El Gobierno de Estados Unidos quiere descubrir inmigrantes en la encuesta del censo

El próximo censo de Estados Unidos debe realizarse en 2020 y la preparación del cuestionario está prácticamente terminada. Sin embargo, el Gobierno llevaba meses planteando la posibilidad de incluir la pregunta sobre ciudadanía, como un aspecto más en su estrategia antiinmigración. Esa pregunta se hizo entre 1850 y 1950 pero no se ha hecho después.

El Departamento de Comercio justifica la inclusión de la pregunta como un método de reforzar el derecho de voto de las minorías, ya que dará una idea de cuánta gente es ciudadana y por tanto tiene derecho al voto. Comercio, la pregunta se parecerás a la que se hace en otra encuesta, anual y más pequeña, llamada American Community Service. En esa encuesta se pregunta si la persona es ciudadano de EE UU por nacimiento o por naturalización, o no es ciudadano. Pero no se pregunta por su estatus migratorio.

Sin embargo, en un país con millones de inmigrantes irregulares, la pregunta puede provocar la inhibición de muchas respuestas, incluso de inmigrantes legales con dudas sobre la utilización de estos datos. En Estados Unidos hay 44 millones de personas nacidas fuera del país. De ellas, la mitad son ciudadanos naturalizados. De los que no son ciudadanos, la mitad tiene estatus legal y la mitad (unos 11 millones de personas), no, según estimaciones. Los lugares donde se concentran esos inmigrantes temen salir perdiendo si no se les cuenta en el censo y se reduce su estimación de población oficial.

El temor se produce en el contexto de una ofensiva contra la inmigración como no se había visto en décadas. Rompiendo con los criterios anteriores, el Gobierno ha dejado claro que todos los inmigrantes indocumentados del país son objetivo de deportación, independientemente de si tienen antecedentes. También es política oficial reducir la inmigración legal. En este contexto, los inmigrantes tienden a evitar todo contacto con las Administraciones Públicas, como han denunciado los departamentos de policía de las grandes ciudades.

El lunes por la noche, el Estado de California presentó una denuncia en la jurisdicción federal donde pide que se prohíba al Gobierno de forma cautelar incluir esa pregunta en el censo. La pregunta recuerda que la Constitución exige que se haga un “recuento real” de la población del país, sin excepciones basadas en el estatus migratorio. La denuncia afirma que la pregunta va a reprimir las respuestas de los inmigrantes.

California sufriría especialmente si esto se produjera. La denuncia recuerda que el estado, con 39 millones de habitantes, tiene más habitantes nacidos en el extranjero (10 millones) que cualquier otro. La mitad, cinco millones, no son ciudadanos. Se calcula, además, que la mitad de esos no tienen papeles (una cuarta partes de todos los irregulares de Estados Unidos vive en California). También es el estado donde hay más ciudadanos norteamericanos que viven con al menos un familiar indocumentados. “Contar de menos el considerable número de extranjeros en California y sus familiares ciudadanos pone en peligro el reparto justo de escaños en el Congreso y en el Colegio Electoral y costará al estado miles de millones de dólares en fondos federales en la próxima década”, advierte la denuncia.

“El tamaño de la clase de tu hijo. Los fondos de Seguridad Nacional para tu comunidad. La preparación para desastres naturales. Recursos para autopistas y transporte público. Sanidad y servicios de urgencias”. Así empezaba una tribuna publicada el mismo lunes en el San Francisco Chronicle por el fiscal general de California, Xavier Becerra, y el secretario electoral del Estado, Alex Padilla, para advertir del tipo de servicios públicos que se puede ver afectado si de pronto California pierde millones de habitantes en el censo federal.

No solo eso, según la denuncia, la inhibición provocada por esta pregunta "puede hacer que California pierda escaños en el Congreso por primera vez en la historia". California tiene 53 congresistas, el 12% de la Cámara de Representantes. Solo 14 de ellos son republicanos. 

El martes por la mañana, el Estado de Nueva York, el segundo con más inmigrantes del país, anunció que presentaría una denuncia firmada por varios estados con el mismo objetivo de bloquear la pregunta. El fiscal general del Estado, Eric Schneiderman dijo que preguntar por la ciudadanía “creará un entorno de miedo y desconfianza en las comunidades de inmigrantes que haría imposible tanto un censo preciso como la distribución justa de los impuestos federales”.