El cisma político palestino intensifica los malos tratos a los disidentes

Más de 25 años después de los Acuerdos de Oslo, que sentaron las bases para la creación de la Autoridad Palestina, y tras una década de control exclusivo de Hamás sobre Gaza, el cisma político entre los islamistas de la Franja y el nacionalismo de Fatah, que gobierna en Cisjordania, se ha plasmado en una rutina de detenciones arbitrarias y malos tratos sistemáticos a disidentes y militantes rivales. Un informe publicado este martes por la ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW) constata que, a medida que se ha ido agrandando la grieta entre las dos principales facciones palestinas, se han multiplicado los arrestos y las violaciones de los derechos humanos.

Opositores pacíficos, periodistas, blogueros… cualquiera que haya apoyado un texto crítico en las redes sociales o que se haya afiliado a una asociación de estudiantes enfrentada al poder se expone a acabar en el calabozo y a sufrir una paliza. “Allí donde han afianzado su autogobierno, los partidos palestinos han desarrollado Estados policiales paralelos”, advierte Tom Porteus, subdirector de estudios de HRW.

“Los chicos tienen miedo de escribir. Ni lo intentan. No comparten sus ideas. Ni si quiera se atreven a poner ‘me gusta’ a alguien que ha escrito [en las redes sociales] una crítica al Gobierno. Están aterrorizados”, sostiene Mohamed Lafi, de 24 años, un rapero del campo de refugiados del Jabalia, en el norte de la franja de Gaza. Permaneció entre rejas durante cinco días en enero de 2017, acusado por las autoridades de Hamás de haber publicado un vídeo musical en el que animaba a la gente a manifestarse en contra de los continuos cortes de electricidad en el enclave costero.

Su relato es uno de los 147 testimonios recogidos por la organización defensora de los derechos humanos durante dos años entre antiguos detenidos, sus familiares y abogados, y representantes de ONG locales. HRW ha revisado imágenes y grabaciones, partes médicos y sumarios judiciales para elaborar el informe Dos autoridades, una sola vía, cero disidencias: detenciones arbitrarias y torturas bajo la Autoridad Palestina y Hamás.

Shawan Jabarin, director de la organización humanitaria palestina Al Haq, considera que “no hay que permanecer en silencio ante la sistemática represión de la disidencia y las torturas perpetradas por las fuerzas de seguridad palestina, a pesar del hecho de que Israel viole los derechos palestinos más básicos”. Los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por el Gobierno palestino en los últimos cinco años están siendo incumplidos. Muy pocos agentes de los Servicios de Inteligencia y de la Seguridad Preventiva de la Autoridad Palestina en Cisjordania, ni de la Seguridad Interna de Hamás en Gaza han sido investigados. Ninguno ha sido sancionado por esas prácticas, de acuerdo con la información manejada en el informe de HRW.

“Estuve un día entero con los ojos vendados en una habitación junto con otros cinco o diez detenidos. A veces nos dejaban sentarnos en unas sillas pequeñas, pero teníamos que pedir permiso para poder hacer cualquier cosa, como hablar o dormir”, rememora Fuad Jarada, un periodista de 34 años que permaneció bajo arresto durante dos meses, acusado de “atentar contra la unidad revolucionaria” después de publicar en Facebook un texto crítico con Hamás. “A partir del primer día comenzaron los golpes”, recapitula.

Las autoridades se amparan en una vaga legislación que criminaliza los insultos a altos cargos para arrestar a disidentes durante semanas antes de volver a ponerles a libertad sin presentar una acusación formal ante un tribunal. Entre enero de 2017 y agosto de 2018, la Autoridad Palestina mantuvo bajo detención administrativa a 221 personas sin supervisión judicial durante diferentes periodos. El pasado 27 de septiembre fueron arrestados en Gaza más de 50 militantes de Fatah, el partido liderado por el presidente palestino Mahmud Abbas. En contrapartida, las fuerzas de seguridad de Cisjordania capturaron en los días siguientes a más de 60 afiliados a Hamás.

“Un agente de paisano me recibió en la puerta de la prisión de los Servicios de Inteligencia en Jericó. Me vendó los ojos y me ató las manos a la espalda antes de comenzar a arrojarme contra la pared durante 10 minutos”, detalla Alaa Zaqeq, de 27 años y miembro de un grupo estudiantil de Hamás que fue detenido en Cisjordania. “Me dijo que esto solo era la ‘bienvenida’ y me llevó a los baños”, precisa antes de dar cuenta de las torturas que sufrió. “Al día día siguiente (un interrogador apodado) el Exprimidor me dijo: ‘Te prometo que solo vas a poder salir de aquí en una silla de ruedas”.

En los casos documentados por Human Rights Watch las fuerzas de seguridad amenazan, golpean y fuerzan a los detenidos a permanecer durante largos periodos atados con cables o cuerdas. Las denuncias presentadas por los arrestados o sus familiares rara vez culminan con una sanción interna o el procesamiento de los agentes. Los investigadores de HRW se reunieron en Ramala, capital administrativa palestina, con mandos de los Servicios de Inteligencia para recabar su versión. Estos alegaron que solo se habían producido casos aislados de malos trato que habían sido investigados y cuyos responsables fueron castigados. Israel no permitió el paso del equipo de la ONG estadounidense a la franja de Gaza para entrevistarse con dirigentes de Hamás. En una carta dirigida por el movimiento islamista a HRW, se aseguraba que en la Franja se respetaban los tratados sobre derechos humanos refrendados por Palestina. Hamás se negó, sin embargo, a permitir una investigación independiente.

El recurso sistemático a la tortura en ambos territorios puede suponer un crimen contra la humanidad perseguible por la Corte Penal Internacional, a cuya jurisdicción se somete Palestina desde 2015. Por ello Human Rights Watch apela a Estados Unidos, la Unión Europea y demás países que sostienen a la Autoridad Palestina para que suspendan las ayudas económicas destinadas a los servicios de seguridad implicados en violaciones de los derechos humanos hasta que pongan fin a esa práctica y sancionen a los responsables de cometer malos tratos. La misma petición se ha dirigido a Qatar, Irán y Turquía, que respaldan financieramente al Gobierno islamista de Hamás en Gaza.

“Vivo en un país donde me está prohibido expresar mis opiniones. No es el Estado con el que soñamos”, lamenta el activista Hamza Zbeidat, de 31 años, miembro de un ONG que permaneció detenido en Cisjordania durante dos días en mayo de 2016. “Nuestro gran problema es que la Autoridad Palestina está creando unas fuerzas de seguridad para controlar a la gente, pero ni siquiera controla los checkpoints [las barreras y retenes en manos de Israel]”. Zbeidat osó escribir en Facebook un mensaje en el que animaba a “combatir a la Autoridad Palestina con las misma intensidad que se combate a Israel”.