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El caleidoscopio electoral colombiano: paz, corrupción y economía

Las preocupaciones de los colombianos indican los cambios que ha experimentado el país

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Se ha escuchado a varios analistas decir que esta campaña que acaba no ha contado con un hilo conductor claro, que carece de relato. Quizá eso sea lo crucial, precisamente: la ausencia de un solo tema. Colombia se enfrenta a sus primeras elecciones libre del conflicto con las FARC. Al mismo tiempo, un nuevo sistema de partidos que nació con el giro de Santos a su entonces padrino Álvaro Uribe se va consolidando poco a poco. Actores progresistas, conservadores, tradicionales, nuevos pelean por un espacio en este reparto. Todo ello convierte a las presidenciales de 2018 en algo parecido a un caleidoscopio en constante movimiento que le pone las cosas difíciles a quienes aspiran a explicarlo todo con una imagen simple. Pero al menos dos candidatos sí lo han logrado: son, precisamente, quienes lideran las encuestas y las apuestas.

Para desentrañar cómo lo han hecho lo primero es establecer un punto de partida. Escojamos, por ejemplo, una lista sencilla que nos resuma todo aquello que decíamos que le toca al votante meter en una urna: la lista de las principales preocupaciones de los colombianos.

El voto complejo

El voto es uno de los ejercicios más complejos a los que se puede enfrentar una persona, pues consiste en introducir en un sobre primero, y en una urna después, todo lo que pensamos sobre una variedad casi infinita de temas. Se trata de una compresión casi sobrehumana de preocupaciones y anhelos, enfados y esperanzas. Pocas veces una elección va de una sola cosa. Ni siquiera cuando se supone que debería ser así: en el ya célebre plebiscito por los acuerdos de paz con las FARC de 2016, las cuestiones sociales, económicas y hasta la querencia o aversión por el presidente Santos se coló en la urna.

Seguridad y orden público, economía y poder adquisitivo, corrupción. Estos tres asuntos se han repartido el top de preocupaciones en los últimos tiempos. Pero lo han hecho en proporciones bien distintas: la cuestión de la seguridad alcanzó su cenit a mediados de 2015, pero en 2016 la opinión pública pareció entrar en ese ‘momento caleidoscopio’ en el que la atención estaba bien repartida. Finalmente, la corrupción ha acabado por convertirse en el asunto que ha preocupado a más colombianos durante el último año.

Corrupción, sin soluciones claras. Cabe poca duda de que el aumento paulatino de escándalos (con Odebrecht a la cabeza), sumado a la mayor atención que los medios parecen dedicarle al tema, ha impulsado la preocupación sobre el mismo. La evaluación de la población colombiana ha sido decididamente negativa durante todo el periodo Santos II, en curva incluso ascendente.  

Tres tipos de discurso han desarrollado los candidatos para luchar contra la corrupción: (1) hay políticos buenos y políticos malos, y es necesario acabar con los segundos; (2) hace falta crear instituciones más sólidas con los incentivos adecuados para investigar a los corruptos; (3) la única manera de terminar con la corrupción es emprendiendo un cambio estructural contra el establecimiento. De todos, el segundo es el que lo tiene más difícil para calar en una campaña dada su complejidad. Pero la dicotomía buenos-malos, así como la idea de un vuelco de 180 grados, sí sirven como partes de un relato. De hecho, a Petro le ha servido perfectamente el segundo como hilo del que empezar a tirar: el hilo del establishment.

Paz, seguridad y orden público: el paraguas donde todo cabe. En el otro lado del espectro, las dimensiones de conflicto armado, inseguridad cotidiana y narcotráfico suelen trenzarse con particular intensidad en el lado de la contienda que se identifica más con el ‘no’ en el plebiscito de 2016, o con el voto uribista al candidato derrotado Oscar Iván Zuluaga en la segunda vuelta de las presidenciales de 2014.

Es la aparente falta de inseguridad lo que genera más consenso entre la ciudadanía. Curioso, cuanto menos, toda vez que las tendencias en las cifras ‘duras’ (por ejemplo, la tasa de homicidios) ha ido en la dirección contraria: hacia abajo. Con la situación en torno a “la guerrilla” (genérico que usa Gallup y que incluye cualquier tipo de grupo que pueda entrar bajo ese epíteto) ha estado más dividida, siguiendo en parte el ritmo del proceso de paz con las FARC: mejoró la percepción hasta finales de 2016, y desde ahí se revirtió la tendencia. Más o menos por esas fechas se consolidó también la visión pesimista sobre el problema del narcotráfico.

La consecuencia de todo esto para las posiciones de la ciudadanía sobre aspectos concretos de política pública son bien llamativas. Si ampliamos el foco temporal hasta 2006, en plena batalla del entonces presidente Uribe contra unas FARC bien activas, parece que la paulatina y relativa pacificación de la vida cotidiana ha llevado a los colombianos a ser menos tolerantes con la cesión de libertades a cambio de seguridad. En los últimos seis años, el país parece dividirse en dos mitades en este dilema crucial.

