El Gobierno uruguayo castiga al ‘número uno’ del Ejército por criticar la reforma de las pensiones militares

El general Guido Manini Ríos, máximo jefe castrense de Uruguay, ha sido sancionado esta semana con 30 días de arresto a rigor -el máximo castigo que puede recibir un militar- por sus reiteradas declaraciones contra la reforma de las pensiones que reciben los militares. El Gobierno de Tabaré Vázquez tomó esta decisión, sin precedentes, después de que el comandante general acusase indirectamente de mentir al ministro de Trabajo, Ernesto Murro, en un programa de radio. Es la última de una serie de declaraciones de Manini Ríos que, según el Ejecutivo, incumplen la disciplina militar consagrada la Constitución.

El número uno del Ejército uruguayo seguirá en el cargo -el Gobierno, pese al castigo, no le ha retirado su confianza-, pero tras su jornada laboral tendrá que pasar su tiempo libre confinado y sin poder recibir visitas, probablemente en su residencia privada. Esta misma semana, el Gobierno uruguayo ha sancionado también al jefe del Estado Mayor, el general Marcelo Montaner, después de que la banda musical del ejército decidiese tocar un himno del Partido Nacional (en la oposición) durante un evento público. La acción, interpretada como una protesta a la sanción de Ríos, desembocó en un castigo a tres días de arresto simple al número dos del Ejército uruguayo.

La contundencia del Gobierno de Vázquez (centroizquierda) ha sorprendido en un país en el que las relaciones entre el poder civil y el militar están normalizadas desde el final de la dictadura militar (1973-1985). En democracia, los mayores choques se han producido a cuenta de los numerosos casos de desapariciones y asesinatos tras el golpe de Estado, pero la justicia ha canalizado la mayoría de los conflictos entre el Ejecutivo y el Ejército. El Frente Amplio -el partido de Vázquez y del expresidente José Mujica-, no obstante, nunca logró derogar la ley de amnistía que cubrió a los responsables de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.

La aprobación en el Senado de una reforma del sistema de pensiones de los militares ha abierto la caja de Pandora y ha tensado las relaciones entre el Gobierno y el estamento. Con una tasa de natalidad en caída libre (1,7 hijos por mujer en 2017) y una esperanza de vida de 77 años -una de las más altas de América Latina-, el debate sobre el futuro y la sostenibilidad del sistema de retiro ha surgido con fuerza en Uruguay: el déficit del régimen general -diferencia entre gastos e ingresos- ascendió a 582 millones de dólares en 2017 y el de la caja militar fue de 550 millones. La combinación de altas prestaciones por jubilación y tasas de retiro tempranas, ha hecho que los recursos destinados a 60.000 militares supusiesen el mismo agujero en las cuentas públicas que los dedicados al pago de la pensión de 700.000 pasivos civiles.

Tanto Gobierno como la oposición han deslizado un posible aumento de la edad general de jubilación -de los 60 años a los 65- con el objetivo de garantizar un sistema cada vez más oneroso para las arcas públicas uruguayas. Esta medida, muy impopular, contrasta con la media de edad de retiro para los militares, que es de 49 años. Las rentas más altas del Ejército perciben hasta tres veces más que el resto de jubilados. A la espera del voto en la Cámara de Diputados, lo más probable es que la iniciativa del Frente Amplio salga adelante.

Consciente de lo sensible del caso, la reforma del Gobierno ha sido tímida y no tendrá resultados visibles sobre el déficit de las pensiones hasta dentro de una o dos décadas, ya que mantiene la situación actual para la mayoría de los militares y solo se aplicará para aquellos con menos de 15 años de servicios. Aun así, desde el Partido Nacional (centroderecha), el senador Jorge Larrañaga ha criticado que “en el gobierno haya imperado hacia las Fuerzas Armadas un conjunto de prejuicios y de estigmas, resentimientos. Me parece que no hay que transitar por estos caminos donde lamentablemente se lleva un rumbo de acogotar a las Fuerzas Armadas”. El oficialismo defiende la “justicia social” de la reforma en curso y recalca que los beneficios para los militares fueron decretados durante la dictadura y se mantuvieron a pesar de que todo el régimen uruguayo de pensiones cambió en 1997.