La campaña de intimidación contra las víctimas de Colombia

Entre la correspondencia que recibió Martha Giraldo en su oficina había una nota que anunciaba que la “tregua de fin de año terminaba” y que desde ese momento, 15 de enero, era objetivo de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Giraldo es líder en la región del Valle del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). A Rocío Campos la amenazaron de frente. Dos hombres armados la arrinconaron apuntándole con armas cuando iba en su moto por las calles de Barrancabermeja (oriente). Campos gritó y aceleró hasta llegar a la estación de Policía que estaba a unos 100 metros. La autoridad le recomendó tener “mucho cuidado” y clasificó la denuncia como un tema menor. Tal vez un intento de robo, pero Campos, como Giraldo, también es líder del Movice y no era la primera vez que la intimidaban.

“No es solo en una región. En todo el país está pasando, a diario recibimos denuncias. En los últimos meses han tenido que salir del país, casi como en exilio, seis miembros de la organización”, dice Érika Gómez, vocera del movimiento. En Sucre, en el norte del país, el gobierno local investiga siete casos. Indagan la autenticidad de varios panfletos que amenazan de muerte a víctimas y defensores de derechos humanos bajo el argumento de que hacen adoctrinamiento político a favor del partido de las FARC. “Es el estigma que hemos cargado siempre, pero que ahora en plena campaña electoral se ha hecho más fuerte”, asegura Gómez

Entre los amenazados están el candidato al Congreso Rodrigo Ramírez y Juan David Díaz, asesor del Gobierno para el posconflicto. “Nos quieren callar”, insiste la vocera del Movice. Una organización que ha apoyado el acuerdo de paz y destaca la disminución en muertes por el conflicto, pero alerta sobre el olvido en el que han caído las víctimas y líderes sociales. “Nosotros somos los que hemos tenido que seguir poniendo la cuota de muertos, somos el blanco de los sectores que no creen que el camino de Colombia debe ser el de la paz”, asegura.

Los casos se cuentan casi a diario. Ingrid Vergara representó a las víctimas en una intervención sobre territorios de paz en el Congreso hace un par de meses. Al terminar recibió una llamada anónima en la que cuestionaban su posición a favor de la paz. La señalaron de guerrillera y la amenazaron. Detrás de las intimidaciones aparecen las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como Clan del Golfo, la mayor banda de narcotráfico que opera en el país. Los panfletos y mensajes son firmados por ese grupo, pero las víctimas tienen que insistir para que se investigue.

“Sorprende la extrañeza que las autoridades expresan cuando hay denuncias, a veces parece que dieran más crédito a las bandas que a las víctimas”, dice Martha Giraldo, que recibió la última amenaza el 15 de enero, a pesar de las medidas de protección que dispuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ella y su familia desde 2009.

Su papá fue asesinado por el Ejército y presentado como un guerrillero muerto. Un falso positivo que terminó llevando a un militar a una condena de 37 años de prisión. “Falta mucha verdad y en esa búsqueda estamos corriendo riesgo”, asegura. Ella y sus compañeros cuestionan la falta de reformas políticas para que el ejercicio de los defensores de derechos humanos, líderes sociales y víctimas, que solo buscan una reparación, sea respetado. “Un paso importante es que haya justicia, que estos crímenes no queden en la impunidad”. En 2017, según cifras de las organizaciones sociales, más de 100 personas fueron asesinadas por su trabajo a favor de las víctimas. El número de agresiones e intimidaciones ha sido imposible de contar. “Pasa en todo el país, de diferentes maneras”, señala Giraldo.

A Blanca Nubia Díaz la retuvieron el 13 de enero en el sur de Bogotá. Fue abordada por dos hombres que la interpelaron diciéndole “guerrillera sapa siga haciendo campaña”. Le cortaron el pelo y la dejaron tirada en el centro de la ciudad. Díaz tiene 69 años y es una de las fundadoras del Movice. Su caso está en investigación, como tantos otros, incluido el de su hija que fue torturada, violada y asesinada en el norte del país en el año 2000. Las causas y autores materiales de esa muerte siguen en la impunidad. Nadie quiere dar declaraciones por temor a represalias. La falta de justicia es la mejor aliada de las bandas que siguen sembrando miedo en las regiones.