La propuesta de Salvini de censar a los gitanos ahonda la brecha con el M5S

El ministro de Interior de Italia, Matteo Salvini, sigue con la escalada xenófoba que tan buenos réditos electorales le está proporcionando en las últimas semanas. Después de comprobar cómo todas las encuestas aprobaban su gestión del caso Aquarius —cerró los puertos italianos y obligó a la nave con 629 inmigrantes rescatados a bordo a buscar otro país para desembarcar—, ha puesto en su punto de mira a otra minoría. Esta vez son los ciudadanos de etnia gitana, a quienes advirtió el lunes que está preparando un censo que permita la expulsión de Italia de todos aquellos que estén en situación irregular. Una campaña difícil de asumir por sus socios de coalición (el Movimiento 5 Estrellas), que ya ha advertido de su inconstitucionalidad.

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El anuncio que, como suele hacer Salvini, matizó luego en sus redes sociales, consiste en “hacer un reconocimiento para ver quién, cómo, cuántos son” y expulsar a aquellos que se encuentren en una situación irregular. “A los gitanos italianos, desafortunadamente, habrá que quedárselos”, lanzó con su habitual desdén. Tras una enorme oleada de críticas, que subrayan la inconstitucionalidad manifiesta de la medida, este martes volvió a reafirmar su posición en un tuit y a poner encima de la mesa un asunto que corre el riesgo de ahondar más aún la brecha con el Movimiento 5 Estrellas (M5S).

"Censo romaníes y control del dinero público gastado. Si lo propone la izquierda está bien, si lo propongo yo es RACISMO. ¡Yo no tiro la toalla y sigo! Antes los italianos y su seguridad", ha escrito Salvini este martes en su cuenta de Twitter. La realidad es que la idea, como la propuesta de expulsar a 500.000 inmigrantes que lanza recurrentemente, tampoco es un invento del momento. En el acuerdo de gobierno firmado por el Movimiento 5 Estrellas y la Liga ya se hablaba del desmantelamiento total de los campamentos de gitanos de toda Italia en los que, según sus cálculos, viven 40.000 personas. El diseño de un censo, aunque luego lo suavizara, es lo que ha roto todos los esquemas previstos. Los partidos de la oposición se lanzaron en tromba contra la propuesta. “Ayer los refugiados, hoy los romaníes, mañana pistolas para todos. Qué difícil es ser malo”, señaló el ex primer ministro Paolo Gentiloni, en un mensaje en Twitter.

Pero no solo sus adversarios políticos le censuraron. También su socio en el Gobierno, el vicepresidente y líder del M5S, Luigi Di Maio, echó el freno y le recordó que una medida de este tipo sería inconstitucional. El cambio de ritmo de los grillinos va dirigido a su electorado más a la izquierda, pero también es un intento a la desesperada de retomar la iniciativa política en el Ejecutivo. “Me alegro de que Salvini haya rectificado la hipótesis del censo de los inmigrantes. Si una cosa es inconstitucional, simplemente no se puede hacer”, lanzó en lo que empieza a parecer a un desencuentro entre los dos socios de coalición. El vicepresidente de la Cámara, Ettore Rosato, comentó: “Puedes trabajar por la seguridad y el cumplimiento de las reglas sin volverte racista. Espero que Salvini lo entienda. El censo anunciado de los gitanos es vulgar y demagógico”.

Por otro lado, aunque Bruselas haya evitado propunciarse sobre el tema, han llegado algunas advertencias. El portavoz del Ejecutivo comunitario, Alexander Winterstein, ha reiterado, al ser preguntaosobre esta cuestión en rueda de prensa, que no iba a "comentar los comentarios" de un tercero aunque ha recordado que "como norma general, no se puede expulsar a un ciudadano europeo sobre una base étnica", según establece la legislación europea. Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos, añadía: “La Comisión UE ejercerá sus competencias con las reglas de las cuales dispone. Reglas en materia económica y financiera pero también por lo relativo al Estado de derecho. Son nuestras reglas comunes y todos tienen que respetarlas”.

Salvini lanzó su anuncio del censo para los ciudadanos de etnia gitana el lunes en una entrevista a la emisora de radio italiana Telelombardia, donde confirmó que está preparando “un archivo sobre el problema de los romaníes en Italia”. Como empieza a ser habitual, nadie en el Gobierno estaba al corriente de ello.

La idea trae los ecos de las leyes raciales que promulgó Mussolini a partir de 1938. Tanto, que la comunidad judía de Italia protestó públicamente a través de su presidenta, Noemi di Segni: "No hay búsqueda de consenso, ansia de orden público que pueda justificar la inquietante propuesta de crear categorías específicas de ciudadanos y de someterlos a políticas especiales de seguridad reservadas solo para ellos". Pero la propuesta había sonado ya en en 2008, cuando Roberto Maroni (Liga) —expresidente de Lombardía y ex ministro del Interior con los gobiernos de Berlusconi— sugirió tomar las huellas dactilares a todos los niños gitanos que vivían en campos nómadas en Italia. La Unión Europea rechazó la idea, que quedó olvidada. La mayoría de ellos tiene la nacionalidad rumana y como ciudadanos de la UE no podrían ser expulsado del país.