larga

Durante toda la mañana corrió otra vez el rumor de que esta vez era posible, que los cálculos salían muy ajustados y May podría lograrlo en su tercer intento. El espejismo se desvaneció poco después de las 15.30 (hora peninsular española). 344 diputados frente a 286 votaron de nuevo en contra del Brexit de la primera ministra. Un humillante margen de 58 votos volvió a dejar claro que el acuerdo de retirada pactado con la UE es papel mojado en Westminster.

Como si operara ya en modo autómata, May no quiso dar ninguna pista de los pasos a seguir, ignoró por completo la posible dimisión que ella misma había anunciado el miércoles y perseveró en su empeño: “El Gobierno continuará trabajando para que se produzca un Brexit ordenado, como exige el resultado del referéndum [de 2016]”, dijo.

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La UE había condicionado una prórroga de la salida del Reino Unido hasta el próximo 22 de mayo a que el Parlamento aprobara antes de esta semana el acuerdo de retirada. En caso de volver a rechazarlo, el Brexit se produciría el 12 de abril. Pero tanto Londres como Bruselas contemplan la opción B de una prórroga más larga, de hasta un año. Para ello, el Reino Unido deberá aclarar a qué dedicaría ese tiempo extra, y sobre todo, participar en las elecciones al Parlamento Europeo del 26 de mayo.

May asume con sus palabras y su lenguaje corporal que todo el proceso ha escapado de su control. La primera ministra recordó al Parlamento que el lunes se seguirán debatiendo las alternativas a su plan impulsadas por diversos diputados desde las dos bancadas. Las dos opciones con más apoyo —aunque ninguno mayoritario— son un Brexit suave que retenga al país dentro de la unión aduanera y un referéndum confirmatorio de aquello que se decida finalmente. Una combinación de ambas podría ser la solución que reuniera más consenso. Pero este ejercicio de voluntarismo contra el reloj requeriría de la complicidad del Gobierno, porque no basta con expresar el deseo de que se quiere evitar un Brexit salvaje para que no suceda. Es necesario transformarlo en un acto legal y vinculante. La única baza de la que May aún dispone —y que ha tenido en todo momento— es la profunda división existente entre todos aquellos que buscan su caída.

El líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, intervino de inmediato en el Parlamento, en réplica a May, para exigir un adelanto electoral. Los euroescépticos conservadores, que quieren hacerse con el control de la situación cuanto antes, apuntaron hacia dentro. “Esta debe ser la derrota final del plan de Theresa May. No ha sido aprobado. Nunca será aprobado. Lamento decir que ha llegado el momento de que la primera ministra cumpla con sus palabras y deje paso a un nuevo líder que sea capaz de presentar un acuerdo de retirada que cuente con el respaldo del Parlamento”, dijo el diputado Steve Baker, número dos del carismático Jacob Rees-Mogg y verdadero cerebro operativo del Grupo de Estudios Europeos, de presión antieuropeo y que aglutina al ala dura de los tories.

El Abogado General del Estado, Geoffrey Cox, un letrado con una demostrada imaginación jurídica, fue el encargado de intentar convencer a los diputados, al comenzar el debate en Westminster, de que si votaban a favor del texto en esta tercera ocasión no se comprometían a nada. “Cualquier salida negociada de la UE requiere que sea aprobado antes este acuerdo de retirada”, explicaba Cox.

Pirueta jurídica

Para sortear la prohibición del speaker (presidente de la Cámara), John Bercow, quien había advertido de que no permitiría que se votara de nuevo un mismo contenido, el Gobierno había desgajado en dos mitades el pacto alcanzado con la UE (Acuerdo de Retirada y Declaración Política) y presentado solo la primera. Era el modo, argumentaba el abogado general, de asegurar la certidumbre jurídica que proporcionaba la fecha fija del 22 de mayo sin comprometerse a nada más. Los diputados podrían, a partir de esa certidumbre, influir en el diseño de la nueva relación política que se negociara con Bruselas durante el largo periodo de transición que comporta el acuerdo.

La enésima pirueta jurídica no convenció a los más reacios. Los casi 30 diputados euroescépticos para los que nada que no sea un abandono salvaje de las instituciones comunitarias les vale no dieron su brazo a torcer. Los socios norirlandeses del DUP, que sostienen la mayoría parlamentaria conservadora, mantuvieron su negativa. Su pretendido empeño por preservar la integridad territorial del Reino Unido les sigue haciendo recelar del backstop, la salvaguarda par la frontera irlandesa impuesta por Bruselas. Y los laboristas, incluso los más proclives a respetar el resultado del referéndum de 2016, creyeron ver detrás de la maniobra de May la amenaza de un “Brexit a ciegas”: aprobado el acuerdo, han temido en todo momento, la primera ministra se retiraría y sería otro conservador, más duro en sus planteamientos, quien tomara las riendas de la siguiente fase de negociaciones con Bruselas.

May ha querido todo este tiempo mantener la unidad de su partido y lograr un Brexit ordenado. Su tercera derrota le ha demostrado que tendrá que elegir, y contar con el Parlamento.