Los policías de Chihuahua: entre las carencias y el acoso del crimen

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In English: The Mexican towns where even the police fear to tread

Jorge vive en un improvisado campamento en Práxedis, un pueblo silencioso del norte de México con pocos autos y gente en las calles. El policía estatal es parte del grupo de agentes enviados por el Gobierno del Estado a esa conflictiva zona para hacerle frente al crimen. El Valle de Juárez, una región de Chihuahua que es frontera con Estados Unidos, durante la última década ha sido territorio de disputa entre las organizaciones criminales por su estratégica ubicación para el cruce de droga. “Nos mandaron para acá desde 2015, que se quedaron sin policías municipales porque los mataban o los desaparecían”, dice el uniformado en el patio del cuartel, que parece una escuela pública de paredes desgastadas. El agente cuenta que cuando llegaron a patrullar las comunidades parecían pueblos fantasma: “La gente no salía a la calle, pero poco a poco se ha ido retomando la normalidad”.

Práxedis y Guadalupe son parte del llamado Valle de Juárez, una región enclavada en el desierto que también alberga otras pequeñas comunidades y que antes fue una próspera región algodonera. Desde que inició la guerra contra el narcotráfico, hace más de diez años, el territorio ha sido disputado por el cártel de Sinaloa y La Línea, el brazo aromado del cártel de Juárez, que buscan cruzar droga o indocumentados por las brechas inhóspitas que llevan a Estados Unidos. Esta región, de la cual también forma parte Ciudad Juárez, fue la que más aportó a los históricos niveles de homicidios en 2010 (3.903 asesinatos violentos en todo el Estado). Aunque la cantidad de homicidios disminuyó considerablemente a partir de 2013, el año pasado hubo un repunte al cerrar con 1.566 asesinatos, mientras que en 2016 la cifra fue de 1.232 en todo Chihuahua.

En estas localidades no hay policías municipales porque entre 2007 y 2015 casi todos fueron asesinados o secuestrados. Los que pudieron salvarse fue porque renunciaron y huyeron en busca de refugio. Lourdes López cuenta que su hijo fue “levantado” junto a otros cuatro policías de Práxedis en 2009. “Ya se cumplieron nueve años y jamás se nos hizo justicia”, afirma. Su hijo nunca había utilizado un arma y jamás los capacitaron para hacerlo. “Desde chiquito quería ser policía y era un joven honrado, que no merecía lo que le hicieron”, dice la señora, de 62 años, que se fue de su pueblo unos días después del rapto de su hijo.

Martín Hueramo fue regidor en Guadalupe y asegura que los policías no estaban preparados para hacerle frente al crimen. “Los municipios enfrentamos el crimen organizado desarmados y los policías solo tenían experiencia en prevenir delitos menores. En Guadalupe nos mataron a nueve policías en varias emboscadas, la comandancia fue balaceada y nos dejaron tres cabezas humanas en una hielera, fue una época terrible, de mucho miedo”, cuenta el hombre que consiguió asilo político en Texas. La población de Guadalupe pasó de tener 13.000 habitantes a 2.000, dice Hueramo. Según el Ayuntamiento, ahora el censo es de 5.000.

El último policía que tuvo Guadalupe, Joaquín Hernández, fue ejecutado en julio de 2015, cuando fue a atender un falso reporte. El departamento de seguridad local de este municipio es uno de los que más ataques ha tenido. Entre 2007 y 2010 hubo periodos en que la corporación estuvo cerrada y otros donde se retomaban actividades. En diciembre de 2010 la Dirección de Seguridad Pública finalmente fue cerrada cuando su titular, Erika Gándara, fue “levantada” por un grupo criminal que fue por ella hasta su casa. Ella era la última policía que quedaba después de que sus compañeros renunciaron, fueron asesinados o desaparecidos. En 2014 se reinstaló la comandancia policial y quedó al frente Máximo Carrillo, pero en junio de 2015 fue asesinado. En su lugar quedó Joaquín Hernández que tres semanas después también fue ejecutado.

En Práxedis la situación fue similar. La última policía que tuvo el pueblo fue Marisol, una joven de 20 años estudiante de criminología que acaparó los titulares de los diarios del mundo como “la mujer más valiente de México” al hacerse cargo de la dirección de seguridad pública local en su municipio. No era para menos: en esos años la localidad era una de las zonas más peligrosas del país y los anteriores directores de Policía habían sido asesinados. La joven duró apenas cuatro meses en el cargo y después se refugió en EE UU tras recibir amenazas. A partir de su renuncia nadie más en el pueblo quiso asumir el cargo y los policías estatales emprendieron rondines de vigilancia.

