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La lucha en la distancia contra el régimen de Ortega

Cuatro décadas después se repite la historia, aunque en condiciones distintas: la disidencia trabaja desde Costa Rica para volver a Nicaragua, pero sin partidismos y sin armas

Nicaragüenses exiliados en Costa Rica, en diciembre pasado.
Nicaragüenses exiliados en Costa Rica, en diciembre pasado. Reuters

Costa Rica es otra de las escenas de la historia repetida sobre la Nicaragua reciente. Además de servir de territorio seguro para miles de nicaragüenses que se dicen perseguidos por el Gobierno de Daniel Ortega, el suelo costarricense ha vuelto a convertirse en el mayor espacio de organización disidente contra el régimen de Managua, como ocurrió en las décadas de los setenta y ochenta.

Dirigentes sociales, líderes universitarios, profesores y figuras referentes de la oposición en Nicaragua mantienen su activismo desde el vecino del sur. Las reuniones, las publicaciones y manifestaciones callejeras que Ortega ha ido liquidando en su país sí se realizan con relativa tranquilidad en Costa Rica, donde aprovechan su tradición como refugio seguro, su foco en los derechos humanos y la posición crítica del Gobierno de Carlos Alvarado sobre las actuaciones de Managua, como ningún otro Ejecutivo en el contexto centroamericano. Al menos 40.000 nicaragüenses han solicitado refugio durante esta crisis, la cifra más alta desde los 200.000 de principios de los años 80, según un reporte oficial. Y entre ellos hay varios notables.

El último exilio en anunciarse desde el estallido de la actual crisis en Nicaragua —en abril de 2018— ha sido el del periodista Carlos Fernando Chamorro, pero en los últimos meses ha ido engrosándose el grupo de opositores dispuestos a refugiarse en Costa Rica sin dejar su luchar contra Ortega y sus leales. Meses atrás llegaron la dirigente campesina Francisca Ramírez, los activistas pro derechos humanos Álvaro Leiva y Mónica López Baltodano y decenas de líderes estudiantiles que suelen coincidir en las tareas de organización política, en constante comunicación digital con otros dirigentes que siguen en Nicaragua. Se suma el antiguo magistrado Rafael Solís, un connotado operador político orteguista en el aparato judicial nicaragüense hasta que renunció este 10 de enero y se acogió al exilio en Costa Rica, desde donde critica en diversas entrevistas los recientes abusos de poder en Nicaragua.

Los opositores han organizado al menos dos marchas en las calles: una en diciembre, cuando unas 700 personas que llegaron al municipio La Cruz, a 20 kilómetros de la frontera con Nicaragua; y otra —más grande— el pasado domingo en la capital, San José, en la que se congregaron más de 3.000 manifestantes. Distintos grupos organizan reuniones en las que discuten las acciones y las cotejan con sus contrapartes en Nicaragua. Las entrevistas, los llamados a una mayor presión internacional y las denuncias sobre las continuadas violaciones a derechos humanos, son el pan diario para muchos de estos dirigentes. Todo con la idea de volver cuando antes a un país diferente.

“Aquí podemos trabajar en la organización para el retorno a nuestra patria. Trabajamos en organización política, pero aún estamos en un debate porque queremos una Nicaragua diferente. Queremos justicia, democracia, reparación y no repetición. Todos los días nos reunimos con diferentes grupos con personas de distintas regiones. Todos los días vemos alternativas de la crisis humanitaria y buscando algunas salidas para obligar al gobierno de Ortega y presionar a otros gobiernos para un cerco internacional”, dijo la líder campesina Francisca Ramírez, una de las portavoces de la Articulación de Movimientos Sociales, capítulo Costa Rica y parte del Movimiento de Unidad Nacional Azul y Blanco, una alianza de distintos grupos opositores que nació en octubre en ambos países.

Más cercano a la política, por lazos familiares, ha estado Carlos Fernando Chamorro, director del semanario Confidencial y del programa Esta Semana. Es hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y del periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por la dictadura somocista el 9 de enero de 1978. El domingo, horas después de la marcha en San José, anunciaba su exilio después de la emisión de la entrevista al exmagistrado Solís. Llevaba ya varios días viviendo en la capital tica, a donde huyó con su familia después del asalto policial a las instalaciones del medio, en diciembre. “No lograron callarme. Me amenazaron y me tuvieron al borde de una condición crítica, pero seguiremos haciendo periodismo”, dijo en una entrevista en Teletica Radio, emisora propiedad de televisora que ofrece recursos a Chamorro para seguir haciendo periodismo crítico. Transmite por YouTube y por Facebook Live, porque el Gobierno canceló la autorización en el Canal 12. Como él, otros periodistas nicaragüenses trabajan a control remoto basados en plataformas digitales.

