Londongrado, el talón de Aquiles de Putin

Si quería hacer daño, Theresa May no tenía que mirar muy lejos. A solo 450 metros de su residencia en Downing Street, en el número 4 de Whitehall Court, se encuentran los dos pisos que el vice primer ministro ruso Igor Shuvalov adquirió, escudado tras opacas empresas interpuestas, por 11,4 millones de libras, cien veces su salario anual. Podía haber mirado también a Mayfair, Belgravia o Highgate, exclusivos vecindarios donde se levantan las mansiones de esa ciudad paralela que se conoce como Londongrado. Los activistas llevan años denunciando que Londres se ha convertido en el patio de recreo de la élite rusa con vínculos al régimen de Putin.

En medio de la mayor crisis entre Moscú y Londres desde la Guerra Fría, el patrimonio de la oligarquía rusa en suelo británico es el talón de Aquiles de Putin. La riqueza de la élite rusa que lo sustenta se blanquea y guarda aquí, ayudada por un entramado local de abogados, agencias de relaciones públicas, inmobiliarias y contables a su servicio.

Pero cuando el miércoles May anunció en el Parlamento las represalias tras el ataque contra el espía Serguéi Skripal y su hija, que el Gobierno británico atribuye a Moscú, hubo una llamativa omisión. Expulsará a 23 diplomáticos. Reforzará ciertos controles fronterizos. No enviará dignatarios al Mundial de fútbol. Pero ninguna medida concreta para atacar el patrimonio en Londres de los oligarcas rusos vinculados al Kremlin.

“Hubo dos vagas menciones, para satisfacer a los activistas como yo, pero ningún plan específico”, explica Roman Borisovich, exfinanciero ruso y activista anticorrupción. “Las medidas que anunció pertenecen a la trasnochada gama de juegos de guerra diplomáticos. Un teatro que hoy no es efectivo. La expulsión de 23 diplomáticos es propia de la Guerra Fría, tenía sentido cuando eran los únicos soviéticos en suelo británico. Pero ahora hay más de 100.000 rusos en el país. Mientras 23 espías hacen las maletas para regresar, 23 oligarcas las hacen para venir. Es contraproducente porque ofrece a Putin la excusa para decirse insultado, y le da pie a proseguir con la política de gestos. Sin medidas duras, la elite rusa resulta envalentonada. Sienten que de verdad son los propietarios de Reino Unido”.

Cada año se blanquean en Reino Unido cerca de 100.000 millones de euros, cantidad equivalente a la mitad del PIB de Portugal, según cifras de la Agencia Nacional contra el Crimen. Sobre ese capital opaco se levantaron los cimientos de Londongrado, cuya influencia creció con inversiones en medios de comunicación, equipos de fútbol y donaciones al Partido Conservador.

May cuenta con instrumentos para actuar. Las nuevas “órdenes de riqueza inexplicada” permiten dirigirse contra individuos cuyo patrimonio no guarda proporción con sus ingresos, obligándoles a aportar información que de otra manera sería difícil de obtener. El Gobierno ha anunciado, además, su disposición a promover una versión británica de la estadounidense ley Magnitski, que permite congelar el patrimonio de violadores de derechos humanos.

Recibe su nombre del abogado Serguéi Magnitski, supuestamente torturado hasta su muerte en una prisión rusa, después de destapar un multimillonario escándalo de corrupción del Kremlin. Magnitski estaba trabajando para el financiero estadounidense Bill Browder, que fue el mayor inversor extranjero en Rusia y hoy, perseguido por Putin, es uno de los mayores activistas globales contra su régimen.

“Reino Unido es el lugar más importante para los oligarcas rusos corruptos, el centro global de lavado de su dinero y su reputación. Eso da una enorme ventaja a May para reaccionar ante el ataque”, explica Browder a EL PAÍS. “Podría congelar los bienes de violadores de derechos humanos. Tenemos que recordar que los oligarcas rusos son los que gestionan el propio dinero de Putin. Reino Unido ha sido débil y permisivo con la delincuencia rusa. Este es un momento decisivo para cambiar de actitud”.

Pero las investigaciones son costosas, y muchos activistas echaron de menos un respaldo de May. “Podría haber anunciado más recursos”, opina Naomi Hirst, de la ONG Global Witness. “Las fuerzas de seguridad tienen las herramientas, pero no cuentan con los recursos para perseguir estos delitos. Lleva mucho tiempo y dinero, y necesitas respaldo político. May ha perdido la oportunidad de ofrecer apoyo a quienes llevan a cabo ese trabajo”.

Otra medida que los activistas reclaman es acelerar la legislación, prometida por David Cameron en 2016, para impedir la compra de inmuebles a compañías opacas. Hay cerca de 86.000 propiedades en Reino Unido en manos de empresas que no revelan quién está detrás.

La razón por la que la legislación se ha retrasado, según Hirst, es el Brexit. “La respuesta oficial es que el Brexit obliga a una enorme tarea legislativa y no hay posibilidad de sacar adelante ahora esa legislación”, explica. “La no oficial es que el Gobierno teme promover algo que ponga en peligro la inversión extranjera. No quiere mandar señales de que será difícil invertir en Reino Unido tras el Brexit”.

Borisovich apunta a medidas aún más drásticas, como revocar las licencias bancarias o excluir de la Bolsa de Londres a compañías públicas rusas. Cuestiona el “mito” de que Reino Unido necesita el flujo de rublos. “Existe la impresión de que hay una dependencia económica del dinero ruso, pero yo no la comparto”, asegura. “Lo que hay que pedir es que alguien aporte ese cálculo. La compañía británica BP [propietaria de un 20% del gigante petrolero ruso Rosneft] es un asunto aparte. Pero hacer depender la seguridad del país de una compañía petrolera es delicado. Hablamos de la reacción a lo que están calificando de acto de guerra. Si no se actúa donde de verdad importa, los oligarcas rusos seguirán teniendo a Reino Unido en el anzuelo”.