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Arisbeth presentía que su novio la podía dañar. La joven residente de Ciudad Juárez, en el norte de México, había denunciado en mayo pasado a su pareja por violencia familiar en las oficinas de la zona norte de la Fiscalía especializada en atención a mujeres víctimas del delito por razones de género. La estudiante llegó a buscar ayuda porque Javier la había amenazado hasta en tres ocasiones con dañarla a ella o a su familia. La denuncia no fue suficiente para que las autoridades le brindaran medidas de protección y tres meses después fue asesinada. Javier, su agresor, la apuñaló, la envolvió en un cobertor y la escondió en la cajuela de un coche, que dejó abandonado en un lugar despoblado.

Un mes antes de atacar a Arisbeth, el agresor había asesinado a su exesposa, pero no había sido detenido. Este caso es una muestra de las deficiencias con las que opera esta fiscalía especializada, dice Lidia Cordero, directora de Casa Amiga, una organización que atiende a mujeres víctimas de violencia. “Ella ya había puesto una denuncia en contra de él y él ya tenía otra denuncia de su expareja y nunca se había hecho nada en contra de él y finalmente la asesinó. Entonces es un mensaje muy fuerte a la sociedad de que los temas de mujeres son insignificantes, no se persiguen, hay una impunidad en el tema y no hay acceso a la justicia en los casos de violencia”, expone.

La imparable violencia hacia las mujeres en Chihuahua obligó al Gobierno estatal a crear una Fiscalía especializada para atender los delitos contra las mujeres desde 2012. Sin embargo, esta instancia ha operado a través de los años con un presupuesto limitado y con escasos recursos materiales y humanos para hacerle frente a los ilícitos que aquejan a las mujeres. El reto para esta fiscalía es mayor después de que a finales de octubre entrara en vigor el decreto que tipifica el feminicidio tras una batalla histórica por parte de los colectivos sociales.

Actualmente la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) –como se le conoce– tiene una carga de trabajo de poco más de 63.000 carpetas de investigación. Casi la mitad de estos expedientes los investiga la zona norte de la FEM –que comprende la fronteriza Ciudad Juárez–, el área más débil dentro de la Fiscalía, explica Cecilia Espinosa, integrante de la Red Mesa de Mujeres. En la zona norte hay una unidad de delitos sexuales que cuenta con sólo 11 policías y 13 ministerios públicos para atender 6.137 carpetas de investigación.

La unidad que más preocupa a Mesa de Mujeres es la de violencia familiar, donde hay 6 policías y 16 ministerios públicos para investigar 24.441 casos. Es decir, cada policía tendría que investigar 4.000 expedientes y cada ministerio público 1.500 carpetas. "Lo óptimo para realizar una debida investigación es que cada uno tenga al menos 150 carpetas para que dé seguimiento y se pueda llegar al proceso judicial, ya que solo el 4% de los casos de violencia familiar denunciados son los que llegan a un juicio”, explica Espinosa.

Una de las deficiencias que han encontrado en la unidad de violencia familiar es la falta de protección a las víctimas que denuncian. "El Estado no tiene los recursos para instalar un refugio para resguardar a las mujeres y lo que hace es que las canaliza a las organizaciones sociales", explica la activista. El primer reto para las mujeres es denunciar, agrega Lidia. Un porcentaje muy alto prefiere no acudir a la Fiscalía para no ponerse en riesgo y quienes acuden deben enfrentar las trabas burocráticas. “Es muy tardado poner una denuncia, ellas tienen que llegar desde muy temprano, y pasar todo un día ahí para denunciar, es muy cansado y desgastante", menciona. Después el seguimiento a las denuncias es escaso, detalla. Si no hay una representante de la sociedad civil que acompañe el caso y presione, las diligencias no se agilizan.

Durante este año la FEM contó con un presupuesto de 12,5 millones de pesos (unos 657.000 dólares) y para el próximo año la propuesta del Ejecutivo es de poco más de 19 millones (alrededor de un millón de dólares). Sin embargo consideran que es insuficiente. "El impacto del bajo presupuesto es que hay un alto porcentaje de impunidad y los casos están rezagados en la primera etapa de la investigación, ni siquiera se abre un proceso de vinculación a proceso, sino que queda en la etapa de integrar indicios en contra del agresor", dice la integrante de Mesa de Mujeres.

Tan sólo en la zona norte el presupuesto debería incrementarse en al menos 42 millones de pesos más para poder hacer frente a la demanda de trabajo. “Debe incrementar su personal en al menos 25 ministerios públicos y 30 agentes de policía ministerial, así como proveerles de los recursos materiales y equipamiento para desarrollar su trabajo de investigación tan sólo en la zona norte”, explica.

El pasado 12 de septiembre, los diputados de Chihuahua finalmente aprobaron cambios al Código Penal para catalogar el feminicidio como un delito. El Estado fronterizo era el único en el país que no había tipificado el ilícito, pese a que una de sus localidades, Ciudad Juárez, fue funestamente conocida desde 1993 por el asesinato sistemático de mujeres. Con la reforma que entró en vigor a finales de octubre se castiga con una pena de 30 a 60 años de prisión a quien mate a una mujer por razones de género.

Esta modificación representa un reto para la Fiscalía de la mujer, que deberá contar con el personal necesario y los recursos suficientes para poder hacer frente a la carga de trabajo que se habrá de incrementar con la tipificación del delito. dice Cecilia. La unidad de feminicidios de la Fiscalía tendrá que fortalecerse para acabar con el alto nivel de impunidad en los casos. "En el proceso de investigación los agentes tienen que contar con automóvil que tenga gasolina para poder realizar las diligencias de investigación y mejor equipo técnico", expone.