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El superministerio chino que todo lo juzga

El Legislativo ha dado a luz verde a una nueva y poderosa entidad política, la Comisión Nacional de Supervisión, que podrá vigilar a todos los empleados públicos, desde médicos a periodistas

La reforma constitucional que ha aprobado este domingo la Asamblea Nacional Popular, el Legislativo chino, también ha dado a luz una nueva y poderosa entidad política, la Comisión Nacional de Supervisión. Un nuevo superministerio que centraliza, expande y convierte en perenne la campaña contra la corrupción que ha caracterizado el mandato de Xi Jinping. El nuevo organismo aumentará los poderes de vigilancia de Pekín sobre los funcionarios y empleados del Estado, desde médicos y profesores hasta altos cargos en Ministerios o periodistas de medios públicos.

Sesión de la Asamblea Nacional Popular en Pekín este domingo.
Sesión de la Asamblea Nacional Popular en Pekín este domingo. Getty Images

La Comisión se fusionará con la actual Comisión Central para la Inspección de la Disciplina (CCID), el órgano policial del Partido Comunista que ya ha castigado, desde que Xi ordenó el comienzo de la campaña anticorrupción, a 1,5 millones de funcionarios miembros del Partido, incluidos 35 miembros del Comité Central.

Ambas entidades compartirán oficinas y personal. Pero el alcance del nuevo organismo será mayor. A diferencia de la CCID, cuyas competencias se limitan a los funcionarios del Partido, tendrá jurisdicción para investigar a todo aquel que ocupe un puesto público, según el proyecto de ley que regulará este organismo y que la Asamblea aprobará esta semana, lo que ampliará el poder de Xi para actuar contra posibles enemigos políticos.

Este órgano será muy poderoso. Jerárquicamente, se encontrará al mismo nivel que el Tribunal Supremo o la Fiscalía —solo por debajo del Ejecutivo y la Comisión Militar Central—, y tendrá poderes de investigación y detención de sospechosos.

Según recuerda la consultora Trivium, la medida tiene un aspecto positivo. El mayor número de inspecciones “debería llevar a una mejor aplicación de las directrices del Gobierno central. Los funcionarios de la comisión vigilarán que se aplique la política del Gobierno y posibles comportamientos corruptos”, señala en una nota.

Pero esos amplios poderes, denuncian sus críticos, pueden generar graves abusos. El proyecto de ley que ha circulado prevé un sistema de detención, o liuzhi, ajeno al Derecho penal chino y similar al procedimiento conocido como shuanggui que se había venido aplicando a los miembros del Partido sospechosos de corrupción. Este liuzhi permite que un sospechoso pueda permanecer incomunicado hasta un máximo de seis meses. El proyecto de ley no deja claro que en esos casos se vaya a garantizar el acceso a un abogado. Además, en determinadas circunstancias, no es obligatorio informar a la familia del detenido en un máximo de 24 horas, como estipula la ley ordinaria.

Desde la propia CCID ya se reconoce que el número de investigaciones y de detenciones bajo ese sistema se va a multiplicar. El vicepresidente de la CCID, Yang Xiaodu, ha declarado al periódico South China Morning Post que tanto esta comisión como sus delegaciones locales “van a ver incrementado su personal en un 10%” tras la fusión. “Los objetivos se han incrementado en un 200%, así que basándonos en nuestra experiencia sabemos que va a ser un trabajo tremendo”.

Un segundo funcionario de la CCID, Wang Lishan, de la provincia de Hubei, declaró también a ese diario de Hong Kong que en su departamento local ha aumentado en un tercio el número y el tamaño de las celdas de detención.

Otra área de preocupación es la transparencia con la que funcione la nueva Comisión, y la contribución del organismo a difuminar las barreras entre partido y Estado. Según apuntan Matthias Stepan y Sabine Muscat en el blog de MERICS, un think tank alemán especializado en China, la comisión supone “probablemente el paso más drástico hacia la fusión de funciones del partido y el Estado. Este nuevo organismo, que pretende institucionalizar la campaña de Xi contra la corrupción, fundirá el liderazgo y las funciones de la CCID con los órganos supervisores del Estado”.

Los detenidos serán sometidos a los procedimientos legales de esta nueva comisión, no a los de los tribunales civiles, apuntan.

"Esto es un gran paso atrás con respecto a lo que décadas de reformas institucionales en China han logrado. China aún está muy lejos de un Estado con separación de poderes y una Justicia independiente, pero la claridad legal ha mejorado en los últimos años”, sostienen Stepan y Muscat. “Esto queda barrido en el actual proceso de coordinación política, en el que el Partido engulle el derecho y el Estado, y en el que la rendición de cuentas se elimina del sistema”.

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