“En México, el Ejército es parte del problema, no de la solución”
El abogado que intentó juzgar por genocidio al expresidente Luis Echeverría dice que no hubo voluntad política para hacer justicia
México recuerda 50 años de la matanza del 2 de octubre de 1968. La represión de una manifestación estudiantil pacífica por parte del Gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz significó un parteaguas para la oposición al partido hegemónico, el PRI. En medio siglo, solo existe un fallido antecedente en el que se intentó hacer justicia por este hecho. Al frente de este esfuerzo estuvo Ignacio Carrillo Prieto (Ciudad de México, 1947), quien encabezó una Fiscalía especial entre 2000 y 2005 que investigó la matanza de la Plaza de las Tres Culturas, la del jueves de Corpus (en junio de 1971) y los años de la Guerra Sucia (la persecución del ejército a la guerrilla en Guerrero y a otros movimientos sociales en la década de los 70). “La Historia de México es una donde los crímenes de los poderosos se tratan de ocultar”, afirma el abogado.
Sentado en el patio de su casa en San Ángel, al sur de la capital mexicana, el exfiscal rememora los obstáculos que hicieron encallar su empresa, que nació en el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006) bajo un nombre kilométrico: Fiscalía especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delito federales, cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas directa o indirectamente con movimientos sociales del pasado. El nombre era presagio del laberíntico esfuerzo que encaraba para hacer justicia.
Carrillo Prieto asegura que pasó un lustro remando a contracorriente. El resultado fue un “fracaso relativo”. Una de las principales causas fue la falta de voluntad que vio en Fox, el primer presidente que desbancó al PRI, cobijado por el derechista Partido de Acción Nacional (PAN). “No lo veía comprometido políticamente y no se lo exigí, eso fue un error gravísimo”, considera Carrillo Prieto. Al final, lo resume de esta forma: “El problema es que era una bandera de izquierdas en manos de la derecha. Era una paradoja y una contradicción muy grave y muy lesiva”.
El fiscal llegó a la conclusión que el Estado Mayor Presidencial (EMP), un cuerpo de élite dentro del ejército, fue el responsable del asesinato de 32 personas y un centenar de heridos la noche del 2 de octubre en Tlatelolco. “Detectamos la existencia de francotiradores del Estado Mayor vestidos de civil [en las torres del conjunto habitacional], la súplica de Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del EMP, la mañana del 3 de octubre, al secretario de la Defensa: ‘mi general, deje bajar a mis muchachos’”.
A pesar de esto, la Fiscalía nunca pudo juzgar a quien se fijó como gran orquestador de la represión: Luis Echeverría, quien era secretario de Gobernación en 1968 y que dos años después se convirtió en presidente. A lo más que se llegó fue a que un juez decretara 874 días de prisión preventiva en contra del exmandatario. Sin embargo, una vez llegó al poder Felipe Calderón, un juez exoneró a Echeverría asegurando que el delito de genocidio había prescrito. Carrillo Prieto asegura que este fallo fue negociado por un candidato que triunfó en medio de acusaciones de fraude frente a López Obrador. “Vi a Calderón con una absoluta necesidad, por ilegítimo, de apoyarse en lo peor del autoritarismo priísta”.
El exfiscal afirma que al Gobierno de Calderón no le interesó seguir hurgando en los delitos del pasado, por lo que la Fiscalía se evaporó. “Era un permiso para matar. El no castigar la Guerra Sucia era decirle al ejército ‘órale, vamos a la guerra contra el narcotráfico”. Carrillo Prieto cree que de aquellos polvos vienen estos lodos. Las Fuerzas Armadas han sido duramente cuestionadas por diversas violaciones a los derechos humanos en los 12 años que han sido empleadas para luchar en contra del crimen organizado. “El ejército es parte del problema, no de la solución”.
El Gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador debate la creación de una nueva comisión investigadora para casos como el de Ayotzinapa (Guerrero), donde 43 estudiantes fueron desaparecidos por policías municipales coludidos con narcotraficantes. Carrillo Prieto traza una línea directa entre estos hechos y la Guerra Sucia, que tuvo como gran teatro del horror aquel Estado del sur de México. “En ambos casos se intenta ocultar la verdad. El Gobierno en turno desea negar los hechos. También hay cierta indiferencia social porque no murieron hijos de facultativos, como sucedió en Argentina. Allá ha habido justicia porque la clase media y alta sufrió en la carne propia de sus hijos la represión de la dictadura. Aquí son campesinos…”.
Carrillo Prieto se permite un consejo para la Administración que asume el poder el 1 de diciembre. Este podría hallarse en los libros de historia a los que cita con regularidad el presidente electo de México. “López Obrador debe tener muy presente al terrible error de Francisco Madero: querer quedar bien con todos. Eso lo llevó al sacrificio y a la destrucción de la obra revolucionaria”.
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