A cambio, la antigua (exigua) mayoría favorable a sacrificios en justicia para lograr la paz se ha volteado, y ahora los colombianos que no están dispuestos a tal cesión ganan a los que sí. Ya lo hacían cuando se celebró el plebiscito, y desde entonces la brecha no ha hecho sino ampliarse. Pero si la ciudadanía se ha vuelto más exigente con sus libertades y con la justicia, también ha ido recortando espacio a la compensación hacia las víctimas con origen en sus impuestos. Posiblemente, porque espera que de ésta se haga cargo el propio victimario, en lugar del conjunto de la población.

Cabe recordar al mismo tiempo que, según los datos de Cifras & Conceptos, tanto el proceso con las FARC como (sobre todo) las negociaciones con el ELN cuentan con más detractores que partidarios.

Todo esto no es sino otro hilo del que tirar, pero en este caso para la campaña de Duque: el más obvio, el de la seguridad, la paz y las estrategias percibidas o vestidas como 'blanda' contra cualquier tipo de violencia en general: podría decirse que al menos la mitad más uno de los colombianos se mantiene en el escepticismo hacia todo lo que no sea una posición dura al respecto.

Economía: un despegue que no llega a todos. Pese a unas previsiones macroeconómicas relativamente benignas, una gran mayoría de colombianos considera que la economía en general, pero también aspectos más concretos como el desempleo y la lucha contra la pobreza, están empeorando.

A la hora de abordar las soluciones, Colombia manda mensajes mixtos. Hasta un 80% piensa que el Estado debería hacer más para reducir las desigualdades. Pero es fácil que mucha gente se muestre de acuerdo con una afirmación que no pone ante sí el coste de la medida. Los recientes datos de Cifras & Conceptos sí lo hace, e indican que no hay una mayoría favorable a la inversión en educación si a cambio toca pagar más impuestos. Al mismo tiempo sí la hay (y en crecimiento, al menos aparentemente) para la apertura comercial y financiera del país.

Si algo queda claro a la luz de estos datos es que aunque una plataforma pro-redistributiva podría llegar a levantar el vuelo, el margen para hacerlo mediante subidas de impuestos e inversión en igualdad de oportunidades no parece muy amplio. Además, aunque el espacio proteccionista es todavía amplio, parece que en los últimos tiempos se está reduciendo.

La polarización negativa

Al final, las posiciones en cuestiones materiales de los dos candidatos que dominan en las encuestas han quedado más determinadas por lo que han dicho de ellos sus enemigos. Así, Petro ha quedado encuadrado en la izquierda expropiadora cuando él y sus asesores insisten en el concepto de “nuevo progresismo” para acercarse a la moderación. Y a Duque se le ha colocado en la defensa a ultranza de empresarios, caciques y terratenientes cuando su perfil intenta acercarse más al de un tecnócrata centrista. En el medio, y en el tercer lugar, Fajardo lo ha dado todo por la educación (un concepto que, al menos en el plano de la inversión por impuestos, hemos visto que no apela a mayorías). Pero ni por ellos, ni tampoco por la bandera de la eficiencia y la ejecución de Vargas, o por la insistencia en la igualdad en desarrollo territorial de De La Calle (contar con la “Colombia profunda”, como dice él), la economía ha afirmado una presencia nítida en el debate.

No es sorprendente por tanto que la economía se haya mantenido en campaña de manera más bien oblicua, entrando finalmente a través de un heurístico bien claro y comprensible para todos los colombianos: Venezuela.

El riesgo de convertirse en el país vecino tiene un fuerte componente económico: pobreza, inflación, hambre, emigración. Pero también político-institucional, y por supuesto de seguridad. Venezuela se ha convertido, pues, en una especie de etiqueta para todo lo malo empleada por la mitad derecha del espectro.

La respuesta del otro extremo se hizo esperar, pero fue clara: Colombia ya es Colombia y no debe temer convertirse en Venezuela porque ya cuenta con su desigualdad, su hambre, su corrupción, sus desplazamientos forzosos, su violencia propia.

Poco importa si ambos relatos son certeros o exagerados: es imposible comprobarlo porque uno se basa en futuribles y el otro en variables imprecisas. La cuestión es que funcionan porque resumen en dos historias comprensibles y de gran coherencia interna (la externa es otro cantar) los principales problemas que preocupan a la ciudadanía. Les ponen incluso culpables: de un lado, la izquierda heredera de un Santos que les dio las llaves del palacio y del país; del otro, la oligarquía establecida que urde un complot contra el pueblo llano justo cuando éste encuentra a su líder. Lo atan todo en dos paquetes lo suficientemente compactos como para que quepan en el sobre, y después en la urna.

Así es como el caleidoscopio se convierte en voto.

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