Los intérpretes de la Eurocámara apagan los micrófonos

El conflicto entre intérpretes y Parlamento Europeo amenaza con convertir la institución en una versión contemporánea de la Torre de Babel. "La semana va a ser movida", dice por teléfono una representante sindical que prefiere mantenerse en el anonimato. Los trabajadores reaccionaron la semana pasada con una huelga al cambio en sus condiciones laborales. Aunque se limitó a determinadas franjas horarias, y solo duró entre una y dos horas, sus efectos se dejaron notar: obligó a concluir reuniones apresuradamente, llevó a la institución a fijar servicios mínimos, e incluso ha afectado al negociador comunitario del Brexit, el francés Michel Barnier. En pleno encuentro con sus compañeros del Grupo Popular Europeo, los encargados de traducir sus palabras dejaron la sala coincidiendo con la convocatoria del paro, avisado con antelación. Barnier siguió en inglés, idioma que maneja, aunque no con la misma soltura que su lengua materna, y los eurodiputados dejaron de oírle en sus respectivos idiomas. "No es lo mismo. En tu lengua siempre expresarás mejor tus pensamientos. Es un debate más pobre. Menos sofisticado", explica un intérprete.

A diferencia de la mayoría de huelgas, el choque no tiene motivaciones salariales. La reforma de las condiciones de trabajo impulsada por el secretario general de la Eurocámara, el alemán Klaus Welle, ha trastocado el modo en que hasta ahora se organizaban los empleados del sector. El tiempo máximo que puede transcurrir desde su primera reunión hasta la última se ha ampliado hasta las 12 horas. El tope de actos nocturnos a los que están obligados a asistir ha aumentado hasta los seis mensuales. Y las horas máximas en cabina han pasado de siete a ocho. Ello no significa que trabajen ocho horas diarias. A ellas hay que sumar el tiempo que dedican a mejorar idiomas y sobre todo, la preparación de los debates parlamentarios, en ocasiones de un alto nivel técnico, que requieren estudiar documentos y terminología.

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La distancia que separa a las partes no es abismal en algunos de los puntos más polémicos. Los intérpretes están dispuestos a dejar el tiempo máximo en cabina en siete horas y media, solo media hora menos de lo que les exige la nueva norma. "Para los no intérpretes es difícil imaginar cómo media hora puede hacer la diferencia, pero el estrés y el nivel de concentración que comporta este trabajo son elevadísimos. Hay estudios médicos que lo certifican. No se podría mantener la calidad del servicio", afirma una fuente de las negociaciones. La condición de funcionarios de muchos de ellos hace que eviten dar sus nombres, dado que las normas les impiden hablar con los medios. La huelga ha avivado el temor a represalias. "Hay presiones contra colegas. El otro día un jefe de unidad se despidió diciendo que habría consecuencias", afirman fuentes sindicales.

El estado natural de la Unión Europea es el debate y la negociación. En todos sus grados. Del diálogo cordial con que suelen saldarse los encuentros entre mandatarios que acaban de conocerse, a la bulliciosa algarada de algunos plenos parlamentarios. La agenda de reuniones, comisiones, audiciones, cumbres y demás formatos, públicos y privados, es extensísima. En una misma jornada puede discutirse por la mañana el futuro de las centrales nucleares y por la tarde el de las ayudas agrícolas. Puede ser así porque a unos metros, tras el cristal de una cabina, un ejército de intérpretes traduce en voz alta ideas, conceptos y términos técnicos en tiempo real a los 24 idiomas oficiales de la UE. Son 269 funcionarios —18 españoles— y alrededor de 1.500 freelances —unos 100 españoles—. El funcionamiento del servicio no se entiende sin estos autónomos, que cubren en torno al 54% de las horas de trabajo. 

Pocos entienden los motivos de Welle, miembro de la CDU, el partido de Angela Merkel, para llevar a cabo el ajuste. Le acusan de gestionar el Parlamento de forma autoritaria, por decreto y sin ceder en la negociación, imponiendo servicios mínimos abusivos que socavan el derecho a la huelga y obviando los recortes pasados. En los últimos años han dejado de cubrirse las jubilaciones de intérpretes, lo que ha supuesto un importante ahorro económico —en 2002 su número era muy superior: había 350 funcionarios para solo 11 idiomas—. Pero el vaso del descontento ha acabado por rebosar. "Hace falta más personal. Contratan pocos freelances, y al resto nos quieren quitar reposo. Tiene que haber conciliación. Dos tercios son mujeres, entre ellas madres solteras. Algunas están pensando irse", lamentan fuentes sindicales.

Especialmente delicada es la situación de los que trabajan por cuenta propia, que se han sumado a la huelga igual que los funcionarios. En ciertos casos no se les compensa por el trabajo nocturno. Y a veces son un recurso de urgencia, al que se dirigen a última hora sin dar margen para que preparen la reunión. "Que te contraten el día antes o el mismo día introduce una precarización", denuncian los autónomos. 

Desde el pasado 5 de junio, al iniciar su trabajo en cabina, tanto funcionarios como independientes leen un comunicado para dar a conocer su situación. Informan de a qué hora se acabará su trabajo —lo que impide que las reuniones se alarguen más allá de los horarios establecidos—, y advierten de que la calidad del servicio está amenazada. Verdes, Socialistas e Izquierda Unitaria Europea ya les han respaldado públicamente. Pese a que la huelga apenas ha arrancado, las consecuencias son palpables y pueden ir a más: una eurodiputada socialista italiana se quejó de que sus derechos no se respetaban porque no conseguía seguir un debate ni intervenir en él al no tener el nivel suficiente de inglés.

En medio de ese ambiente enrarecido, la desmotivación es patente. Y los agravios comparativos salen a relucir: en la ONU, la otra gran institución multilingüe, el límite en cabina es de seis horas. Si no hay rectificación por parte de Welle, los trabajadores están dispuestos a ampliar las huelgas en el servicio de interpretación con más combinaciones lingüísticas del mundo. "Asumimos que hay que hacer más con menos dinero. Pero hay un límite. Si decimos que sí a todo hay un riesgo para la salud y la calidad", aseguran.