La actual administración de Guadalupe no tiene planes de abrir la dirección de Seguridad municipal, dice el secretario del ayuntamiento, Fausto González Pérez. “Para nosotros es exponer gente, si lanzamos una convocatoria tal vez pudiera surgir algún valiente, pero es una cuestión muy delicada”, dice el funcionario. Las celdas de la comandancia actualmente son utilizadas como bodegas. La inversión en seguridad se canaliza a acciones deportivas y culturales. “Vivimos tiempos muy difíciles, ahorita es una situación de soledad, pero nosotros estamos en la reconstrucción del municipio”, expone.

Acosados por el crimen

La situación de los policías en Chihuahua es muy complicada por el continuo acoso del crimen organizado y la carencia en los insumos para enfrentarlos. Un reportaje del diario de Juárez reveló que hay municipios como Guachochi, ubicado en la zona serrana --donde predominan los sembradíos de amapola- que cuenta con 53 agentes, pero solo quince de ellos tienen chalecos antibalas. En Ignacio Zaragoza los siete policías tampoco tienen chalecos. En Rosales hay 42 agentes con un sueldo promedio de 3.000 a 4.000 pesos (entre 166 y 222 dólares) y sin chalecos. En Ahumada los uniformados no tienen compensación ni seguro de vida.

El Gobierno del Estado ha tenido que “intervenir” nueve municipios porque las policías no tienen capacidad para combatir el crimen o porque en algunos casos los grupos delincuenciales infiltraron las corporaciones. En Guadalupe, Práxedis, Cuauhtémoc, Madera, Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza y Temósachic, actualmente la seguridad está a cargo de policías estatales o ministeriales.

En Ahumada el año pasado el director de Seguridad Pública, Carlos Alberto Duarte y seis agentes más fueron detenidos tras ser acusados de estar coludidos con el crimen organizado. El 25 de mayo la comandancia de la Fiscalía estatal fue atacada por un grupo de hombres armados. Murió un policía ministerial y tres quedaron heridos. En la audiencia ante el juez, uno de los policías municipales declaró que el día del ataque llamaron al Ayuntamiento para pedir un coche prestado porque las tres patrullas estaban descompuestas. También se evidenció con las declaraciones de otros agentes que la mayoría no contaba con permiso para portar armas.

Ahumada es el municipio más extenso del país (el equivalente a dos veces la comunidad de Madrid), pero solo tiene 30 agentes municipales. Cuando ocurrió el ataque a los ministeriales, la seguridad quedó a cargo de los agentes estatales y se anunció que se sometería a los municipales a exámenes de control y confianza. Sin embargo, meses después Duarte fue restituido en su puesto. Los cargos en su contra no terminaron en ninguna condena y regresó a dirigir la Dirección de Seguridad Pública. Aunque se buscó al alcalde de Ahumada y al director policial Duarte ninguno quiso dar entrevista.

En la policía estatal la situación laboral tampoco es muy buena. Jorge, el policía que patrulla el Valle de Juárez, cuenta que apenas el año pasado les cambiaron los uniformes. “Teníamos tres años que no nos daban uniforme y lo teníamos que comprar nosotros”. Hasta hace poco les aumentaron el sueldo. Durante la administración del exgobernador César Duarte, menciona, muchas de las patrullas estaban descompuestas y no se compraron nuevas unidades. También les retrasaban el pago de los apoyos de compensación. “Si nos mandaban a algún destacamento nos daban 300 pesos (unos 16 dólares) de viáticos para todo el mes”, recuerda.

La presencia de los policías estatales en el Valle de Juárez no es del todo aceptada en la comunidad. Las personas, dice un oficial, tienen costumbres de pueblo como beber alcohol en la vía pública. "Y eso es una falta administrativa", agrega. El secretario del ayuntamiento de Guadalupe, dice que tratan de integrar a los policías en actividades de la comunidad para que la gente no les tenga miedo. Los funcionarios locales y los policías estatales coinciden en que la violencia sí ha disminuido y que solo queda la "mala fama" de la zona.