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Una trama corrupta cerca al presidente de Costa Rica

Una investigación parlamentaria acusa a Luis Guillermo Solís de influir en beneficio de un empresario del cemento

Luis Guillermo Solís en una imagen de archivo.
Luis Guillermo Solís en una imagen de archivo. EFE

El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís Rivera, enfrenta en el último tramo de su mandato una abrupta caída de su imagen por un escándalo de corrupción que detonó en el último semestre de este año y que compromete a autoridades de los tres poderes de la República. Una comisión de la Asamblea Legislativa que investigó el caso Cementazo y que rindió su informe esta semana —en coincidencia con el avance de la campaña para febrero del 2018— le atribuye al mandatario una supuesta “falta al deber de probidad”.

Solís, que ha gobernado con altibajos tras llegar al poder en 2014 con altísimas expectativas populares, influyó en favor del negocio del importador de cemento Juan Carlos Bolaños (preso desde noviembre mientras se le investiga), concluyó un informe unánime y no vinculante de la comisión integrada por diputados de oposición y oficialistas que por cinco meses investigaron el caso. Por ello el mandatario, continúa el texto, debe ser procesado en la Procuraduría de la Ética. La investigación ha desvelado como nunca antes un tráfico de influencias que implica a funcionarios del Ejecutivo, del Legislativo y de la Corte Suprema de Justicia, además del estatal Banco de Costa Rica (BCR), que prestó a Bolaños más de 40 millones de dólares en condiciones cuestionables. Se trata de una red de influencias políticas alrededor de un aparente negocio de importación de cemento que pretendía romper el control de la transnacional suiza Holcim y la mexicana Cemex, con el apoyo del Gobierno de Solís y de congresistas de distintos partidos.

Los diputados achacan al presidente haber favorecido al importador del cemento chino mediante la imposición en 2014 del nombramiento del gerente del BCR Mario Barrenechea, quien ahora también está en la cárcel como medida cautelar. Además, le atribuyen haber presionado a la autoridad de Aduanas para agilizar el desembarque de un cargamento de cemento, haberle abierto las puertas de la presidencia a Bolaños en siete ocasiones y haber presionado para reformar un reglamento técnico de importación del material. También lo responsabilizan por otorgar poder a hombres de su confianza que, según concluyen los diputados, ayudaron al negocio de Bolaños, como el diputado Víctor Morales Zapata y el jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Mariano Figueres, íntimo de Solís.

Desplome de popularidad “Nunca he instruido a funcionario alguno para que viole el ordenamiento jurídico o interceda a favor de una empresa o persona en especial”, contestó Solís en un vídeo, con gestos de enojo. A pesar del insistente rechazo de cargos, el gobernante sufrió en los últimos tres meses una caída en su imagen y la de su Gobierno, como se muestra en la encuesta más reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP, de la Universidad de Costa Rica). Después de tener un saldo positivo en julio (30% de opiniones negativas y 37% de aprobación), el Gobierno de Solís recibe ahora la reprobación del 47% de los costarricenses y el criterio favorable del 27%, según las respuestas dadas por los encuestados incluso antes de la entrega del informe legislativo sobre la trama.

El presidente acabará 2017 con unas vacaciones en España, de donde es oriunda su esposa, Mercedes Peñas, consciente de que en 2018 el caso Cementazo seguirá crepitando en la política local. Tras la caída del jefe del Ministerio Público por este mismo caso, la fiscal general, Emilia Navas, dirige intensas investigaciones que ya alcanzan a funcionarios como el magistrado Celso Gamboa, exministro de Seguridad del actual Gobierno.

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