Bruselas y Londres pactan las condiciones de su relación tras el Brexit sin mencionar a Gibraltar

La Comisión Europea ha logrado cerrar este jueves la Declaración Política sobre la futura relación de la UE con Reino Unido, un documento imprescindible para el pacto sobre el Brexit que se espera alcanzar en la cumbre europea del próximo domingo. El documento, de 26 páginas y 147 apartados, cuenta con el visto bueno preliminar de Londres.

El texto remitido a las capitales para su valoración excluye cualquier referencia al conflicto surgido entre Londres y Madrid por el estatus de Gibraltar tras la salida del Reino Unido de la UE. Fuentes comunitarias aseguran que ese contencioso, como otros que han surgido con otros socios de la Unión, se resolverán con declaraciones anejas al documento principal. Falta por ver si el Gobierno de Pedro Sánchez se da por satisfecho con esa fórmula o mantiene su amenaza de vetar el próximo domingo el pacto sobre el Brexit.

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De momento, la Declaración Política, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, ha eliminado también cualquier referencia directa al artículo 184 del Acuerdo de salida, que había provocado las iras del Gobierno español. El Ejecutivo de Pedro Sánchez interpreta que ese artículo no dejaba claro que la futura relación del Peñón con la Unión dependerá siempre del visto bueno de España, y no de un mero acuerdo entre Bruselas y Londres.

"Adjunto le acompaño el borrador de la Declaración Política que fija el marco de la futura relación entre la Unión y el Reino Unido. Ha sido acordado entre negociadores y aceptado en principio a nivel político supeditado al aval de los líderes [del Consejo Europeo]", señala el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en la carta con la que remite el texto al presidente del Consejo, Donald Tusk.

La primera ministra británica, Theresa May, en una breve comparecencia en Downing Street, ha avanzado que la declaración del Brexit es la "adecuada" para el Reino Unido, al cumplir con la voluntad expresada por los votantes en el referéndum de 2016. May comparecerá a esta tarde (a las 16.00 horas) ante el Parlamento británico para valorar el texto, informa Rafa de Miguel.

El pacto allana una de las dificultades surgidas en la recta final del Brexit. La declaración debía haber sido aprobada este miércoles, pero las pegas planteadas por varios comisarios europeos (relacionadas con Gibraltar, las cuotas pesqueras y la duración del período transitorio) impidieron cerrar el pacto durante la reunión que mantuvieron anoche el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y la primera ministra, Theresa May. Bruselas confía ahora en que este pacto supere las diferencias surgidas en las últimas horas.

Los 27 Gobiernos de la UE revisan en estos momentos la declaración y se espera una respuesta para este viernes. Si fuera positiva, Juncker volverá a reunirse con May el sábado y se podría cerrar de manera provisional el pacto del Brexit, a la espera de la reunión del Consejo Europeo del domingo.

Tusk ha convocado la cumbre a las 9.00, con la esperanza de que se limite a ratificar el acuerdo aprobado por las dos partes. Si se superan todos los escollos, Tusk apuesta por una cumbre rápida de apenas dos horas y media y proclamar el pacto definitivo a las 12 del mediodía. Sería el pistoletazo de salida para la ratificación del Acuerdo (en el Parlamento británico y en el Parlamento Europeo) y para empezar a preparar la relación futura prevista en la declaración política.

La declaración ofrece a Londres una relación excepcional en todos los ámbitos, desde el comercial al de cooperación judicial, desde la política de defensa a la de exterior. Y reconoce que en el futuro esos ámbitos "podrían ampliarse más allá de lo descrito en esta Declaración política".

Las dos partes se comprometen a crear un área de libe comercio, sin aranceles ni cuotas de importación para ningún producto. En servicios financieros se apuesta por un reconocimiento mutuo de equivalencia de los regímenes de supervisión y vigilancia, lo que permitirá mantener en gran parte la profunda relación que existe en ese terreno entre Londres y la zona euro.

En transporte aéreo se negociará un acuerdo global que cubre el acceso al mercado y la inversión, la seguridad y la gestión del tráfico. La misma fluidez se buscará en transporte por carretera y ferroviario.

La cooperación también alcanzará niveles desconocidos con terceros países en materia judicial y policial, con la aplicación de facto de la orden europea de detención y entrega para las extradiciones.

En seguridad y defensa, área esencial para Londres, la UE concede al Reino Unido la posibilidad de participar en ciertos de sus programas y operaciones, incluida la presencia de empresas británicas en los futuros proyectos de la Agencia europea de Defensa.

May necesita un compromiso importante de la UE sobre el mantenimiento de las futuras relaciones para compensar las numerosas concesiones que ha hecho en el Acuerdo de salida, desde aceptar una factura de casi 50.000 millones de euros hasta reconocer de manera indefinida los derechos de los casi cuatro millones de europeos que residen en suelo británico.

Pero el objetivo de una relación tan ambiciosa podría también volverse contra la primera ministra porque las dos partes reconocen en la declaración que la futura relación podría llegar hasta el punto de traducirse en un acuerdo de asociación del Reino Unido a la UE.

Ese tipo de acuerdos relegaría a Reino Unido a un estatus habitualmente ligado a los países que aspiran a ingresar en la Unión o que pertenecen a su vecindad. Y obligaría a mantener derechos y obligaciones recíprocos con la UE y un control de seguimiento. Es el estatus de países como Marruecos o Ucrania, una perspectiva no muy halagüeña para los defensores del Brexit, que prometieron una ruptura total y definitiva con Bruselas.

Prórroga de la transición hasta 2023 

Bruselas también ha concretado este jueves la duración de la posible prórroga del período transitorio de salida, previsto inicialmente entre el 30 de marzo de 2019 (al día siguiente del Brexit) y el 31 de diciembre de 2020. La Comisión propone que ese plazo se pueda prorrogar durante uno o dos años como máximo, decisión que deberá concretarse a mediados de 2020. De aprobarse el plazo máximo, el Brexit no se consumaría del todo hasta el 1 de enero de 2023, casi siete años después del referéndum que en junio de 2016 aprobó la salida de la UE.

La prórroga, a petición de Reino Unido y previo acuerdo de la UE, sería necesaria si a finales del período transitorio no se hubiera logrado un acuerdo sobre el futuro pacto comercial entre las dos partes. Durante la transición, Londres debe acatar la legislación comunitaria (la vigente y la que se promulgue) y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia europeo. Además, a partir de 2021 deberá negociarse una aportación financiera de Londres a las arcas comunitarias por cada año en que Reino Unido mantenga el acceso al mercado interior europeo.