La economía, contra Erdogan

Todas las encuestas reflejan que la principal preocupación de los turcos es la economía. Según la empresa demoscópica PIAR, el 65% de la población cree que evoluciona “negativamente”, mientras solo un 20% considera que “va bien”. Los buenos números de crecimiento no se reflejan en los hogares, que empiezan a notar estrecheces, pues la alta inflación se come toda ganancia y diezma los ahorros. Los últimos datos, de abril, indican que los precios al consumidor se incrementaron un 11% en el último año y que el índice de precios de producción subió un 16%.

Una de los culpables es la depreciación de la lira, que acumula pérdidas de en torno al 20% de su valor respecto al euro y dólar (las principales monedas en que Turquía realiza sus transacciones comerciales con el exterior). Cualquier importación sale más cara que antes, empezando por el petróleo —cuyo precio, además, se ha incrementado internacionalmente— y si aumenta el precio del combustible, aumentan todos los demás. “Los productores, aunque sean locales, ya calculan sus precios teniendo en cuenta el dólar, pero la Administración te paga un precio fijo en liras, así que tienes que tener en cuenta las cotizaciones para no perder mucho dinero”, se queja un pequeño empresario en declaraciones a EL PAÍS.

Aquellas empresas que en momentos de bonanza pidieron préstamos en moneda extranjera ven una pesadilla tras cada nueva caída de la divisa nacional. No en vano, el 80% de las deudas del sector privado turco con el extranjero (248.000 millones de dólares) están denominadas en euros o dólares, lo que ha llevado a gigantes de la economía turca como Yildiz y Dogus a negociar con los bancos la reestructuración de sus créditos.

Durante las semanas previas a las elecciones la lira ha continuado su irremisible proceso de depreciación. No solo porque el escenario de una eventual victoria de la dispar coalición opositora lleve al país al territorio de lo desconocido tras 15 años de gobierno islamista, sino porque un nuevo triunfo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan no presenta un horizonte más halagüeño. En los días siguientes a la publicación de una entrevista concedida por Erdogan a la agencia de noticias económicas Bloomberg el pasado 15 de mayo, la lira perdió más del 10%. La razón: el mandatario islamista dijo que, "por mucho que a algunos les moleste”, si vence tendrá un papel más influyente en la política monetaria, hasta ahora en manos de un Banco Central teóricamente independiente. Las palabras de Erdogan le salieron caras a los turcos y, para poner coto a la sangría de la lira, el Banco Central hubo de intervenir de urgencia elevando un 3% los tipos de interés, pese a la postura contraria del presidente.

Erdogan está empeñado desde hace años en rebajar los tipos de interés, en una cruzada movida tanto por su fe islamista —el Corán los rechaza— como por puro interés político: su modelo de crecimiento en esta década se ha centrado en impulsar el consumo interno y la construcción, un sector que necesita intereses bajos que permitan a los ciudadanos obtener hipotecas a un menor coste.

Una subida de intereses podría pinchar la creciente burbuja inmobiliaria en ciudades como Estambul —más ahora que la cifra de compraventa de viviendas está en su nivel más bajo del último lustro—, poniendo en serios aprietos a las empresas constructoras que tanto han ayudado a Erdogan y a su partido; acabando con miles de empleos relacionados con la construcción y disparando la morosidad de los ciudadanos ahogados en deudas hipotecarias y, sobre todo, de sus tarjetas de crédito. Por ello, Erdogan afirma que los altos intereses son “la madre de todos los males”, pese a que desde expertos a inversores internacionales le recomiendan una subida significativa de tipos que permita atajar la alta inflación y evitar la fuga de capitales en busca de rendimientos más sólidos y mercados más estables.

Pero el presidente turco quiere estar a misa y repicando: intervenir a su manera en la economía y a la vez prometer a los mercados que respeta las reglas del juego del neoliberalismo, porque también necesita que los inversores envíen su dinero a Turquía para cerrar el hueco que provoca su déficit por cuenta corriente (55.400 millones de dólares, uno de los más altos del mundo en términos absolutos). Algo que en los últimos dos años ha provocado que las agencias de rating redujeran la calificación crediticia de Turquía varios peldaños por debajo del bono basura.

Los círculos gubernamentales han tratado de explicar esta rápida involución económica como una “conspiración” de los enemigos de Turquía, “envidiosos” porque el país se esté transformando en una potencia global. El control de los medios de comunicación que ejerce el Gobierno ha permitido que esta visión se extienda. Según la empresa de análisis A&G, “hasta el 60% de los electores piensa que los vaivenes de la economía se deben a intervenciones externas”.

Pero la debilidad de la lira no se explica solo por movimientos especulativos —que los hay— o por la presión de los mercados internacionales, sino también porque la propia población turca vuelve a perder confianza en su propia moneda, como en la década de 1990 cuando se ahorraba en marcos alemanes. Actualmente, más del 43% de los depósitos bancarios en Turquía son en divisa extranjera, una cifra que no ha parado de aumentar en los últimos años. Y en paralelo a la dolarización, se ha incrementado la compra de oro que la gente almacena en sus casas a modo de ahorro, privando así de liquidez a los circuitos financieros.

Para contrarrestar el negativo sentimiento económico, el Gobierno ha anunciado un importante paquete de ayudas por valor de unos 5.000 millones de euros. Unos días antes de los comicios, los 12 millones de pensionistas de Turquía recibirán un cheque de 1.000 liras (190 euros) como nueva paga extra y verán aumentada la ya existente en otras 500 liras. Además, se ha aprobado una amnistía fiscal para fomentar el retorno de capitales, se condonarán las deudas con la Seguridad Social de millones de ciudadanos y se legalizarán, por un módico precio, miles de asentamientos ilegales. La oposición tampoco se ha quedado corta y ha prometido subir un 30% el salario mínimo, y entre el 50 y el 100% las pensiones, sin pararse a pensar que el déficit se está incrementando muy por encima de lo presupuestado. La resaca económica de las elecciones, por tanto, promete ser dura.