54 casos en un día para el juez Sandy Hom

El edificio que acoge el tribunal federal de inmigración en Manhattan es un mastodonte de 41 plantas que se alza a espaldas del Ayuntamiento. La escena en el piso 12 abruma. Cientos de personas esperan turno en los pasillos para comparecer ante uno de los 30 jueces que decidirá su futuro. La sala 23 la preside Sandy Hom. En la puerta cuelga una lista que cubre dos folios, en la que se pueden contar 54 casos.

“Si lo que buscas son niños no los vas a encontrar ahí”, indica Jennifer Reinbold, “lo hacen así para que no se puedan distinguir de los adultos”. “Quédate en la sala y espera. Todos los días hay casos de menores”, recomienda la abogada probono de KIND, siglas en inglés de la organización Niños en Necesidad de Defensa. Comenta que el sistema está saturado, “faltan manos para representarlos”.

La corte neoyorquina es la mayor del país. En total hay 350 jueces en 60 tribunales por todo EE UU. En el interior de la sala 23 no hay un hueco libre. Llega el turno de la joven latina a la que acompaña Charles Brown, de Lutheran Social Services, una organización que acoge a menores que son detenidos en la frontera cuando tratan de entrar ilegalmente en el país. El niño no suelta de la mano a su hijo, de diez años. Sentado el niño no llega con los pies al suelo. Los dos se enfrentan a una orden de deportación, por eso piden asilo.

Hom revisa rápido la documentación y fija la audiencia para noviembre de 2020. “Hasta que su situación se resuelva pueden pasar dos años más”, indica este voluntario.  Evita hablar del caso. Sí apunta que las leyes de asilo cambian, “eso complica todo”. Con la firma del juez, la madre y su hijo bajan al noveno piso para entregrar a los agentes de inmigración que el proceso sigue. En la sala de espera es imposible entrar.

El atasco en los juzgados es enorme y es un reflejo de la crisis que se vive en la frontera sur. Se calcula que hay 600.000 solicitudes de asilo pendientes de resolver por todo el país. Es un incremento del 1.700% en diez años, según el Departamento de Seguridad Nacional. Ángeles Donoso, de la organización New Sanctuary NYC, reconoce que el problema no es nuevo. Pero el ritmo con el que crece, dice, “es preocupante. La gente tiene miedo”.

Ganar tiempo

Es el caso de caso de Silvia Tapia, que lleva casi tres años batallando. Al ver que los miembros de su comunidad eran arrestados por los agentes de migración (ICE), decidió anticiparse. Nunca la detuvieron pero tiene dos hijos nacidos en EE UU que dejaría atrás si la deportaran. Sabe también que es un riesgo. Solo el 20% de los solicitantes se le garantiza el asilo. “Muchos lo piden para ganar tiempo”, comenta.

Donoso forma parte de un grupo de voluntarios que acude cada día al tribunal para asistir a los inmigrantes como Tapia. Están repartidos por las salas observando el proceso. Llevan una chapa con la insignia de la organización que les identifican. Cuando llega el turno de la persona a la que ayudan, se levantan para que el juez sepa que están ahí. “Así les hacemos ver que son parte de la comunidad”.

Tanto los abogados como los voluntarios que recorren el tribunal señalan que la decisión de separar a los niños de los padres forma parte de una táctica de intimidación. “Es una bofetada al espíritu de nuestras leyes”, lamentan. Pero al mismo tiempo consideran peligroso que se centre la atención mediática en la política de Donald Trump y se olvide lo que se hizo antes con las deportaciones exprés.

Hay varias factores que explican esta acumulación de casos, como señala Anthony Enríquez desde Catholic Charities, otra organización. Por un lado, están las entradas ilegales en el país motivadas por la violencia en Centro América. En paralelo, escalaron las detenciones. Y a todo esto se le suma el hecho de que los tribunales no cuentan ni con el personal ni con los recursos financieros suficientes para ir al ritmo.

Sensibilizar a los jueces

Los abogados de la Central American Legal Assistance señalan en este sentido que esta situación es en gran parte resultado de las decisiones adoptadas por el presidente Barack Obama. Recuerdan que muchos de sus clientes cruzaron la frontera en la oleada de 2014. La prioridad de los juzgados se centró en estos casos sin que tuvieran la capacidad de poder procesarlos debidamente.

Brown añade que muchos de los clientes a los que asisten ahora fueron arrestados durante el último año, como consecuencia de la política de tolerancia cero de la Administración que preside Donald Trump. La petición de asilo es la única opción que les queda para seguir en el país, “es nuestro trabajo que el juez entienda o, al menos, aprecie el peligro que corren si regresan a su país”.

Los inmigrantes irregulares no tienen derecho a un abogado del estado, ni si quiera siendo niños. “Muchos no pueden contratar a alguien que les represente o que les explique sus derechos”, explica otra letrada que no quiere dar su nombre, “es un gran problema”. Señala que la legislación migratoria, como la fiscal, es muy compleja, “está llena reglas y excepciones por las que hay que saber navegar”.

Incertidumbe

El cambio de política con Trump provoca, además, que un caso de asilo que era sólido hace dos o tres años, ahora puede evaporarse. “Nunca sabemos que esperar”, coinciden los abogados, que lamentan que se esté tratando a estas personas como criminales al concentrar los recursos en perseguirlos. “Se está creando la idea de que se están desmantelando las leyes de asilo”, advierten.

Donoso insiste por eso que es vital que los inmigrantes cuenten con la asistencia para tramitar las peticiones de asilo en este clima. “Les ayudamos a rellenar los documentos para que sea lo más robusta posible”, explica, “necesitan este apoyo moral para que se sientan seres humanos porque cuando alguien es perseguido por el sistema, la sensación de inseguridad es enorme”.

Ashley Tabaddor, presidenta de la National Association of Inmigration Judges, es rotunda al advertir de las consecuencias de la situación actual que se viven en los juzgados y critica con dureza la idea del Departamento de Justicia de establecer cuotas para los casos que deben ser completados cada año por cada juez para acelerar los procesos. “Esto claramente no es hacer justicia”, lamenta.