La crisis en Argentina pone a prueba la fortaleza de la economía uruguaya

La crisis económica en Argentina es, para los uruguayos, una película repetida. Inevitablemente, un pequeño escalofrío ha recorrido el país rioplatense, acostumbrado a sufrir los bandazos de su vecino más grande —con una población superior a los 40 millones de personas— en su economía de poco más de tres millones de habitantes. El Gobierno de Tabaré Vázquez ha salido a calmar los ánimos con una batería de medidas preventivas, esperando que el modelo aguante la depreciación de peso argentino.

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El principal temor se concentra en el turismo: el 60% de los viajeros que visitan Uruguay son argentinos. Para compensar parte de la brecha cambiaria que se ha abierto entre los dos países —para un argentino es hoy mucho más caro salir del país y tener que pagar con una moneda distinta del peso—, el Gobierno uruguayo volverá a devolver el IVA aplicado a todos los turistas extranjeros en sus compras. Además, pondrá en marcha ayudas a los sectores exportadores que puedan verse afectados por la crisis —de golpe, también por el tipo de cambio, los productos uruguayos son más caros en Argentina— y establecerá controles para evitar la ruina de los comercios de las zonas de frontera, que ven como los nacionales cruzan hacia el lado argentino para sacar partido de los precios más competitivos.

Uno de los pilares del modelo económico uruguayo ha sido tratar de distanciarse comercialmente de sus dos vecinos más grandes, Brasil y Argentina, en aras de una mayor diversificación de sus mercados. En menos de 20 años, sus socios de Mercosur pasaron de representar el 40% de las exportaciones uruguayas al 19% actual. En 2015, cuando empezó la crisis en la región, Uruguay aguantó el golpe y hoy ha logrado alinear 15 años ininterrumpidos de crecimiento, con un 2,4% previsto este año, a pesar de tener el vecindario en llamas.

Esta semana, el presidente Vázquez —quien habla poco y aparece en público lo justo— dijo que “los hechos tan dramáticos que viven Argentina y Brasil demuestran fehacientemente la solidez de la conducción política de los tres gobiernos del Frente Amplio”. Los ministros se han sucedido para explicar que el país está “blindado” y que la depreciación del peso uruguayo frente al dólar —mucho menor, en todo caso, que la sufrida por la moneda argentina— puede ser contenida gracias a los buenos niveles de reservas del banco central.

En el manejo de la economía, el izquierdista Frente Amplio ha hecho del racionalismo su bandera, tratando de encontrar un equilibrio entre la ortodoxia y las políticas sociales. La deuda del país sudamericano goza de buenas calificaciones de riesgo y la pobreza volvió el año pasado hasta el 7,9%, uno de los porcentajes de la población más bajos de Latinoamérica.

De todas formas, y pese al aparente triunfalismo de Vázquez, la crisis argentina es una pésima noticia para Uruguay: las relaciones con Mauricio Macri eran óptimas, un bálsamo después de las tensiones que tanto Vázquez como su antecesor, José Mujica, sufrieron con las sucesivas administraciones del matrimonio Kirchner. El actual presidente argentino, Mauricio Macri, levantó algunas medidas del Gobierno anterior, como la prohibición de recalar en los puertos uruguayos a barcos en tránsito, pero mantuvo muchas de las barreas proteccionistas que perjudican a Uruguay. Sin embargo, un diálogo era posible y en la medida que Argentina mejorase, todo el entorno se beneficiaría.

Ese escenario se ha esfumado y Uruguay tendrá que evolucionar en un contexto regional difícil que convierte en peligrosas sus fragilidades: el déficit fiscal llegará este año al 4%, la deuda pública alcanza el 56% del PIB y un 40% de esa deuda está emitida en dólares —por lo que cualquier variación en el tipo de cambio afecta directamente a las finanzas públicas—. Por otro lado, la nueva clase media no está totalmente consolidada. Un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo confirmó que muchas de las familias que salieron de la pobreza pueden volver a ella muy rápido si la economía empeora. Y la inflación se mantiene alta, un 8% anualizado a junio, lo que socava el poder de compra de los salarios, que ya sufren una importante presión fiscal.