“A mi hijo lo asesinaron los paramilitares de Ortega”

Josefa Esterlina Meza marchaba en Managua junto a cientos de miles de nicaragüenses el pasado 30 de mayo para homenajear a las madres de las víctimas de la represión que el presidente Daniel Ortega desató en abril, cuando comenzaron las manifestaciones que exigen el fin de su mandato. Josefa había asistido a la llamada Madre de todas las marchas junto a sus hijos y no podía imaginarse que unas horas después ella misma pasaría a formar parte de la listas de las madres enlutadas por la violencia desatada desde el Estado. Esa tarde, cuando se celebraba el Día de las Madres en Nicaragua, una bala segó la vida de Jonathan Morazán Meza, de apenas 21 años y estudiante de Diseño Gráfico. “A mí hijo lo asesinaron los paramilitares”, dice la mujer. “Fue un francotirador”, afirma mientras enseña las radiografías de Jonathan, que muestran la bala alojada en el cerebro, un disparo certero.

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Se cumple un mes de ese hecho violento que dejó decenas de muertos, conocida en Nicaragua como la Masacre del Día de las Madres, uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de un país que cumple 74 días de vivir inmerso en el terror. Desde ese día grupos irregulares armados recorren las calles de Managua y de las principales ciudades del país, imponiendo un toque de queda desde las seis de la tarde. Muy poca gente se atreve a salir y bares y restaurantes cierras sus puertas a las ocho de la tarde. Muchos padres han decidido sacar a sus hijos de Nicaragua y los que no pueden los mantienen en un estricto encierro, porque no quieren pasar por el sufrimiento que agobia a mujeres como Josefa, que desde el 30 de mayo no descansa en búsqueda de justicia.

Aquella tarde la muchedumbre avanzaba en un estado de ánimo como de fiesta, a pesar de la tragedia que enluta a este país. Miles de madres se manifestaban junto a sus hijos, los nietos a la par de sus abuelas, algunas de ellas en sillas de ruedas. Todos se sentían seguros en una manifestación sin precedentes en la historia reciente de Nicaragua, que llenaba seis kilómetros de la céntrica Carretera a Masaya, punto neurálgico de Managua. Josefa marchaba al lado de su hijo menor, mientras Jonathan se había adelanto con unos compañeros. A las cinco de la tarde retumbaron los disparos y la gente corrió despavorida. Unas 5.000 personas se refugiaron en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana, que abrió sus puertas por órdenes de su rector, José Alberto Idiáquez, mientras un grupo de jóvenes valientes formaron una “valla humana” para proteger a los manifestantes. Entre ellos estaba Jonathan. La mayoría de los muertos de aquella matanza fueron jóvenes que arriesgaron sus vidas para evitar una tragedia mayor.

“De ahí salieron un montón de muertos”, dice Josefa a EL PAÍS. “Yo corrí hacia la UCA, con mi otro hijo, y llamaba a Jonathan a su teléfono, pero no me respondía. Lo llamaba para que nos juntáramos y nos viniéramos a la casa, pero ya lo habían asesinado los paramilitares”, explica.

El relato de Josefa es desgarrador. “A mi hijo lo sacaron en moto. Eso sale en los vídeos, está clarísimo cómo lo levantaron, cómo lo cargaron para trasladarlo a una camioneta. El disparo fue directamente en el tallo cerebral, directo a matar, fue de un francotirador, porque son tiros certeros. Cuando llegó al hospital ni siquiera pudo dar su nombre. Seguí llamándolo al celular y me respondieron cuando ya estaba internado. Entonces supe que era mi hijo. Me dijeron que estaba herido y pensé que le dispararon en la pierna. Fui con su papá al hospital. Él ya estaba en coma”. El joven murió el 1 de junio. Josefa no quiso que se le practicara la autopsia. “No tengo confianza, no quiero que me digan que murió de otra cosa, como ha sucedido con los demás casos de los cientos de jóvenes que han muerto a causa de la represión del Gobierno. Sí me dieron el diagnóstico de los médicos, que establece que él murió por arma de fuego, disparo en la cabeza”, explica.

Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –que a inicios de mayo desplegó una misión en Nicaragua– afirma que de conformidad con los testimonios recibidos durante su estadía en el país se desplegaron “como otro medio de represión francotiradores respecto de los cuales había elementos para indicar un vínculo con agentes del Estado”. El informe establece que según información recibida de parte de integrantes del personal médico de hospitales públicos de Nicaragua, “se habrían atendido numerosas víctimas con impactos de bala en la cabeza, los ojos, el cuello y el tórax, así como en la espalda”. Para este organismo de la Organización de Estados Americanos, “la mecánica y trayectoria de los disparos indicarían usos arbitrarios de la fuerza letal o la existencia de ejecuciones extrajudiciales”. La CIDH presentó el 22 de junio el informe en Washington y aseguró que la violencia había dejado 212 muertos. Desde ese día la sangre ha seguido corriendo en Nicaragua.

Josefa asegura que no descansará hasta que se castigue a los culpables del asesinato de Jonathan. Al cumplirse un mes de aquella tarde trágica que la enlutó, esta mujer dice que mantendrá su empeño para evitar que los asesinatos de jóvenes queden impunes y que seguirá manifestándose hasta que el presidente Daniel Ortega deje el poder. “Todas las madres que hemos sido víctima de estas matanzas debemos pronunciarnos y denunciar ante instancias internacionales lo que ha pasado en Nicaragua. La muerte de nuestros hijos no va a ser en vano. Tenemos que continuar con esta lucha para liberar a este país de esta dictadura, así como se liberó de la dictadura de Somoza. Ahora está la dictadura orteguista, que es peor que la de Somoza”.