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Devuelven su trabajo a un profesor purgado en Turquía... meses después de haber muerto

El maestro, acusado de estar involucrado en la trama del golpe de Estado de 2016, falleció bajo custodia policial, víctima de las torturas según sus allegados

Golpe de Estado en Turquía
Manifestantes participan en una protesta contra el fallido golpe de Estado en Turquía, en julio de 2016. EFE

Gökhan Açikkollu vuelve a ser oficialmente un profesor. El Estado turco le ha retornado su estatus de funcionario y podría regresar a las clases. Pero no lo hará. Lleva más de año y medio muerto.

Este maestro de 42 años fue una de las víctimas de las inmensas purgas que han tenido lugar en Turquía desde que el 15 de julio de 2016 una facción del Ejército turco se levantase contra el Gobierno: 248 personas fallecieron tratando de parar a los golpistas y más de 2.000 resultaron heridas. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, prometió que “no habrá piedad con los traidores” y golpistas, ni siquiera con los simples simpatizantes de la cofradía religiosa a la que se acusa de instigar la sublevación castrense: el movimiento político-religioso de Fethullah Gülen, un imán exiliado en Estados Unidos que dirige una vasta comunidad de seguidores en Turquía y en todo el mundo.

Según la Policía, Açikkollu era parte de la cofradía gülenista, una organización que antaño disfrutaba del apoyo de Erdogan, lo que le permitió medrar y colocar a miles de sus discípulos en la Administración, especialmente en los ministerios de Educación e Interior. Así que ocho días después del fallido golpe de estado, el maestro fue detenido. Y el Ministerio de Educación lo purgó de su plantilla y lo despojó de su estatus de funcionario.

Permaneció casi dos semanas bajo custodia policial (el estado de emergencia vigente en Turquía ha incrementado de 4 a 30 los días que un detenido puede ser interrogado por los agentes antes de comparecer ante el juez). Según un informe preparado por la Fundación para los Derechos Humanos de Turquía, el mismo Açikkolu explicó a los médicos que rutinariamente lo examinaban que recibía continuos tortazos y puñetazos de los policías y que se le negaba acceso a la medicación para la diabetes. Sufrió ataques de pánico y entró en coma en dos ocasiones, aunque lograron reanimarlo. Al decimotercer día no aguantó más: un ataque al corazón lo fulminó y en el hospital nada pudieron hacer por salvarlo.

No importaba. En esa efervescencia nacionalista que siguió a la asonada militar, con los partidarios de Erdogan movilizados en calles y plazas para defender al Gobierno democráticamente electo, Açikkollu era un traidor. Es más, la Dirección de Asuntos Religiosos, de la que dependen todos los imanes del país, se negó a darle musulmana sepultura. Se propuso incluso enterrarlo en un cementerio creado exclusivamente para “traidores”.

El juicio contra Açikkonlu y otros sospechosos continuó. De acuerdo con la investigación policial, el maestro mantenía contactos con miembros de la comunidad gülenista y utilizaba una aplicación de chat encriptado llamada ByLock usada por los seguidores de Gülen para comunicarse entre sí. Recientemente, la Fiscalía de la República ha reconocido que no se puede considerar ByLock prueba de “pertenencia a la organización terrorista FETÖ” (como se denomina ahora a los gülenistas en Turquía) ya que se ha descubierto que en muchos casos la aplicación se había descargado en miles de teléfonos sin el conocimiento de sus usuarios, por lo que ha ordenado revisar los procesos judiciales contra 11.480 personas y desestimarlos en su caso.

La decisión sobre Açikkonlu, que se ha conocido esta semana, llegó el pasado mes. La justicia decidió sobreseer su caso por falta de pruebas, y por tanto el Ministerio de Educación también anuló su decisión de purgarlo y le retornó la plaza, según informó la institución a la mujer del profesor en un comunicado. Un representante del Ministerio, con todo, afirmó que la razón de esta medida no es que Açikkolu fuera inocente (“mantenía comunicación con FETÖ”, alegó) sino que, al fallecer, no se pudo proceder con la investigación judicial, de ahí que se anulase también la decisión ministerial.

Desde el fallido intento golpista, más de 169.000 personas han sido procesadas por los tribunales turcos, de las que más de 50.000 se encuentran en prisión. En total, han sido purgados 125.294 empleados de las administraciones estatales y municipales mediante decretos gubernamentales y sin que los afectados tengan la posibilidad de recurrir ante los tribunales; el número de purgados llegó a ser superior, pero algunos han recuperado su condición de funcionarios tras ser revisada su situación por una comisión creada exprofeso pero cuyos trabajos avanzan con extrema lentitud. Dado que parejas, hijos y familiares de los purgados e investigados también son habitualmente castigados, por ejemplo, siendo despedidos de sus empleos en el sector privado o perdiendo el derecho a becas y ayudas, Senal Sarihan, diputada del partido opositor CHP, considera que la represión posterior al golpe ha supuesto “la muerte civil de más de un millón de personas”.

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