El salario mínimo entra en campaña y enfrenta a los candidatos a la presidencia de México

Los candidatos con más opciones de convertirse en el próximo presidente de México, a la vista de todos los sondeos publicados hasta la fecha, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, prometen una amplia enmienda sobre algunas de las principales políticas económicas aplicadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto: salario mínimo, inversión pública y, en el caso del primero, también la liberalización del precio de la gasolina.

El candidato de Morena, el PT y el PES propuso el lunes equiparar los salarios mexicanos con los de Estados Unidos. En el caso del salario mínimo, en la práctica, supondría multiplicar por 12 el nivel actual, al pasar de 60 centavos de dólar por hora a 7,25 dólares (el mínimo federal en la primera potencia mundial). A corto plazo -en enero de 2019, apenas un mes después de que el próximo presidente de México asuma el cargo-, López Obrador sugiere que duplicaría el salario mínimo en toda la franja fronteriza.

Más información

Vidas bajo mínimos en la Ciudad de México

“Hay que subir el salario mínimo en México; no tendrá impacto sobre la inflación”

Un centenar de organizaciones y académicos exigen un aumento “urgente” del salario mínimo en México

El salario mínimo en México condena a la pobreza

En la misma línea, aunque de forma más comedida, el cabeza de cartel de Por México al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) prometió este jueves emparentar el salario mínimo con el coste mínimo de vida en México de forma inmediata y duplicarlo para el final de su mandato, en caso de alzarse con la presidencia. El tercer candidato en liza, el ex secretario (ministro) de Hacienda José Antonio Meade (PRI), no se ha posicionado aún públicamente al respecto. En cambio, su principal asesor económico, Luis Madrazo, critica en declaraciones a EL PAÍS las propuestas de sus oponentes, que tacha de "ocurrencias", y subraya que la línea que seguirá el candidato priista en caso de victoria será tratar de "eliminar el rezago" de esta variable a través de "incrementos sostenibles" ligados a la productividad, "que no pongan en riesgo a la economía y las finanzas públicas mexicanas".

En diciembre pasado, el Gobierno mexicano elevó el salario mínimo de 80 a 88 pesos diarios (de 4,4 a 4,8 dólares al tipo de cambio actual). Ese incremento del 10% suponía que los sueldos más bajos de México subían por encima de la inflación —del 6% en aquel momento, del 5% hoy—, pero los mantenía aún por debajo del umbral de la pobreza —casi 100 pesos diarios—, contraviniendo así la Constitución mexicana. En términos reales —ajustados por el poder adquisitivo—, el sueldo mínimo mexicano es el tercero más bajo de América Latina y sigue notablemente por debajo del nivel previo al tequilazo, la crisis económica que asoló México a mediados de la década de los noventa.

El bajo salario mínimo es una buena muestra de lo que ocurre en el resto del mercado laboral mexicano, en el que la contención salarial ha sido la nota predominante en las últimas décadas. Esa presión a la baja de las retribuciones ha sido especialmente evidente en el sector manufacturero, hasta el punto de que un obrero mexicano medio cobra hoy menos que sus pares en China. También ha impedido robustecer el mercado interno, que muchos economistas ven como un buen instrumento para reducir la dependencia del sector exterior.

El debate en torno al salario mínimo en México divide a quienes ven inaceptable que México, uno de los países más ricos de América Latina, tenga uno de los suelos salariales más bajos de la región, y quienes temen que un drástico incremento en este rubro lleve a un repunte de la inflación -contra la que el Banco de México libra hoy una lucha sin tregua tras el fuerte incremento registrado el año pasado- y provoque un aumento en cascada en toda la escala salarial -el llamado efecto faro, que varios estudios académicos han negado en el caso de México y de otras economías industrializadas siempre y cuando las subidas sean progresivas-. Incluso entre los empresarios hay discrepancias: mientras una de las mayores patronales del país, la Coparmex, se ha alineado con el primer grupo –“es inaplazable cambiar el paradigma salarial”, decía su presidente en una reciente entrevista con este diario—, el Consejo Coordinador Empresarial ha optado por la máxima cautela en los incrementos, en línea con el Ejecutivo priista. El Banco de México también ha sido una de las instituciones más beligerantes contra cualquier aumento que supere la productividad por temor a alimentar el mayor de sus fantasmas: una espiral inflacionista.

López Obrador promete la congelación del precio de la gasolina

El esfuerzo de la oposición por marcar distancias con el PRI no se circunscribe únicamente al salario mínimo. Los equipos de campaña de ambos candidatos opositores han abogado por un incremento en la inversión pública, que tras los recortes aplicados en los últimos años en las cuentas públicas ha quedado en su nivel más bajo en décadas. El principal asesor económico de Anaya, Salomón Chertorivski, prometió esta semana elevar ese rubro del 2,7% del PIB actual al 5%, lo que redundaría -siempre según sus cálculos- en un impulso de 1,5 puntos porcentuales sobre el PIB mexicano.

López Obrador también ha prometido la congelación del precio de la gasolina y una reducción en los precios de los carburantes, el gas y la electricidad en dos años, una vez entren en vigor las nuevas refinerías que se ha comprometido a construir. “Vamos a producir en México las gasolinas y vamos a tener energía eléctrica suficiente, y gas. Todos los combustibles. Vamos a bajar los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, ese es el compromiso que vamos a convertir en realidad”, dijo el candidato de Morena en declaraciones recogidas por varios diarios mexicanos. Apenas un día después, el economista jefe del banco británico Barclays para América Latina, Marco Oviedo, ha criticado, en respuesta a preguntas de Bloomberg, la promesa de López Obrador: “Sería negativa en varios aspectos, incrementaría la vulnerabilidad de las finanzas públicas y pondría en riesgo la estabilidad de rating”, subraya en referencia al necesario retorno a los subsidios para que los precios se mantengan estables.

El político tabasqueño ha prometido revisar la reforma energética, una de las banderas del Ejecutivo de Peña Nieto que ha recibido el aplauso unánime del FMI y la OCDE. A lo largo de este sexenio el Gobierno mexicano ha liberalizado casi totalmente el precio de la gasolina, eliminado los subsidios y permitido la entrada de nuevos actores en el mercado de comercialización minorista de carburantes para competir con la petrolera estatal, Pemex. Esas medidas provocaron un súbito aumento de precios y su fluctuación posterior en base a la cotización del crudo en los mercados internacionales, desatando el descontento social con el Ejecutivo de Peña Nieto, al que pertenecía el hoy candidato Meade. La medida elevó la inflación en México, pero también redujo el gasto público y eliminó un tipo de subsidio particularmente regresivo: los mayores consumidores de gasolina son los ciudadanos de mayor renta, que se pueden permitir un coche.