Nicaragua se paraliza para exigir la libertad de los presos de Daniel Ortega

La convocatoria de un cacerolazo doce de la noche del jueves al viernes marcó el inicio del tercer paro nacional en Nicaragua convocado para presionar al Gobierno de Daniel Ortega. Esta vez con la intención de exigir la liberación de centenares de personas apresadas por participar en las manifestaciones que desde abril exigen que el exguerrillero sandinista deje el poder. La huelga fue respaldada por la patronal, que instó a todas las empresas a echar el cierre durante 24 horas. Aunque hubo pequeños negocios que decidieron abrir sus puertas, el gran comercio, las franquicias internacionales, la banca y grandes compañías se unieron al paro. A media tarde de este viernes, la capital, Managua era una ciudad desolada.

El paro fue convocado por la opositora Alianza Cívica, la organización creada bajo la mediación de la Iglesia y que reúne a empresarios, estudiantes universitarios, sindicalistas, líderes campesinos, y académicos con el fin de negociar con el Gobierno una salida a la crisis política que ha dejado ya centenares de muertos, miles de heridos y un importante éxodo de nicaragüenses. Inicialmente, el trabajo de esta Alianza parecía limitarse a las negociaciones en el marco del llamado Diálogo Nacional. Pero con el recrudecimiento de la represión contra las manifestaciones pacíficas por parte del Ejecutivo de Ortega, la organización —que ha tratado de ejercer de freno a la deriva autoritaria del mandatario— ha recibido la crítica de algunos sectores de la sociedad que la acusan de falta de beligerancia.

La convocatoria de una huelga general era una de las principales demandas sociales a los miembros de la Alianza, como forma de presión extrema al régimen de Ortega, que enfrenta el deterioro de la economía tras casi cinco meses de crisis. Economistas consultados por este diario calculan que un día de parálisis de la actividad económica genera pérdidas cercanas a los 38 millones de dólares, además de una merma en la recaudación fiscal, uno de las principales fuentes de ingresos del Estado, que ha tenido que recortar su presupuesto por el orden de los 200 millones de dólares.

“Estamos frente a un régimen que no entiende de razones”, dice Azahalea Solís, abogada constitucionalista y uno de los rostros más visibles de la Alianza Cívica. “Aquí a las personas los raptan paramilitares, los capturan sin orden judicial, hay un enorme rosario de abusos en los que se violentan las garantías legales de los detenidos”.

Nuevas detenciones

Los nicaragüenses despiertan cada día con noticias de nuevas detenciones. Las personas apresadas son líderes del movimiento estudiantil que le planta cara a Ortega, médicos, profesores, activistas o cualquiera que haya participado activamente en las manifestaciones contra el régimen. Son detenidos por oficiales de Policía con apoyo de grupos irregulares fuertemente armados, que en Nicaragua son identificados como paramilitares por organizaciones de derechos humanos, pero que Ortega ha llamado “policía voluntaria”. Estas personas son trasladas a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas popularmente como El Chipote y denunciadas como centro de torturas y se les imputan cargos relacionados a terrorismo. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) calcula más de 400 personas han sido encarceladas en el marco de las protestas.

El joven Edwin Carcache fue apresado el martes. Forma parte del movimiento estudiantil y de la Alianza Cívica y era una de las caras más visibles de las protestas. Alentaba a los manifestantes en las marchas, megáfono en mano, gritando consignas contra el Gobierno de Ortega. Larguirucho, risueño y decidido, se le conocía por llevar siempre un sombrero con los colores de las bandera de Nicaragua. Fue uno de los estudiantes atrincherados en la Universidad Politécnica (UPOLI), una de las primeras en revelarse contra el Gobierno. Su detención conmocionó al país.

A Carcache —que fue detenido junto a otras cinco personas que más tarde fueron liberadas— las autoridades lo señalan de ser el líder de una banda “terrorista” y lo acusan por al menos ocho delitos: tenencia ilegal de armas de fuego, tentativa de homicidio e incendio en perjuicio del Estado. “Mi hijo es inocente, su único delito ha sido alzar la voz en las marchas, tomar un micrófono y denunciar a este régimen”, se reafirmaba el jueves Mercedes Dávila, madre del estudiante, en conversación con este diario.

Carcache es otro de los miembros de la Alianza Cívica apresados por el Gobierno. A inicios de julio fueron detenidos los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, que son acusados por el asesinato de cuatro policías en una lejana localidad del sur de Nicaragua. La Alianza también ha informado de amenazas de captura contra otros de sus miembros.

Por estas detenciones, consideradas ilegales, la Alianza Cívica convocó a la huelga general del viernes, que fue respaldada por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la principal cámara empresarial del país. Managua y las principales ciudades del país lucían casi vacías y sus comercios cerrados, aunque el Gobierno intentó demostrar normalidad convocando a sus simpatizantes y trabajadores del Estado a ferias de alimentos y artesanías y obligando a todas las instituciones a mantener abiertas sus puertas y la circulación del transporte público. Millones de nicaragüenses, sin embargo, se mantuvieron encerrados en sus casas a la espera de que llegara la media noche y unirse a un “cacerolazo” que diera por concluida la huelga general, la enésima medida de presión para exigir el fin del Gobierno de Ortega. El mandatario, pese a todo, se mantiene atornillado en el poder.