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Ecuador concedió en diciembre la nacionalidad a Julian Assange

Reino Unido rechaza dar al fundador de WikiLeaks el estatus diplomático

Julian Assange, con una camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol. En vídeo, Ecuador busca una mediación para resolver su situación.Vídeo: TWITTER / REUTERS-QUALITY

Julian Assange se ha convertido en un inquilino incómodo en la embajada ecuatoriana de Londres desde que Rafael Correa dejó de ser presidente del país. El nuevo Gobierno de Lenín Moreno está moviendo fichas para atajar la situación de asilo y liberar de su encierro al fundador de Wikileaks.

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La canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, ha admitido este jueves que su país concedió la nacionalidad a Assange en diciembre. Así lo ha asegurado en una rueda de prensa en la que confirmó que se le concedió el documento el pasado 12 de diciembre. El activista fue incluido en el Registro Civil de Ecuador con el número de identificación 1729926483. Según la agencia Reuters, dicho registro solo incluye a ciudadanos ecuatorianos y extranjeros con residencia legal.

Pero la jugada no ha salido como se había planeado. Al mismo tiempo, Reino Unido ha rechazado la petición de Ecuador de conceder el estatus diplomático al activista informático, impidiendo que acceda al privilegio de inmunidad. Con esa maniobra, se pretendía "otorgarle un nivel adicional de protección", según ha confirmado hoy la canciller.

Captura del Registro Civil de Ecuador.
Captura del Registro Civil de Ecuador.

Espinosa ha tenido que salir al paso de las informaciones que especulaban esta semana con la concesión de la nacionalidad ecuatoriana a Assange, como requisito previo para obtener el estatus diplomático. La ministra de Relaciones Exteriores ha explicado este jueves finalmente que el fundador de Wikileaks solicitó el 16 de septiembre la naturalización –que concede igualdad de derechos a ecuatorianos y extranjeros–, tras permanecer cinco años bajo la protección de Ecuador, y que se le concedió la nacionalidad el 12 de diciembre. Con ello, se expendió una cédula ecuatoriana. 

Ya con nacionalidad, la cancillería ecuatoriana inició el trámite para que Reino Unido reconociese a Assange como agente diplomático. Pero la petición del 20 de diciembre fue rechazada inmediatamente. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores británico ha confirmado este mismo jueves la negativa, apostillando que "Ecuador sabe que la forma de resolver el tema es que Julian Assange salga de la embajada para enfrentar a la justicia", según recoge Reuters desde Londres.

Ahora, el Gobierno ecuatoriano está buscando otras alternativas. Espinosa ha mencionado, entre ellas, una eventual mediación ante organismos internacionales. "Cualquier alternativa se realizará en estricto apego a las normas de Derecho Internacional y en diálogo con Reino Unido", ha asegurado la canciller, recordando las buenas relaciones que mantiene Ecuador con el país en el que está la embajada donde reside Assange.

El fundador de Wikileaks recibió asilo en la Embajada de Ecuador en Londres en 2012 para evitar su extradición a Suecia, que había solicitado una orden internacional de arresto en su contra por supuestos delitos sexuales. Su situación volvió a agitarse en 2017 con el cambio de Gobierno en Ecuador y las declaraciones de Assange en asuntos de política de otros países, como sobre el proceso secesionista en Cataluña. Entonces y unos meses antes, el sucesor de Correa en la presidencia, Lenín Moreno, reprendió a Assange por "sobrepasar" su condición de asilado y le recordó en una entrevista a El PAÍS que "no tiene derecho a intervenir" ni opinar en asuntos de política nacional o internacional.

No obstante, el presidente de Ecuador, pese a considerar a Assange como un hacker, ha mantenido la defensa del fundador de Wikileaks y el argumento de Correa de que necesita protección para evitar cualquier atentado a su integridad. Entretanto, el Gobierno ecuatoriano no ha hecho público cuánto le cuesta mantener y alimentar a Assange durante más de cinco años en su sede diplomática. Sin embargo, las autoridades británicas aseguraron que hasta 2016 habían gastado 15 millones de euros en tener guardia policial durante 24 horas apostada ante la embajada.

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