Ecuador exigirá a Correa que responda económicamente por el perjuicio millonario del ‘caso Chevron’

El Gobierno de Lenín Moreno no quiere pagar la factura de un largo y controvertido proceso judicial en el que está enredado Ecuador desde 1993 contra la petrolera Chevron por daño medioambiental en la Amazonía. Ante la posibilidad de que el país latinoamericano pueda perder un arbitraje internacional y resulte sancionado con 9.500 millones de dólares, el Ejecutivo ha anunciado que exigirá al anterior presidente, Rafael Correa, y a sus colaboradores que respondan por no haber defendido “como corresponde en derecho internacional” los intereses nacionales.

El secretario general de Presidencia, Eduardo Jurado, anunció que Ecuador ejercerá el derecho de repetición contra el exmandatario porque, además de que la defensa “no estuvo a la altura”, Correa utilizó el caso contra Chevron para ganar presencia internacional. Y lo hizo con fondos públicos a través de campañas de propaganda en el que se pagaban viajes hasta la selva amazónica a personajes reconocidos, como actores y artistas de Hollywood, bajo el eslogan de: La mano sucia de Chevron. “El afán del Gobierno anterior por tomar protagonismo internacional y por tener todos los poderes en sus manos podría llevar a un gran perjuicio económico para todo el Ecuador”, apuntó Jurado este martes en rueda de prensa.

Según el repaso del secretario presidencial, Ecuador enfrenta más de 35 procesos de arbitraje internacional que han “costado cientos de millones solo en honorarios para abogados”. Con la figura de la repetición, el Gobierno pretende reclamar a Correa un monto equivalente al que tenga que pagar el Estado ecuatoriano como sanción.

El asunto, que lleva décadas paseando por juzgados y cortes de Ecuador, EE UU, Canadá, Argentina, Brasil y otras jurisdicciones, está ahora en arbitraje internacional. La petrolera estadounidense ha tratado de frenar por este mecanismo la multa de 9.500 millones de dólares que le impuso en 2011 la Justicia ecuatoriana -y que fue ratificada este 2018 por la Corte Constitucional de Ecuador-, después de que un tribunal de Nueva York le diera la razón y declarara que aquella sentencia condenatoria fue fraudulenta. Lo que busca Chevron en este punto es obtener un laudo arbitral que endose el pago de esos 9.500 millones de dólares de la sanción a Ecuador. Hasta el momento, el gigante petrolero ha ganado todas las contiendas en sede internacional y solo ha tenido resultados adversos en la jurisdicción ecuatoriana.

La amenaza de sanción coloca a Ecuador en una situación delicada, dada la estrechez y sobreendeudamiento de su economía que está obligando a las autoridades a reducir el tamaño del Estado, eliminar subsidios y buscar nuevos mecanismos de financiación. Una sanción de 9.500 millones de dólares equivaldría a casi el 10% del PIB y torcería los planes gubernamentales de atajar el déficit fiscal en los próximos tres años.

El Gobierno también ha justificado este nuevo reclamo a Correa por el manejo de recursos públicos que se hizo durante su administración con el fin de abanderar la lucha contra la contaminación medioambiental de la Amazonía y la defensa de los pueblos indígenas. En concreto, el secretario general de Presidencia ha cuestionado el contrato “por 6,4 millones de dólares que firmó Ecuador con la empresa MCSquared para pagar a celebridades como Mia Farrow (188.000 dólares) y Danny Glover (330.000)”, con el fin de “manipular a la opinión pública nacional e internacional”. La Cancillería, entonces a cargo de uno de los más fieles al régimen correísta, Ricardo Patiño, suscribió otro contrato de 2,5 millones de dólares para pagar los viajes y las estancias de las figuras públicas que visitasen la selva y metiesen la mano en uno de los pozos de petróleo. “Pretendieron hacer creer al país que celebridades internacionales apoyaban la causa, cuando en realidad estas recibían un alto pago por su visita, con fondos públicos”, ha denunciado Jurado.