El ascenso del conservadurismo religioso agita la campaña electoral en Costa Rica

Una fuerte reacción de los grupos conservadores ha sacado a Costa Rica del clima de apatía y dispersión previo a las elecciones presidenciales y legislativas del 4 de febrero. El endurecimiento del conservadurismo religioso ha provocado un ascenso abrupto de un predicador evangélico al que las encuestas colocan con amplias posibilidades de pasar a la segunda ronda en una campaña cambiante que, a falta de 10 días para los comicios, aún se resiste a los pronósticos.

La exacerbación de la defensa de los "valores cristianos" pisó la arena política como nunca antes después del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 9 de enero, que ordenó a todos sus países miembros habilitar la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto fue recibido como una buena noticia por grupos defensores de derechos humanos, pero para el Gobierno pronto fue objeto de un efecto bumerán que impactó directamente en la competencia por la silla que dejará el 8 de mayo Luis Guillermo Solís. Un "shock religioso", le han llamado expertos de la Universidad de Costa Rica (UCR) que midieron este factor.

La tradicional Iglesia Católica, junto a las dinámicas y organizadas congregaciones protestantes, lograró activar a sus seguidores y presionar a los candidatos presidenciales a dar un giro conservador a la discusión electoral. El activismo ha sido tal que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha emitido este miércoles un llamado de atención a las autoridades de ambas religiones para que suspendan manifestaciones electorales. Mientras, los magistrados estudian una de las decenas de denuncias por posible violación a la prohibición de usar electoralmente motivos o creencias religiosos. Lo condena la Constitución Política, que también establece el catolicismo como religión oficial del Estado costarricense.

La mayoría de los 13 aspirantes presidenciales exhibe su rechazo al dictamen emitido por la Corte Interamericana, a tono con la preferencia popular; dos tercios de la población repudian ese fallo y el matrimonio igualitario, según indica la encuesta más reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la UCR.

Este mismo estudio registra la meteórica subida de Fabricio Alvarado, que en solo un mes aumentó 14 puntos en la intención de voto, al pasar de 3% a 17%. Aparece empatado en la cima con Juan Diego Castro, un candidato de discurso rompedor con el sistema político tradicional que ha abrazado la bandera conservadora —al igual que otros aspirantes que también mantienen más o menos opciones de acceder al balotaje—; una de las pocas certezas que se extraen de las encuestas.

A esta segunda ronda se acerca Alvarado como único diputado del partido confesional Restauración Nacional (entre 57 de la cámara) y portavoz del discurso más conservador de defensa del concepto tradicional de familia, entre otros temas que resultan sensibles para los dogmas de la Iglesia Católica o sus pares protestantes. Ha sido el más beneficiado con el "shock religioso", como lo llaman los investigadores del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica al publicar el estudio de opinión pública que midió este efecto a 17 días de las elecciones.

Alvarado, que ha llegado al extremo de proponer el retiro de Costa Rica de la lista de países que reconocen la competencia de la CIDH —cuya sede está precisamente en San José—fue reportero de nota roja en televisión antes de dedicarse a cantar alabanzas y predicar en iglesias evangélicas. Después, más por azar que por ambición política se postuló para una diputación en 2014 con Restauración Nacional (RN), la alcanzó y desde su curul lanzó la candidatura presidencial que hace tres meses pasaba inadvertida y ahora tiene de cabeza a la campaña electoral. "No ha sido el azar; es la voluntad de Dios", dijo José Carlos Alfaro, feligrés de una iglesia llamada Pasión por las Almas. Por otra parte, los críticos de Alvarado se asustan por el ascenso del conservadurismo duro y una falta de capacidad para gobernar este país ante problemas urgentes —crisis fiscal, desempleo, inseguridad, aumento de la desigualdad— que amenazan el modelo de bienestar por el cual los costarricenses suelen enorgullecerse.

El aspirante evangélico ha logrado restar protagonismo en los medios de comunicación a Juan Diego Castro, candidato crítico del establishment en este país, reconocido por su estabilidad democrática. Castro, abogado mediático y elocuente, posee un talante autoritario y un discurso duro contra la corrupción y la delincuencia. Además, cómo no, también invoca el discurso conservador. "Somos muchos los buenos abogados católicos para hacer que se respeten la vida y los valores que hemos inculcado", dijo en un debate organizado por obispos este connotado miembro de la Logia Masónica de Costa Rica, en la que ocupó el cargo de Gran Maestro.

Similares posiciones ha expresado el candidato Antonio Álvarez Desanti, empresario inmobiliario y bananero postulado por el Partido Liberación Nacional (PLN), el más tradicional y grande del país, con el significativo respaldo del expresidente Óscar Arias. Álvarez aparece ahora entre los tres primeros en las encuestas, a pesar de la pérdida gradual del apoyo que tenía en setiembre. Aunque en el pasado aplaudía el avance de los derechos humanos en temas se sensibilidad religiosa, ahora enfatiza su apoyo al modelo tradicional de familia, expresa sin que se lo pregunten su rechazo al aborto y al concepto de "ideología de género" que también repudian los sacerdotes por considerarlo un abordaje de la sexualidad contrario al dictado de la naturaleza o de Dios.

En Costa Rica el 70% de la población se declara católica y el 12%, evangélico, aunque en la coyuntura actual sus posiciones trascienden las divisiones entre cristianos. "No lo conocía, pero parece buen muchacho [Fabricio Alvarado] y eso de ser protestante es cosa menor; lo importante es que esté del lado bueno", opina Isabel, una monja que evita identificarse más porque no ha pedido permiso a su superiora, aunque sospecha que ella también votará por el diputado evangélico. No es de extrañar si se ven las numerosas actividades que la Conferencia Episcopal ha organizado junto a líderes evangélicos en estos meses de campaña política, incluida una marcha multitudinaria en San José en defensa de la "familia y la vida" y en contra de otros asuntos, como los programas de educación sexual que se imparte en los colegios.

El único candidato ajeno a esa corriente conservadora y con alguna opción de pasar a segunda ronda es el oficialista Carlos Alvarado (Partido Acción Ciudadana, PAC), a quien solo el 6% de los encuestados apoya, según la encuesta del CIEP-UCR. Debe lidiar con la caída en la popularidad del gobierno de Luis Guillermo Solís, con facturas por un caso de corrupción que detonó en 2017 y con un electorado aún menos entusiasta que en 2014, cuando el PAC logró enterrar el bipartidismo histórico. Sin embargo, la falta de identidad partidaria, la volatilidad de la intención de voto y la indecisión en un 27% del electorado hacen que los estudiosos consideren aún abierta la competencia electoral para él y otros dos aspirantes: Rodolfo Piza (Unidad Social Cristiana) y Rodolfo Hernández (Republicano Social Cristiano, PRSC). Estos últimos también están con el discurso más conservador.

Las encuestas coinciden en que ningún candidato alcanzaría siquiera la mitad del 40% de los votos válidos necesario para ganar en primera vuelta. Los nuevos 57 miembros de la cámara legislativa sí deben quedar elegidos este 4 de febrero. Aunque la indecisión de electores frente al voto legislativo es aún mayor (solo 4 de cada 10 expresa un partido favorito), los analistas predicen un incremento en la presencia conservadora del RN en el próximo cuatrienio. La duda es si esa bancada será oficialista o de oposición, pero para disiparla es muy probable que este país deba esperar a la segunda vuelta programada para el primero de abril, que coincide por casualidad con el domingo de la Semana Santa que celebran los católicos.