Al fin, la internacionalización catalana

La justicia y la policía están consiguiendo en pocas semanas lo que no habían conseguido la diplomacia y la política en seis años. El conflicto catalán, encapsulado al menos desde 2012 como una disputa interna, se ha proyectado internacionalmente en cuanto se ha trasladado al territorio de la seguridad del Estado y del Código Penal, como ha sucedido a partir del 1 de octubre pasado, con la celebración de un referéndum de autodeterminación fuera del marco constitucional español y la posterior proclamación de una república catalana que ni siquiera llegó a reunir a sus órganos o a producir un simple decreto.

Mucho les ha costado a los dirigentes independentistas que los Gobiernos europeos se ocuparan de sus reivindicaciones. Pero cuando lo han hecho no ha sido para solidarizarse con ellas, o al menos para mostrarse comprensivos, sino para enfrentarse a la incómoda gestión de las órdenes de detención o euroórdenes y para ofrecer explicaciones a las demandas de sus opiniones públicas.

Un buen puñado de los argumentos utilizados en el debate interno español aparece ya como preguntas de ámbito europeo, con resonancias en las instituciones, especialmente en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y, en el futuro, en el Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa. ¿Se trata de presos políticos que debieran quedar fuera del ámbito de la euroorden? ¿Son ciudadanos que han infringido el código penal en algunos de sus artículos más graves y más severamente penalizados, o se trata simplemente de un problema de libertades políticas? ¿Hay que reconocer a los dirigentes huidos el carácter de exiliados o aspirantes al asilo político que reivindican?

Una de las muchas paradojas de los planes secesionistas es que la internacionalización ha triunfado precisamente después de su fracaso más absoluto, significado por la negativa de los Estados y las organizaciones internacionales ni siquiera a mostrar su comprensión hacia el derecho a decidir, la autodeterminación y especialmente la declaración unilateral de independencia. A pesar de las generosas inversiones de dinero público, la diplomacia secesionista del Diplocat no consiguió apenas atención en estos seis años, sobre todo si se compara con el efecto del más mínimo movimiento de Puigdemont desde su huida a Bruselas.

Hemos pasado, sobre el papel, de los pacíficos y tranquilos modelos escocés y quebequés al violento y etnicista modelo balcánico

La internacionalización ha sido una obsesión desde el momento mismo en que arrancó el procés en 2012. Sus ingenieros imaginaron la intervención de la comunidad internacional, de Naciones Unidas o de la Unión Europea en sucesivas fases de una hoja de ruta tan aireada como poco implementada, tal como recogieron en el informe número 4 del Libro Blanco sobre la Transición Nacional, dirigido por el jurista y exvicepresidente del Tribunal Constitucional español Carles Viver Pi-Sunyer.

Bajo el título de ‘Internacionalización de la consulta y del proceso de autodeterminación de Cataluña’, se proponen, primero, “justificar el proceso ante los actores internacionales (Estados, instituciones y organizaciones, actores no estatales y medios de comunicación extranjeros)” y, luego, “establecer una política de comunicación con aquellos actores tanto para explicar el proceso político de autodeterminación que se desarrolla en Cataluña como para preparar el estadio del reconocimiento de Cataluña como Estado independiente”.

Atendiendo estrictamente a los objetivos, la internacionalización ha sido un fracaso de justificación y de explicación, al menos hasta el 1 de octubre, e incluso más allá, concretamente el 27 de octubre, con la proclamación de una república que no fue saludada por ni un solo actor internacional. También han fracasado todos los intentos de encontrar algún tipo de mediación internacional de urgencia, como intentó Puigdemont entre el 1-O y la declaración unilateral del 27-O. Ha entrado en juego, en cambio, otra internacionalización mucho más eficaz y también más radical, a partir de las imágenes de la represión policial del 1-O, el mayor éxito propagandístico del procés en toda su historia, solo superado por el encarcelamiento de los exconsejeros y, sobre todo, la detención en Alemania del presidente destituido.

Si hasta ahora se reivindicaba la secesión como parte de los derechos democráticos, en los que los secesionistas incluyen el reconocimiento de la autodeterminación, a partir de ahora se reivindica la necesidad de la secesión como instrumento para remediar la supuesta opresión del Estado español, entendido como potencia exterior ocupante. Hemos pasado, sobre el papel, de los pacíficos y tranquilos modelos escocés y quebequés al violento y etnicista modelo balcánico (independencias de Eslovenia y Kosovo).

En el momento en que vulnera la legalidad, el secesionismo colisiona con el concepto de la UE como espacio donde rige el derecho

La clave de esta internacionalización es el principio de desobediencia impuesto por la CUP en sus acuerdos para la investidura de Puigdemont, el 10 de enero de 2016, reiterado después en la votación de confianza, el 30 de septiembre del mismo año. Cuando Artur Mas dirigía el proceso, el objetivo era apurar los márgenes legales, incluso a riesgo de traspasarlos, como sucedió con la consulta del 9-N de 2014, pero con el propósito de terminar en una negociación. En el momento en que se declara la insumisión al Tribunal Constitucional y se manifiesta la disposición permanente a vulnerar la legalidad, el proceso secesionista entra en colisión con el propio concepto de la Unión Europea como espacio donde rige el derecho y la jerarquía de las leyes.

La secesión catalana pretende sobre el papel construir un Estado propio separado del Estado español, pero en los hechos se propone un ejercicio político tanto o más peligroso, consistente en poner a prueba los límites del Estado y de la UE como construcción estable y original de soberanías compartidas por parte de Estados posnacionales que ya no recurren a la coerción para asegurar la cohesión interna. La aparente sorpresa de los dirigentes secesionistas sobre el uso legal de la fuerza el día 1 de octubre y el desistimiento de Puigdemont a poner en marcha la república, según sus palabras para evitar el derramamiento de sangre, demuestran este juego en el límite con la esencia definitoria del Estado moderno, que tan bien expresó Max Weber con la idea del “monopolio legítimo de la fuerza”.

La internacionalización del primer intento de secesión que se produce dentro del territorio de los tratados de la UE afecta, por supuesto, a la euroorden y a la cooperación policial y judicial, pero todavía afecta más al propio carácter de sus Estados. También a la posibilidad de una separación unilateral y fuera de la legalidad por parte de una de sus regiones, que se dispone a cruzar este umbral sin tomar directamente las armas, puesto que se organiza mediante una movilización callejera y un control del territorio más propios de las guerras híbridas o de las ciberguerras que de las movilizaciones políticas clásicas.

El proyecto secesionista puede encontrar simpatías en los extremos del arco político europeo, tanto en la ultraderecha soberanista como en la extrema izquierda antisistema. Pero afecta a la propia idea de la UE, conjunto de instituciones multilaterales pensadas para resolver los litigios mediante el diálogo y la cooperación en sustitución de los viejos métodos de la confrontación y de la guerra. Si el método europeo ha servido para superar la enemistad histórica entre alemanes y franceses, ¿cómo no tendría que servir para resolver el litigio de los catalanes dentro de España?