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El Ejército y la monarquía detienen la transición democrática en Tailandia

Cuatro años después del golpe, el nuevo rey consolida su poder y el país sigue sin fecha electoral

Unos tailandeses pasan por delante de un gran retrato del monarca Rama X, en julio de 2017 en Bangkok.
Unos tailandeses pasan por delante de un gran retrato del monarca Rama X, en julio de 2017 en Bangkok.Paula Bronstein (Getty Images)

El paréntesis en Tailandia se eterniza. Después de un breve periodo de unión nacional provocado por el sorprendente rescate de los trece niños atrapados en la cueva de Tham Luang, en el norte del país, la divisoria realidad ha vuelto a entrar en escena. Los militares que tomaron el poder hace cuatro años continúan retrasando la fecha de elecciones, mientras el rey Maha Vajiralongkorn, que heredó la corona tras la muerte de su influyente padre, el monarca Bhumibol Adulyadej, en octubre de 2016, da pasos más dirigidos a consolidar su poder que a favorecer la transición democrática.

“El final es incierto. Es verdad que el Ejército ha prometido que habrá elecciones, que ahora serán seguramente en mayo de 2019, pero la Junta Militar las ha pospuesto ya cuatro veces. Así que no hay garantía de que salgan adelante”, asegura Pavin Chachavalpongpun, académico tailandés de la Universidad de Tokio. Según la última hoja de ruta del Gobierno del general Prayuth Chan-ocha, los comicios podrían celebrarse entre febrero y mayo del próximo año.

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Prayuth, de 64 años, encabezó la asonada el 22 de mayo de 2014, después de seis meses de protestas callejeras contra el Gobierno democrático de la ex primera ministra Yingluck Shinawatra. Tailandia tiene una llamativa tradición golpista: el de Prayuth fue el duodécimo pronunciamiento militar desde el establecimiento de la monarquía constitucional en 1932. El hermano de Yingluck, Thaksin Shinawatra, también fue depuesto en 2006 por los militares tras gobernar durante cinco años. El país está profundamente dividido entre la Tailandia rural, partidaria del Pheu Thai de los Shinawatra —los “camisas rojas”— y los urbanitas o “camisas amarillas”, respaldados por el Ejército y la Casa Real. Tanto Thaksin como Yingluck huyeron de Tailandia para evitar las condenas de cárcel que pesan en su contra por corrupción y abuso de poder, en el caso del primero, y negligencia por un plan de subsidios al arroz en el de la segunda.

Llegado al poder apenas cuatro meses antes de su jubilación, Prayuth se presentó como salvador de la nación, sumida en unas protestas que habían dejado una treintena de muertos y centenares de heridos. El militar dio su palabra de que daría paso a elecciones en un año. Pero sus promesas cayeron en saco roto. “La preferencia del Gobierno actual es continuar en el poder sin elecciones, y solo convocarlas cuando sean necesarias debido a la infranqueable presión doméstica y externa”, subraya Thitinan Pongsudhirak, director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Bangkok.

Por la parte doméstica, esa presión ya se sintió en mayo. Con motivo del cuarto aniversario del golpe, centenares de manifestantes salieron a las calles de Bangkok para reclamar elecciones, desafiando la represión de la Junta. Un mes después, Prayuth tuvo un gesto con el electorado: su Ejecutivo emitió una propuesta para celebrar elecciones que tiene que ser firmada por el rey como máximo en septiembre. La normativa entraría en vigor tres meses después de la rúbrica, y desde entonces se estipula un plazo de 150 días para que se celebren los comicios, pudiendo aplazarse hasta mayo la cita electoral.

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La pelota parece estar oficialmente ahora en el tejado palaciego. Pero el rey, que modificó la Constitución para que le permitiera vivir en Alemania, ha dado pocas señales de querer acelerar el proceso democrático. “Ha estado demasiado ocupado consolidando su poder. De hecho, ha estrechado lazos con el Ejército para asegurarse el disfrute de prerrogativas”, afirma Pavin, refugiado en Tokio tras haber sido acusado de un delito de lesa majestad en 2014. El docente afirma que el monarca, que reina como Rama X, “utiliza el miedo y tácticas intimidatorias contra sus enemigos”. Pavin le ha acusado en el pasado de haberse valido de la draconiana ley de lesa majestad tailandesa contra exasesores o incluso su exmujer, la princesa Srirasmi, a quien dice que mantiene bajo arresto domiciliario.

Desde el pasado junio, el rey Rama X ha pasado a controlar la Oficina de Propiedades Reales, el brazo financiero de la monarquía tailandesa —con activos valorados en decenas de miles de millones de dólares—, durante décadas gestionado de forma independiente. El traspaso fue visto como una prueba concluyente del afán del nuevo rey por consolidarse. El monarca no disfruta de la misma consideración de semidiós que rodeó a la figura de su padre; muy al contrario, como príncipe su vida siempre fue objeto de controversia. Casado tres veces y padre de siete hijos, está aún lejos de ser visto como el símbolo de unidad que fue el rey Bhumibol. Casi un año después de los fastos funerarios de su padre, su ceremonia de coronación —que en principio debería ocurrir antes de los comicios— sigue sin celebrarse.

Rama X durante el funeral de su padre, en octubre de 2017 en Bangkok.
Rama X durante el funeral de su padre, en octubre de 2017 en Bangkok.LILLIAN SUWANRUMPHA (AFP/Getty Images)

Ni el Ejército ni la Casa Real parecen pues tener un interés especial en que las elecciones se celebren pronto. “Ambas partes necesitan asegurar que pueden controlar la situación política antes de llamar a las urnas”, subraya Pavin. La Junta Militar ha hecho lo posible para que así sea; una ley aprobada en 2016 impide que la Cámara Baja sea dominada por un partido mayoritario como el Pheu Thai, y los militares se han asegurado el control del Senado. El Ejecutivo de Prayuth ha consentido en los últimos meses la fundación de nuevas agrupaciones políticas, pero algunas apoyan manifiestamente al militar.

Un sombrío panorama que Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch, cree que requiere de la presión de la comunidad internacional. “Los grupos de activistas tailandeses que piden elecciones están llamados a ser detenidos y procesados, así que las peticiones de reforma democrática deben venir desde fuera”. La organización denuncia el deterioro de la situación de derechos humanos en el país, con al menos 1.800 civiles procesados en cortes militares.

Pero sin que Estados Unidos, aliado tradicional de Tailandia, haya mostrado especial interés por defender los valores democráticos en el sudeste asiático —el presidente Donald Trump recibió a Prayuth en la Casa Blanca el año pasado—, el país parece poco expuesto a presiones externas. “Si Tailandia no puede encontrar un nuevo equilibrio, caerá presa del autoritarismo de China”, advierte Thitinan. China es ya el principal socio comercial de Tailandia, por delante de EE UU.

“Lo más probable —añade el académico— es que las tensiones aumenten mientras el Gobierno militar continúe debilitando a los partidos políticos. Está en juego si Tailandia halla la fórmula para ser un reino y una democracia”.

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