Las autoridades rusas arrebatan tierras y viviendas a los habitantes de Crimea

Tras la euforia y las esperanzas que los habitantes de Crimea depositaron en Vladímir Putin y el “retorno” a la “patria rusa”, en la península ucrania del mar Negro anexionada en 2014 se vive otra historia de decepcionantes sorpresas y hasta saqueos a gran escala. Entre los entusiastas de la primavera rusa se extiende cada vez más la sensación de estar en un callejón sin salida, solos ante los líderes de un Estado que no respetan sus propias leyes y dejan a los peninsulares a merced de sus codiciosos mandatarios locales.

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Un día de finales de febrero una veintena de personas se agolpaban frente a la priomnaia (oficina de atención al público) de Putin en el centro de Moscú. Habían venido de Crimea animados por las palabras del responsable de prensa de la campaña electoral del presidente. La priomnaia, dijo Andréi Kondrashov, estaba abierta para escuchar y resolver los problemas de los ciudadanos.

Los visitantes llegados desde el mar Negro tenían una preocupación común: las autoridades de la península, dividida en dos sujetos administrativos (la República de Crimea y Sebastopol) les estaban arrebatando los bienes inmobiliarios que ellos compraron de buena fe, tanto antes como después de la anexión. A la sensación de injusticia, añadían la sensación de desconcierto, pues no entendían cómo los jueces, en todos los casos y circunstancias, fallaban siempre en contra suya.

Tras apropiarse de Crimea, Rusia promulgó una ley de rango constitucional por la que se reconocen los documentos y certificados de propiedad expedidos por Ucrania. En la práctica, no obstante, las autoridades locales cuestionan esos documentos, los rechazan e incluso planean invalidarlos, si Serguéi Axiónov, hoy jefe de la república de Crimea, se sale con la suya. Axiónov ha pedido al viceprimer ministro ruso, Dmitri Kosak, una modificación de la ley para que sean ilegalizados los derechos de propiedad inmobiliaria registrados en época de Ucrania, según el diario Kommersant. El 4 de mayo de 2017, el mismo presidente Putin dio orden al gobierno ruso de elaborar un conjunto de medidas para crear una zona natural especial protegida en los bosques de Laspi, un entorno privilegiado en las costas del sudeste de Sebastopol. Es obvio que las urbanizaciones y dachas ya construidas en aquellos parajes por los pequeños propietarios individuales, tanto en época ucrania como rusa, dificultan estos fines.

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En la Administración de Sebastopol han decidido “bucear” en las transacciones realizadas bajo la Administración ucrania. Su conclusión es que una buena parte de los terrenos deben ser confiscados porque se adjudicaron de forma irregular, ya sea porque las tierras no fueron entregadas por la autoridad pertinente, porque el procedimiento no fue el adecuado o porque los documentos estuvieran “falsificados”.Las decisiones de los jueces no tienen en cuenta la ley constitucional, ni el tiempo transcurrido desde las transacciones, ni los derechos del comprador de buena fe. Tampoco contemplan compensación material a los expoliados.

Alexandr Stánev, un marinero que estableció en Sochi tras una agitada vida, decidió mudarse a Crimea en 2014 y se compró un solar en Laspi y otro en la bahía de Kazachia, también cercana a Sebastopol. Stánev recibió los documentos de propiedad, pero antes poder erigir los cimientos de una casa en Laspi, apareció la policía y le acuso de haber talado ilegalmente el bosque de su parcela. Poco después, el juez declaró que en época ucrania su parcela había sido ilegalmente vendida, porque no pertenecía a la municipalidad de Sebastopol, sino a la Administración forestal. De nada le valió a Stánev invocar la ley constitucional sobre “la incorporación en la Federación Rusa de la república Crimea” aprobada el 21 de marzo de 2014. Según esta ley, todos los certificados de propiedad expedidos por Ucrania son válidos de forma indefinida y no necesitan confirmación por parte de los órganos estatales de la Federación rusa. A Stáner también le quitaron su segundo terreno, en la bahía Kazachia, en una zona que en el pasado perteneció al Ejército Soviético, para dárselo a una unidad militar rusa. Ahora Stáner cree ser víctima de una conspiración y que los funcionarios de Sebastopol están al servicio de Ucrania.