“No es que Costa Rica sea una base, como se decía en otros tiempos, pero sí hay un espacio propicio para que hagan su activismo político gozando de las libertades y sin comprometer al Gobierno de Costa Rica”, explica en San José el politólogo Constantino Urcuyo, catedrático en la Universidad de Costa Rica (UCR). Descendiente de nicaragüenses opositores al somocismo, comprende que el exilio actual de disidentes nicaragüenses es un déjà vú con algunas particularidades. El entorno político internacional, la naturaleza del régimen en Managua y el carácter no partidista de los activistas son algunas de ellas.

Es una disidencia más diversa ideológicamente, con figuras de la izquierda, la derecha, veteranos, jóvenes, activistas profesionales y líderes rurales, agrega Alberto Cortés, colega de Urcuyo en la UCR ye igualmente descendiente de nicaragüenses. “Pero hay otra diferencia, quizás mucho más relevante: la mayoría quiere romper el ciclo de violencia provocada por la sustitución de las élites. En los años setenta sostenían una lucha armada influidos por Cuba o el guevarismo, pero ahora tienen la convicción de que la lucha armada sería muy costosa y generaría un efecto perverso a medio plazo, como lo están viendo ahora. Hay una coincidencia de esa diáspora de apostar por la vía cívica y no militar”, subraya Cortés.

Para el Gobierno no es problema. Lo que los solicitantes hagan en su ámbito privado no incumbe a las autoridades, siempre que se muevan en el holgado marco legal costarricense, respondió la directora de Migración y Extranjería, Raquel Vargas. “Lo que nos corresponde es la protección de la persona y lo que haga aquí escapa completamente a nuestro ámbito”,

Este modo pacífico lo subrayan incluso quienes en el pasado empuñaban las armas. Lo contaba en primera persona Yassica Ascaxochil, una mujer que vive su segundo exilio en Costa Rica y que se encontró con sus coterráneos este 31 de diciembre en un intento de cena de Nochevieja. Once de ellos, todos menores, le escuchaban sus recuerdos de cómo en la década de los setenta huyó de la dictadura de su país con la única intención de volver. Lo que no pensó nunca fue repetir la escena décadas después. Ahora ya se sabe el guion: refugiarse no significa claudicar y luchar no significa disparar.

El éxodo mengua, pero la necesidad no

2.000 nicaragüenses solicitaron refugio en Costa Rica en diciembre. Parece mucho si no fuera por los datos de los meses anteriores: se alcanzaron los 9.000 en agosto, en el quinto mes después del inicio de las protestas contra Daniel Ortega y la reacción violenta primero en las calles y después en las oficinas de sus opositores.

Hoy, la lista de solicitudes de refugio de nicaragüenses excede los 40.000 y la mitad ya lleva avanzado el proceso para obtener el estatus. Cientos de ellos ya estaban en Costa Rica, pero la situación en su país les hace imposible retornar siquiera para obtener documentos. El Gobierno tico dispone de un nuevo edificio para atender la mayor cantidad de peticiones de protección en casi 40 años.

El número de nicaragüenses que huyen se ha reducido y algunos se han devuelto por falta de sustento en Costa Rica, pero la situación sigue alterada y el Gobierno costarricense no se cansa de pedir cooperación internacional para asistir con lo básico a esta población. Un convenio con la agencia de Naciones Unidas para los refugiados (Acnur) permitió alquilar un inmueble solo para tramitar refugios y contratar más personal. Ahora atienden a 200 cada día.

“La necesidad continúa. No es fácil para un país como Costa Rica (cinco millones de habitantes) recibir tantas solicitudes de refugio. Ya son 50.000 pendientes si consideramos que también siguen llegando peticiones de ciudadanos venezolanos, salvadoreños, colombianos, hondureños y guatemaltecos”, señaló la directora de Migración y Extranjería, Raquel Vargas.

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