Lenín Moreno se enfrenta a un nuevo examen en las urnas con Assange como materia pendiente

El Gobierno de Lenín Moreno ha dedicado el último año a terminar deconvencer a los pocos que aún dudaban de que su llegada al poder sería el fin del régimen de Rafael Correa. Ganó las elecciones en 2016 abanderado por el expresidente que implantó en Ecuador el socialismodel siglo XXI, pero apenas un mes después comenzó a desmarcarse y enlodar la gestión del exmandatario. En 2018, agrandó las brechas ideológicas respecto a la última década, sobreviviendo a varias crisis de gabinete y a la arremetida inesperada del narcoterrorismo. Para el próximo ejercicio, Moreno arrastra como asignatura pendiente alcanzar una solución para el inquilo más incómodo que ha tenido Ecuador en una de sus embajadas: Julian Assange.

La relación entre el fundador de Wikileaks y su país de acogida se ha enrocado en los últimos meses en un intercambio de reclamos y exigencias que solo hacen presagiar una salida más pronto que tarde para el australiano de la embajada ecuatoriana en Londres, en la que está asilado desde 2012. El nuevo Gobierno de Ecuador, que ha manifestado abiertamente su malestar por el comportamiento de Assange,le ha impuesto un nuevo régimen de convivencia que, si el australiano no cumple, le hará a perder el asilo. El 'hacker', por su parte,protestó ante las nuevas normas de comunicación y aseo personal interponiendo una demanda que no ha prosperado ante la Justicia ecuatoriana.

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La nueva oposición en el país latinoamericano, que era aliada natural del Gobierno hasta la ruptura con el correísmo, sospecha que la fricción reciente en el asunto Assange está relacionada con el acercamiento que han experimentado Ecuador y Estados Unidos tras el cambio de mando. A diferencia de Rafael Correa, el presidente Moreno ha tocado la puerta de su mayor socio comercial y este año, incluso,ha recibido la visita del vicepresidente estadounidense Mike Pence.

La línea ideológica del mandatario ecuatoriano también ha dejado los principios más significativos de la última década, alineados con Venezuela y Bolivia, y no ha disimulado sus guiños hacia la oposición conservadora. Aparte de la amistad personal con trascendencia política que Lenín Moreno ha cuidado con el principal opositor de Rafael Correa, el alcalde socialcristiano de Guayaquil, Jaime Nebot, el presidente ecuatoriano ha apostado por perfiles más técnicos que políticos para determinados puestos claves de su gabinete.

Los ministros de Economía y de Comercio Exterior, Richard Martínez y Pablo Campana, respectivamente, era representantes del sector empresarial durante el régimen de Correa. También ha limpiado su ejecutivo de los correístas más fieles, tras la salida de la canciller María Fernanda Espinosa, del ministro de Interior César Navas, del de Defensa Patricio Zambrana y de la reciente sustitución de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña por el joven empresario de los medios de comunicación, Otto Sonnenholzner.

La fragmentación entre correístas y morenistas también marcará el futuro político del país, en el próximo año de elecciones municipales y provinciales. Por primera vez en una década, no estará ninguno de los rostros que han dominado las urnas en las grandes ciudades y por primera vez habrá un récord de postulantes. El alcalde de Quito,Mauricio Rodas, no se presenta a la reelección y su sustituto se definirá entre una decena de nombres. También en Guayaquil, la segunda ciudad del país, se despedirá de casi dos décadas de gestión del alcalde Jaime Nebot, quien ya tiene más de una docena de candidatos para sustituirle. En Cuenca, el icono turístico del país, hay otra lista de más de 10 personalidades en disputa por la alcaldía.

La amenaza del narcoterrorismo ha sido, por último, una preocupación con la que no esperaba toparse el Ejecutivo de Lenín Moreno, que comenzó el año lamentando el primer bombazo en el país, en el que se destruyó un cuartel de la policía y medio centenar de casas. Durante los tres primeros meses de 2018, grupos relacionados al narcotráfico ya las disidencias de las FARC de Colombia mataron a nueve ecuatorianos, cinco de ellos civiles, y el Gobierno latinoamericano ahora lidia con la dificultad de procesar judicialmente los ataques para que no caigan en la impunidad y con la necesidad de evitar nuevos avances del crimen organizado en el territorio nacional.