En la zona de Laspi, los afectados se cuentan por centenares, pero en toda la península son varios miles. Tan solo en Sebastopol en 2017 las autoridades municipales han cursado 3.800 demandas de confiscación de terrenos a ciudadanos que los recibieron antes de la anexión. La cifra figura en una carta que el gobernador de Sebastopol, Dmitri Ovsiánnikov, envió al fiscal de la ciudad Igor Shevchenko y a otros dirigentes locales, según el diario Nóvaia Gazeta.

Lenur Usmánov, un político y etnólogo de Sebastopol, ha calculado que la confiscación podría afectar a 10.000 parcelas. A esto hay que añadir los problemas de los tártaros que se instalaron en tierras vacías cuando regresaron de su exilio en Asia Central a partir de los años ochenta del pasado siglo. Ucrania legalizaba sus tierras lenta y dificultosamente. Ahora, se las quitan. “Con Ucrania, a la gente le daban tierra y con la llegada de Rusia, se han apropiado de todo y echan a la gente a la calle”, afirmaba Vasvi Abduraínov, líder de una organización tártara leal a Rusia.

A Svetlana Protsenko, le explicaron en la oficina de atención al público del presidente que el jefe del Estado no puede inmiscuirse en decisiones judiciales, ni siquiera en un caso como el de esta mujer a la que en Sebastopol exigen que derribe su casa. En 2014 Svetlana se mudó con su familia desde Nizhni Nóvgorod, en Rusia, a Sebastopol, donde, con préstamos y ahorros, compró una casa a un ucranio que abandonaba la península. En mayo de 2016, Svetlana recibió los documentos de propiedad de la casa con su terreno, pero un mes después la convocaron a juicio. Las autoridades municipales solicitaron el derribo de la construcción, alegando que era ilegal por tener “cuatro pisos y estar formada por muchos apartamentos”. Los papeles estaban en regla, la casa registrada y todos los documentos—los ucranios y los rusos—  en orden, pero el Departamento de Propiedad y Asuntos de tierras (DIZO) del municipio, había escrito, sin comprobarlo, que la casa tenia cuatro plantas y concluido que estaba dividida en varios apartamentos debido a los diferentes apellidos de los miembros de la familia.

Tras muchos esfuerzos Svetlana consiguió que se reconociera que la casa tenía tres plantas y que en ella vivía una sola familia. El proceso duró nueve meses y, aunque los jueces le dieron inicialmente la razón, el gobierno de Sebastopol recurrió y acabó ganando la partida en el Tribunal Supremo. El derribo corre por cuenta de Svetlana. “Los habitantes de Sebastopol querían a este país como niños y ahora son como niños desilusionados”, afirma la mujer. “Nosotros, los que hemos vivido toda nuestra vida en Rusia ya estamos acostumbrados a que en este país las cosas son más duras que en Ucrania, pero ellos no entienden por qué les tratan así. Sebastopol es posiblemente la única ciudad rusa que está dispuesta a votar en masa por Putin”.

Natalia Zhestovskaia, residente de las afueras de Moscú, compró un terreno en Laspi en 2013 de acuerdo con la legislación ucrania ante notario y con toda la documentación reglamentaria. Fue un gran sacrificio para ella y su marido, padres de una hija enferma necesitada de un cambio de clima. En 2016, la familia se construyó una pequeña casa y en 2017 se enteró casualmente de que el DIZO de Sebastopol había incoado contra ella un proceso semejante a los que ya había incoado contra sus vecinos, propietarios de terrenos en la zona desde 2009. El municipio alegaba que el reparto original de los terrenos donde estaban situadas sus parcelas había sido ilegal, por tratarse de una zona de nueve hectáreas cuya venta requería el permiso del Consejo de Ministros de Ucrania, y no de la asamblea legislativa de Sebastopol.

Aunque el DIZO no puede documentar su acusación, los jueces aceptan sus argumentos. Cuando la familia Zhestovski compró su solar regía el catastro ucranio y un plan general de 2005 que califica la zona donde está su solar como de “recreo”. En el proyecto de nuevo plan general para 2018 la misma zona es calificada de “bosque especialmente protegido”. “Los guardabosques pasean junto a nuestra casa y, no quiera Dios que arranquemos una mata. En cambio, a 800 metros de distancia, se acaban de construir junto al mar, enormes bloques de pisos”, dice. Los bloques, iniciados en época ucrania, pertenecen a la empresa Paragon, cuyo propietario es Pavel Lébedev, que fue ministro de Defensa de Ucrania y que tras la anexión se ha metamorfoseado en uno de los más importantes empresarios inmobiliarios de la isla.