Argentina trata de frenar la deforestación con una explotación maderera controlada
El Ministerio de Ambiente pone en marcha proyectos piloto de apoyo a las comunidades locales para frenar el avance de la frontera agrícola y ganadera
Camiones cargados con troncos de quebrachos blancos y colorados atraviesan a todas horas la carretera de tierra que une San José de Boquerón y Monte Quemado, en el norte de Argentina. Cerca del 40% procede de la tala ilegal. Santiago del Estero es la provincia argentina con más bosques, 7,7 millones de hectáreas, la mitad de su territorio. Pero están amenazados por la tala clandestina y el desmonte para uso agrícola y ganadero. Cada año esta región pierde más de 20.000 hectáreas forestales (una superfície equivalente a diez ciudades de Buenos Aires) pese a que una ley argentina obliga a proteger los bosques desde 2007. Las autoridades buscan soluciones para frenarlo y en los últimos meses han puesto en marcha proyectos piloto contra la deforestación que incluyen el control de la explotación maderera, la introducción de ganadería sin destruir el monte y el respaldo a las comunidades rurales.
"Antes talábamos mal. Talábamos todo lo que venía", asegura Carlos Heinzen frente a humeantes hornos de ladrillo en los que se hace carbón. "El bosque se recupera, pero tarda muchos años. Tenemos que cuidarlo para que las siguientes generaciones también vivan de él", opina. Un sistema de registro forestal puesto en marcha el año pasado otorga cupos a cada productor y garantiza la trazabilidad de la madera que llega a Monte Quemado, pero hay todavía muchos sacheros, transportistas y aserraderos que no lo usan.
Alrededor de mil familias dependen del carbón en la zona. "Se gana poco, pero otra cosa no tenemos", lamenta Heinzen, nacido en la vecina provincia de Salta, mientras dos de sus trabajadores levantan las pesadas ramas de quebracho y las introducen una a una en un horno, hasta llenarlo. Después se tapían las puertas, se introduce fuego por el ojo superior y se deja que las llamas consuman la madera durante cerca de 20 días. Completado el proceso, el carbón también se saca de forma manual. Es un trabajo insalubre, con graves consecuencias para la columna y el sistema respiratorio, por el que se paga unos 14.000 pesos al mes (700 dólares).
Monte Quemado es una cuenca forestal estratégica por ser de las mejor conservadas de Santiago del Estero. Las imágenes por satélite muestran una superficie arbórea casi ininterrumpida de dos millones de hectáreas. Pero al sur, al este y al oeste la situación cambia y se aprecia el daño hecho por las máquinas. El bosque queda reducido a estrechos renglones verdes intercalados entre grandes extensiones de cultivos de soja, maíz o campos de pasto para las vacas.
La conservación del bosque no es incompatible con una ganadería sostenible, destaca el Ministerio de Ambiente. Esta cartera otorga beneficios económicos a quienes lo ponen en práctica e invitó a EL PAÍS a ver iniciativas pioneras. A diferencia del desmonte, realizado con dos topadoras a las que se les enganchan cadenas y arrasan todo lo que está a su paso, el manejo integral supone preservar gran parte de los árboles pero eliminar arbustos que crecen bajo ellos para plantar pasto.
A finales del verano austral, el aire es seco y terroso y los termómetros rozan los 40 grados. En enero y febrero superan a veces los 50. "Acá no va la visión pampeana del desmonte. Sin árboles que den sombra, el ganado se muere de calor, la pastura sufre por las altas temperaturas y hay una rápida pérdida de materia orgánica", explica Marcelo Navall, director del INTA de Santiago del Estero, en las tierras de Víctor Tévez, uno de los primeros criadores ganaderos en cambiar. "Con el método pampeano a los cinco o seis años comienza a bajar la productividad", agrega Navall.
El problema es que los pequeños productores desconocen este sistema y los grandes empresarios tienen suficiente con un lustro para obtener un buen rendimiento, antes de buscar nuevas tierras fértiles. A lo largo de la carretera que conecta la capital provincial con el norte se ven campos desmontados donde los pocos quebrachos y algarrobos que las máquinas dejaron en pie fueron calcinados después de forma intencional. En otros casos, una cortina arbórea impide ver los cultivos que hay por detrás.
Vigilancia por satélite
La tecnología satelital delata a los infractores, pero los escasos guardabosques que cubren un territorio inmenso y las influencias políticas y judiciales de algunos actores facilitan que se vulnere la ley. Hace sólo diez días, Greenpeace, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) y otras organizaciones denunciaron el desmonte de 500 hectáreas de bosques protegidos por parte de una firma propiedad de un familiar del ministro de Finanzas, Luis Caputo. La Dirección de Bosques provincial autorizó la operación.
La deforestación provoca también la expulsión de las familias que habitan estos montes impenetrables, llenos de arbustos espinosos y coronados por los quebrachos, de hasta 25 metros de altura. "Las comunidades se sienten parte de estos bosques y hablamos también de los animales y plantas que viven en él y de los animales domésticos que crían. Uno ve que donde todavía hay bosques, no sólo en Santiago, sino en toda Argentina, hay comunidades campesinas; donde no hay bosques, no hay comunidades", dice el hermano Rodrigo Castells, asentado hace tres años en la parroquia de San José de Boquerón. Los habitantes de la vecina comunidad de Nueva Yuchán, en los márgenes del río Salado, confirman esa relación simbiótica. Del bosque obtienen leña, caza, frutos, miel, medicinas, fibras para tejer y tinturas naturales, entre otros.
Con un crédito de 58,7 millones de dólares del Banco Mundial y 2,5 del Gobierno argentino, la cartera de Ambiente promueve los planes integrales comunitarios (PIC) para fortalecer a las comunidades del norte del país. El objetivo es encontrar soluciones que "mejoren sus condiciones de vida y los recursos que obtienen del bosque y a la vez asegurar que el bosque sigue existiendo no a expensas de la calidad de la vida de la gente sino de forma más integrada", dice el secretario de Política ambiental, Diego Moreno.
En Nueva Yuchán financiaron la construcción de un techo colector de agua, la necesidad más acuciante. Hasta entonces, bidones, ollas, cuencos y cualquier recipiente servían para almacenar la preciada lluvia en estas tierras áridas. Acaba de llegar la electricidad y reciben capacitación para tener colmenas y cosechar semillas de algarrobo. En un futuro, les gustaría poner en pie un centro de ecoturismo.
Cabras, ovejas, gallinas y pavos se mueven a su antojo por la comunidad Rio de la Plata, situada a unos 10 kilómetros de Monte Quemado y centro de otro de los PIC. Sus habitantes se lamentan del abandono estatal y de la práctica recurrente de aparecer sólo antes de las elecciones. Sufren escasez de agua, no tienen luz eléctrica y un difícil acceso a la educación secundaria y la asistencia médica. Su economía es de subsistencia, basada en la madera y la ganadería.
"Los árboles se deberían dejar. Nos dan sombra, comida, leña... Sin monte no podemos vivir", dice Lucía Juárez, una de sus integrantes. Como sus hijos, sueña con una vida mejor, pero sin abandonar estas tierras.
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