Portugal prohibirá los cobradores del frac
Los reclamadores de deudas no podrán disfrazarse ni visitar domicilios de noche
El cobrador del frac dejará de llevar frac en Portugal. Una propuesta de ley del Partido Socialista, que gobierna desde 2015, va a poner coto a “métodos de cobro opresivos o de intrusión”. Los reclamantes extrajudiciales de deuda tendrán horario, decoro y educación.
Quedarán prohibidos los coches, la megafonía y cualquier medio empleado para la degradación de la imagen del moroso
Si la propuesta socialista es aprobada en el Parlamento, y todo hace prever que sí, se acabaron los disfraces de panteras rosa, supermanes, los señores del frac y otros sistemas, más o menos extravagantes para ridiculizar al moroso con el fin de que pague sus deudas. Tampoco se le podrá perseguir por la calle ni informar a sus familiares ni siquiera insistir si el deudor no lo desea. El texto establece obligaciones de conducta para el reclamante y normas de protección para el deudor.
Las empresas dedicadas a este negocio deberán tener un contrato con la institución que tiene el crédito vencido, probar su idoneidad, un código de conducta, una sede física para atender al público y una página web con sus medios de contacto.
Con la nueva ley en la mano, los cobradores lo van a tener mucho más difícil, pues no podrán hablar con familiares o amigos del deudor y si lo hacen nunca podrán decir que se le busca porque debe dinero.
La nueva ley prohibirá los disfraces, pero también otros recursos “opresivos o de intrusión”, como coches anunciando su actividad o el uso de megáfonos y otros medios de comunicación que transmitan una imagen negativa del moroso; tampoco se podrá visitar su lugar de trabajo ni perseguirle por la calle ni llamar a su casa después de las 20 horas. De momento, el texto, que entró la semana pasada en el debate parlamentario, no contempla la actividad en internet, como la del O cobrador do Face, que se introduce en las redes sociales del moroso y su entorno.
Si el cobrador del frac sin frac no tiene éxito, que con la nueva ley será lo más probable, no podrá volver a intentarlo, a no ser que el deudor le dé permiso o acuda para anunciarle que se ha abierto un proceso judicial.
Una sentencia de 2015, echó por tierra la pretensión del Colegio de abogados de prohibir la actividad de las empresas privadas de cobro de deudas. Los abogados reclamaban que esta labor solo la pudieran ejercer ellos, el propio acreedor y los agentes de ejecución de deudas.
De media, la ejecución judicial de una deuda tarda unos 40 meses; en 2016, según datos oficiales, los tribunales tenían pendientes 842.000 acciones ejecutivas; esas cifras son la punta del iceberg, pues se trata, principalmente de créditos fallidos y de deudas a grandes empresas, no de deudas entre particulares o entre estos y pequeñas empresas que renuncian, por los costes, a la vía judicial.
