Guaidó moviliza al Parlamento para impulsar la transición en Venezuela

La Asamblea Nacional de Venezuela empezó este martes a desarrollar las bases legales del proceso de transición activado la semana pasada con el movimiento de Juan Guaidó, que juró como presidente interino frente al mandatario de facto, Nicolás Maduro. El líder opositor acudió al Parlamento, una institución que preside desde hace tres semanas y que trabaja despojada de sus atribuciones por el régimen chavista, para avalar los pasos emprendidos hasta ahora y legitimar las próximas iniciativas, que fueron aprobadas por unanimidad por el pleno.

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El poder legislativo venezolano abordó, en esencia, una de las preguntas clave de los últimos días: ¿cómo se pretende concretar el desalojo de Maduro y su Gobierno desde el punto de vista institucional? Lo que está claro es que la oposición prepara una norma marco, de momento en fase de proyecto, bautizada como “ley del estatuto que rige la transición a la democracia y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución de la República bolivariana de Venezuela”.

Esa misma Constitución fue adoptada tras su aprobación en referéndum en 1999, bajo el primer mandato del expresidente fallecido Hugo Chávez. En 2017, en medio de una ola de protestas, el actual mandatario convocó la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, en la que las formaciones críticas con el oficialismo rechazaron participar. La función de ese órgano, que en la práctica es una emanación del Ejecutivo, es la de enmendar la ley fundamental. Una reforma que todavía no se ha producido.

Los opositores llevaron también a la Asamblea Nacional un acuerdo de rechazo de los asesinatos y detenciones arbitrarias a manifestantes pacíficos por parte de los órganos de seguridad del Estado. La semana pasada, en las noches previas a la masiva movilización que sirvió de escenografía para la proclamación de Guaidó, murieron al menos 40 personas y hubo más de 850 detenidos, entre ellos 77 menores de edad, según el cálculo de Naciones Unidas.

El Parlamento tenía, además, sobre la mesa, un “proyecto de acuerdo para la promoción del plan de rescate del país” y un debate sobre las “elecciones libres y transparentes” como último paso de este camino. Los venezolanos viven desde hace años bajo el yugo de una crisis económica sin precedentes, escasez, falta de efectivo y una hiperinflación que, según las proyecciones el Fondo Monetario Internacional (FMI), alcanzará cifras desorbitadas en 2019 hasta tocar el 10.000.000%.

Guaidó continuó, además, con los nombramientos de representantes diplomáticos en el exterior, una estrategia decisiva para cimentar el apoyo y reconocimiento que ya le han brindado Estados Unidos y la mayoría de los principales Gobiernos de la región con la excepción de México, Bolivia y Uruguay. Solicitó a la Asamblea Nacional la autorización para formalizar esas designaciones en Washington, Argentina, Colombia, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Hondura, Canadá y Perú.

Nombramientos

El dirigente opositor incluyó un nombramiento especialmente significativo, el de Julio Borges, líder del partido Primero Justicia que, junto con Leopoldo López, representa uno de los pilares de la oposición. Borges, exiliado en Colombia, será su representante ante el Grupo de Lima, una organización de países creada para la resolución de la grave crisis que golpea a Venezuela.

Este veterano político y Carlos Vecchio, reconocido por la Administración de Donald Trump como encargado de negocios en EE UU, empezaron ayer en Washington una agenda de reuniones que califican de “determinantes” con funcionarios del Departamento de Estado. Los dos tenían prevista también una cita con el vicepresidente estadounidense, Mike Pence.

Guaidó ha reactivado en menos de una semana la unidad de las principales cabezas visibles de la oposición venezolana, que estaban divididas sobre la estrategia a seguir. El aplauso que ayer se escuchó en la sede de la Asamblea Nacional tras la aprobación del primer punto de la ley de transición fue un símbolo de la etapa que buscan empezar. El Parlamento, elegido en 2015 y dominado por la oposición, volvió, en definitiva, a ir más allá de las actividades legislativas simbólicas que le ocupaban desde que fue declarado “en desacato” dos años más tarde por el chavismo. Ahora es el instrumento que, con respaldo internacional, puede hacer tambalear el Gobierno de Maduro.