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En 1993 Esther Chávez Cano, una contadora pública preocupada por los temas de género, comenzó a anotar en una libreta las muertes de mujeres que publicaban en sus páginas los periódicos locales en la fronteriza Ciudad Juárez, al norte de México. Con el paso de los años la profesora alzó la voz para denunciar que los casos eran cada vez más frecuentes y tenían en común un patrón de violencia hacia las mujeres. La activista fallecida en 2009 fue la que visibilizó entonces los feminicidios en Ciudad Juárez -en el Estado de Chihuahua- que indignaron al mundo y que llegaron a instancias internacionales de derechos humanos donde se condenó a México por no proteger a las mujeres. "Ella tuvo una gran relevancia por la manera tan fuerte de denunciar y hacer manifestaciones que permitieran volcar la mirada internacional a lo que pasaba en Ciudad Juárez", cuenta Lidia Cordero, directora de Casa Amiga, una organización que fundó en los noventa Chávez Cano.

Pese a los casos de homicidios, desapariciones y actos de violencia sistemática en contra de las mujeres que han marcado a Chihuahua durante más de dos décadas, la entidad era la única del país que no había buscado establecer en su marco penal el delito de feminicidio. El pasado 12 de septiembre, los diputados de Chihuahua finalmente aprobaron cambios al Código Penal para catalogar el feminicidio como delito. Con la reforma se agregó el artículo 126 bis para castigar con una pena de 30 a 60 años de prisión a quien mate a una mujer por razones de género. Detrás de la reforma hay una lucha que han emprendido diversos movimientos en defensa de las mujeres y madres de jóvenes asesinadas o desaparecidas que han denunciado la indolencia de las autoridades.

Lidia Cordero cuenta que la tipificación del feminicidio fue una de las consignas que Chávez Cano siempre exigió al Gobierno. "Siempre hemos dicho que lo que no se nombra no existe, y mientras no existiera como delito esta violencia tan extrema no había forma de implementar acciones a favor de la erradicación del feminicidio", expone. La tipificación es un gran logro porque era una deuda histórica hacia las mujeres. "Era una vergüenza para el Estado que siendo tan emblemático no existiera este delito como tal", menciona la líder feminista.

Durante 24 años los gobernadores en turno y los legisladores se negaron a reconocer el feminicidio como un problema en la entidad, explica Imelda Marrufo, líder de la red Mesa de Mujeres, quien participó en la elaboración de la iniciativa junto a otras activistas. “Lo que intentaban era tapar el sol con un dedo, trataban de minimizar el problema. Incluso los alcaldes manifestaban posturas que planteaban que se trataba de una leyenda, asuntos inventados”, expone. Aunque la tipificación no va a lograr que disminuyan los delitos en contra de las mujeres, es un paso importante. “Para nosotras la tipificación tiene una fuerza simbólica muy importante porque es el reconocimiento histórico de la situación del feminicidio”, dice Marrufo.

En el 2012 México incluyó en su Código Penal federal el delito de feminicidio. Ese año, el Congreso mexicano aprobó penas de 40 a 60 años de prisión a quien privara de la vida a una mujer por cuestiones de género e instruyó a los estados a armonizar sus legislaciones acorde a las nuevas disposiciones federales. Todos hicieron las adecuaciones, menos Chihuahua, pese haber recibido exhortos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de instancias internacionales.

Ahora están a un paso de lograrlo. La iniciativa fue aprobada por los legisladores, pero aún no ha sido publicada por el gobernador Javier Corral, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), en el periódico oficial. Marrufo explica que en las últimas semanas han solicitado adecuaciones a la reforma para agregar ciertas causales, como tomar en cuenta los antecedentes de violencia entre el agresor y la víctima. “Antes de que entre en vigor todavía existe la oportunidad de que se incluyeran estos elementos y ya se lo planteamos al gobernador”, dice la defensora de derechos humanos.

Una larga lucha

El primer intento por tipificar el feminicidio se dio en 2005 cuenta Marrufo. La entonces diputada Victoria Chavira (PAN) presentó una iniciativa, pero no tuvo apoyo en el Congreso. “Lo que sí se pudo lograr fue la ley estatal por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en 2007 que propone políticas públicas y donde se incluye por primera vez el concepto de violencia feminicida”, menciona.

El caso de Paloma Escobar marcó un precedente importante para que las autoridades reconocieran la muerte de mujeres como un problema que debía ser atendido. En 2012 se institucionalizó la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delito por Razones de Género como resultado de la lucha emprendida por Norma Ledezma, madre de Paloma, una joven que desapareció en marzo del 2002 y cuyo cuerpo fue encontrado días después.

Norma, que en ese entonces trabajaba en una maquiladora al igual que su hija, estudió Derecho para conocer el entramado legal y emprendió una batalla por lograr justicia. A través de la organización Justicia para Nuestras Hijas que fundó junto a otras madres ha logrado sentencias importantes en otros casos de feminicidios. El expediente de su hija, que estuvo plagado de irregularidades, llegó a instancias internacionales. Después de un largo litigio, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emitió una serie de recomendaciones a México, entre ellas la creación de la fiscalía especializada. "Hace quince años no se contaba con todo esto, las investigaciones quedaban desde un inicio en la impunidad y las sentencias que se lograban eran extramadamente cortas.  Por eso nuestra participación responde para que estos delitos fueran investigados con esa mirada (como feminicidios)", expresa Ledezma.

La organización que lidera Norma comenzó a presionar por tipificar el feminicidio hace dos años porque algunos tribunales comenzaron a reducir las penas al no tomar en cuenta que era violencia de género. "Eso nos empezó a preocupar", dice. Una vez que los cambios se publiquen en el Diario Oficial y entren en vigor, las investigaciones se harán desde un inicio con perspectiva de género, explica la activista. "Era necesario tipificar para poder visibilizar ahora sí las muertes violentas de mujeres por razones de género y para saber realmente cuántos feminicidios hay", expresa.