México lidera un nuevo modelo migratorio para frenar la crisis en Centroamérica

El Gobierno mexicano, que llegó al poder el 1 de diciembre, saca pecho: “México es el primer país del mundo que ajusta sus políticas migratorias al pacto de la ONU”, dijo esta semana su canciller, Marcelo Ebrard. Se refería al pacto migratorio adoptado el 10 y 11 de diciembre en Marraquech por 165 de los 193 países de la ONU. Sin embargo, su optimismo se enfrenta al recelo de EE UU. Trump quiere destinar el mismo dinero a la construcción del muro con su vecino –casi 6.000 millones de dólares- que para los proyectos en México y Centroamérica de los próximos años, pensados para contener el flujo de personas que se dirigen al norte. Una cantidad ya comprometida que solo incorpora 180 millones de dinero fresco.

Casi 200.000 migrantes centroamericanos atraviesan cada año el país, en caravanas humanas o a lomos del tren, en dirección a EE UU huyendo del hambre y la violencia. México es uno de los pocos Estados del mundo que reúne la condición de ser país de origen, tránsito y destino de migrantes y las autoridades creen que esa experiencia será de gran utilidad. La UE sigue de cerca el programa y ha pedido colaborar.

Entre las medidas destinadas a los países de origen, México pondrá en marcha un paquete de grandes obras públicas en su frontera sur, en la zona de Chiapas, Oaxaca y Yucatán a los que destinará 25.000 millones de dólares y varios proyectos empresariales público-privados en Guatemala, El Salvador y Honduras. Entre otros cambios, durante el tránsito, se dejan atrás las políticas carcelarias y de criminalización de la emigración y, según anunció el equipo de López Obrador, los centros de detención serán lugares de descanso e información. También se reforma el temido Instituto Nacional de Migración, el organismo “más corrupto de México”, según Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población.

Además, se agilizará la solicitud de permisos de residencia para los que huyen del triángulo norte centroamericano, una de las regiones más violentas del mundo, y se prepara una legalización masiva de sin papeles. El plan de regularización les permitiría acceder a los programas de salud, educación y proyectos sociales. Para el retorno se facilitarán las deportaciones voluntarias.

La policía de fronteras estadounidense detuvo a casi 400.000 personas el año pasado; solo en los últimos dos meses ha detenido a más de 100.000. Sin embargo, en el entorno de López Obrador existe la creencia de que es posible asimilar el éxodo de centroamericanos. Con casi 130 millones de habitantes, México tiene un millón de migrantes frente a los cerca de siete millones de Alemania con una población de 82 millones de habitantes. Los países europeos tienen entre un 10% y un 15% de población extranjera frente al 0,7% de México (donde la tasa de paro, según los datos oficiales, es inferior al 5%). “Y la gran mayoría de los extranjeros son, irónicamente, estadounidenses jubilados de clase media”, señala una fuente de la cancillería.

“México ya está absorbiendo de facto la emigración, pero de forma clandestina. Las miles de deportaciones que se hacen cada día no sirven de nada porque vuelven a cruzar”, explica desde Tapachula, en la frontera sur, Salvador Lacruz, coordinador del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova para la defensa de los migrantes. Hace unos días, Lacruz atendió a un joven que había sido deportado 11 veces, las mismas que cruzó de vuelta en una balsa de plástico el río Suchiate entre México y Guatemala. “Huyen de la violencia y lo seguirán haciendo mientras su vida esté en riesgo”, añade.

Solicitudes de asilo

En los últimos cuatro años aumentó un 1.100% la cifra de solicitudes de asilo y refugio, que actualmente es de 26.000 personas. Sin embargo, el año que viene se espera que sea el doble y las oficinas están desbordadas. No hay personal suficiente, organismos como ACNUR trabajan al límite de su capacidad y el presupuesto para la COMAR (la oficina de atención al refugiado) ha sufrido un recorte del 20%. “México no está preparado para recibir todo el flujo migratorio”, señala Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. ”Falta invertir y trabajar mucho en el personal, los albergues, las oficinas y conocer las necesidades de esta nueva realidad”.

Las organizaciones que trabajan en el terreno ven con escepticismo un plan que nace con buenas palabras pero con el tibio apoyo de Estados Unidos, el silencio de Canadá y el recelo de algunos países centroamericanos, como el caso de Guatemala. Aunque López Obrador vendió como un éxito el respaldo económico de Washington, fruto de la buena sintonía entre los dos países, Donald Trump anunció esta semana que destinará la misma cantidad, casi 6.000 millones de dólares, a iniciar la construcción del muro que a programas de desarrollo en el sur de México.

Paralelamente, el jueves pasado se supo que México tendrá que recibir a los solicitantes de asilo de cualquier nacionalidad deportados desde EE UU. “Quieren convertir a México en Turquía [tiene un acuerdo con la UE para recibir a los refugiados sirios], pero sin dinero”, resume Lacruz.

Irineo Mújica, coordinador de Pueblo Sin fronteras también aprecia un cambio en la dialéctica pero es escéptico sobre su alcance. “Sobre el terreno aún no se sienten los cambios y siguen las detenciones y expulsiones desde México. Obama también tenía un gran discurso pero fue el presidente que más deportó”, dice desde Tijuana. El temor es que la nueva política se ahogue en las viejas prácticas.