Sin mujeres no hay paz duradera

La resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprobada por unanimidad en el año 2000, destacó el importante papel que desempeñan las mujeres en la prevención y solución de los conflictos, así como en el mantenimiento, fomento y estabilización de la paz. Desde entonces, el Consejo ha adoptado otras ocho nuevas resoluciones [1820 (en 2008); 1888 (2009); 1889 (2009); 1960 (2010); 2106 (2013); 2122 (2013); 2242 (2015), y 2272 (2016)] para, de un lado, promover la participación de las mujeres en los procesos de paz y, de otro, protegerlas frente a la violencia sexual que afecta fundamentalmente a mujeres y niñas en escenarios bélicos. Se trata, en definitiva, de un magnífico trabajo normativo realizado bajo el convencimiento de que ignorar el papel protagonista de las mujeres durante los conflictos y, particularmente, en el posconflicto debilita la acción para promover y garantizar la paz y la seguridad internacionales.

La configuración de un marco jurídico suficientemente sólido es, sin duda, un avance significativo que debemos reconocer. Resulta, de hecho, una conquista que el Consejo de Seguridad tenga tan presente a las mujeres desde la perspectiva de actores estratégicos en la gestión y consolidación de los procesos de paz. Más claro aún, el Consejo de Seguridad reconoce, y así lo traslada a los Estados, la importancia de incorporar el enfoque mujeres como actores de paz. Todas debemos ser conscientes, sin embargo, de que la existencia del derecho no es, por sí misma, una garantía plena de su cumplimiento. La implementación efectiva de las resoluciones citadas y el desarrollo de todo su potencial transformador requiere del compromiso y la voluntad firme de los Estados.

Desde este planteamiento, resultan poco tranquilizadoras las conclusiones negativas que arrojó, en 2015, el ejercicio de evaluación encargado por el secretario general de la ONU sobre los efectos reales de la agenda Mujeres, Paz y Seguridad. En dicho informe quedó acreditado que la participación de las mujeres en la acción para prevenir, gestionar y resolver los conflictos seguía siendo muy baja, además de estar revestida de un carácter muy excepcional. Tampoco era mucho mejor el balance en relación con la protección de las mujeres y la prevención.

En estos ámbitos basta con referirse a la lacra que representa la utilización de la violencia sexual contra las mujeres y niñas como táctica de guerra. Una práctica que sigue siendo un reducto de impunidad, a pesar de algunos avances significativos como el que representó, en 2016, la primera condena impuesta por la Corte Penal Internacional en el caso Bemba. Por último, resulta particularmente inaceptable que las mujeres sigan quedando al margen de los dividendos que arroja la paz en el marco de los procesos de reconstrucción y consolidación. Se trata de incumplimientos de los compromisos de la agenda que han sido reiteradamente denunciados por la directora general de ONU-Mujeres.

Por todo ello, ya no caben más excusas para justificar la falta de compromiso efectivo con una agenda política global en materia de Mujer, Paz y Seguridad. En el caso de España, los sucesivos planes nacionales deben permitirnos liderar un posicionamiento ambicioso ante la paz y la seguridad desde un enfoque de mujeres. De hecho, como precisa uno de los objetivos de desarrollo sostenible, la igualdad entre los géneros debe percibirse como un derecho humano, y también como el sustento fundamental de un mundo pacífico, próspero y sostenible. Debe concebirse como un pilar intrínseco de la seguridad y contribuir a transformar profundamente los modos en los que se construye y reconstruye la paz.

La mujer y su acción tienen ese poder transformador del que, a menudo, carecen las palabras contenidas en resoluciones y convenios internacionales. Ellas son hacedoras de paz porque son capaces de poner en marcha dinámicas nuevas que sirven para atacar las causas profundas de los conflictos. Son las mujeres las que mejor comprenden la prioridad que se debe dar a la satisfacción de necesidades básicas para el pleno desarrollo humano. Las que entienden la importancia de la educación, las que proveen de agua y alimento a sus familias, las que asumen los cuidados, las que transmiten el conocimiento tradicional, las que cuidan de la tierra. Son las que mejor pueden apoyar las acciones de prevención y consolidación de la paz a largo plazo. Con todo, la realidad nos advierte de que, 18 años después de adoptar la resolución 1235, sigue siendo un reto para la comunidad internacional integrar de forma consistente una perspectiva de género en la prevención, gestión y resolución de conflictos.

Como ministra de Defensa asumo el desafío y me comprometo a impulsar la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad de una manera particularmente intensa con nuestras Fuerzas Armadas, en cada una de las misiones en el exterior en las que participamos. Sé que nuestra sociedad es consciente de la entrega, dedicación y confianza que inspiran nuestras Fuerzas Armadas como agentes de paz. Estoy firmemente convencida de que incorporar e interiorizar de manera efectiva el mandato de la ONU en el Programa Mujeres no solo es un imperativo jurídico que aceptamos con convencimiento, como corresponde a un Estado fiable. Nuestro compromiso va más allá y lo percibimos como un verdadero imperativo moral. Apartarse de él, no asumirlo como uno de los ejes estratégicos de nuestra acción además de inadmisible políticamente, restaría eficiencia a una gestión acertada y sostenible de la paz. Conviene no olvidarlo: no habrá paz duradera, sin mujeres.

Margarita Robles es ministra de Defensa de España