Policías y manifestantes se enfrentan en otro foco de protestas en Marruecos
El Gobierno había prohibido una sentada este miércoles en el municipio de Yerada, alzado contra la pobreza, después de tolerarlas durante más de tres meses
Al Gobierno de Marruecos le está creciendo entre las manos otra Alhucemas, otro foco de protestas que no atina a apaciguar. En este caso se trata del municipio minero de Yerada (40.000 habitantes), próximo a la frontera con Argelia, situado a 60 kilómetros al sur de Uchda, en el noreste de Marruecos, a seis horas en coche desde Rabat. Después de tres meses de protestas pacíficas en su gran mayoría, las autoridades provinciales prohibieron este martes las manifestaciones. Decenas de jóvenes decidieron rebelarse contra esa decisión y organizaron una sentada el miércoles en la superficie de varios pozos mineros. La policía trató de disolverla y el resultado fueron varias horas de enfrentamientos, tras los cuales fueron detenidas al menos nueve personas.
La versión de los hechos difiere completamente entre la policía y los activistas. Un comunicado de la prefectura de Yerada asegura que “elementos encapuchados” lanzaron piedras contra los agentes, que se vieron “obligados a intervenir (…). Entre las fuerzas de seguridad se han registrado heridas, “algunas graves”, así como el incendio de cinco vehículos patrulla.
Por su parte, Mohamed Elouali, miembro en Yerada de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), indicó a este diario: “La violencia la inició la policía. Los jóvenes se sentaron de forma pacífica y los agentes comenzaron a lanzar gases lacrimógenos. Eso ocurrió a la una de la tarde. Los enfrentamientos duraron hasta las cinco de la tarde. La policía dice que detuvo a nueve personas, pero yo diría que han sido entre 20 y 30 los detenidos. Y hace varias semanas detuvieron a cuatro activistas que aún continúan en prisión”.
Las primeras manifestaciones en Yerada comenzaron el 22 de diciembre tras la muerte de dos hermanos mineros, de 22 y 30 años, que trabajaban en un yacimiento de carbón clandestino. Pedían alternativas económicas para sobrevivir tras el cierre de las minas en 1998 y una reducción en las facturas de agua y electricidad. El jueves 1 de enero falleció otro minero de 31 años. Y las protestas volvieron a subir de tono.
El Gobierno ha prometido varias acciones para combatir el desempleo en la zona, pero la mayor parte de los activistas se muestran muy escépticos. “Hasta ahora solo ha habido promesas”, señala Elouali. “No se ha emprendido ni una sola medida sobre el terreno”.
La comarca de Yerada sufrió una oleada de emigración tras el cierre de las minas de carbón en 1998. Los mineros que decidieron quedarse en el pueblo venden a empresarios locales el carbón que extraen sin las mínimas medidas de seguridad.
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