Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

La UE propone que el periodo de transición del Brexit acabe el 31 de diciembre de 2020

El acuerdo futuro incluirá elementos comerciales, judiciales, de aviación y de seguridad

El negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier, este miércoles en Bruselas.

La transición del Brexit será más corta de lo que pedía Reino Unido. Bruselas ha propuesto este miércoles que el periodo entre el divorcio efectivo (30 de marzo de 2019) y la entrada en vigor de la relación futura concluya el 31 de diciembre de 2020. Así lo ha anunciado el negociador jefe de la Unión, Michel Barnier, partidario de hacer coincidir ese plazo con el actual marco presupuestario de la UE. Bruselas, además, recela de prolongar un periodo ambiguo en el que Londres disfrutará de todos los beneficios de pertenecer a la familia comunitaria pero apuntándose el tanto político de un Brexit indoloro. Ese calendario deja poco tiempo para diseñar el modelo de entendimiento que aspiran a construir ambas partes, lo que añade más presión al proceso.

Barnier ha esbozado ante la prensa los detalles del mandato de negociación para la segunda parte del Brexit. Aclarado —con lagunas— el divorcio y una vez recibido el visto bueno de los jefes de Estado y de Gobierno para avanzar, el excomisario francés se dispone ahora a tratar de pactar la transición, con una idea clara: "No habrá transición a la carta". Es decir, durante esos dos años escasos, Londres tendrá que seguir aplicando todas las reglas comunitarias —incluidas las nuevas que se aprueben en ese periodo— pero sin elegir representantes ni votar las decisiones.

La fecha desvelada este miércoles para acotar la transición llega después de que Bruselas y Londres cerraran el pasado 9 de diciembre un acuerdo histórico sobre las condiciones de su divorcio. El pacto incluía un compromiso del Gobierno británico a pagar la factura del Brexit —oficiosamente, entre 40.000 y 45.000 millones de euros—, garantías para los derechos de los ciudadanos europeos que viven en Reino Unido y de los británicos residentes en el resto de la UE y la promesa de evitar una frontera rígida entre Irlanda e Irlanda del Norte (territorio británico). Este último es el capítulo más delicado.

Sin margen para la relajación

Pero el alivio experimentado a ambos lados del Canal de la Mancha tras ese avance ha durado poco. Barnier ha querido dejar patente que no hay margen para la relajación. "Hay que trabajar desde marzo en el acuerdo futuro, que se plasmará en uno o dos tratados o en uno mixto", ha advertido. En caso de que sea mixto, todos los parlamentos nacionales de la UE deberán aprobarlo. Y si un acuerdo como el de libre comercio con Canadá tuvo a toda Europa en vilo por la negativa de Valonia, la región francófona de Bélgica, a ratificarlo, el de Reino Unido puede complicarse más. "Recomiendo que nadie subestime la dificultad de este procedimiento", ha instado Barnier. 

Bruselas espera comenzar a discutir con Londres los principales puntos del marco futuro el próximo mes de marzo. Los plazos son muy ajustados. La pretensión es cerrar un acuerdo de retirada en octubre de 2018, con los términos del divorcio, la transición y las grandes líneas de la relación posterior, que debería aplicarse a partir de 2021. Más allá del tratado comercial, esos lazos futuros deberían incluir un pacto sobre aviación (dado que Reino Unido abandona el llamado cielo único europeo), una línea de cooperación judicial y un entendimiento en seguridad, defensa y política exterior. Grandes retos para un proceso en el que cada paso resulta extremadamente laborioso.

El paso a la segunda fase —incluida la transición— inaugura, además, el poder de veto que tendrá España sobre la aplicación a Gibraltar de cualquier arreglo futuro entre la UE y Londres. Las directrices de negociación que aprobó en abril el Consejo Europeo condicionaban cualquier cobertura a Gibraltar a que España y Reino Unido sellen un pacto bilateral que lo permita. Barnier ha evitado aludir directamente a ese supuesto, pero fuentes del Consejo Europeo recordaron recientemente que también la fase de transición, aunque sea casi una mera prolongación del statu quo, requiere el visto bueno del Gobierno español.

Más información