May propone una transición de dos años tras el Brexit

A los Veintisiete les corresponderá valorar si el discurso de Theresa May en Florencia -acaso el más importante que ha pronunciado sobre el tema hasta la fecha, al menos en términos del momento en que se produce y de la escenificación- supone el “progreso suficiente” en los términos del divorcio que demandan para empezar a hablar de la relación futura. Respecto a qué quiere exactamente Reino Unido de la UE cuando esté fuera, resultará difícil defender que la primera ministra proporcionó ayer el nivel de detalle que vienen exigiendo en Europa. Pero el discurso, pronunciado ante periodistas en un reducido auditorio del complejo de Santa María Novella, sí supone cierta mejora en el tono y constituye un avance, al memos tímido, en algunas de las materias que más preocupan en Reino Unido y en Europa.

La primera ministra propuso un “periodo de implementación” para suavizar el salto entre el momento en que Reino Unido abandone la UE -el 29 de marzo, en virtud del artículo 50 del Tratado de Lisboa- y el momento en que entre en vigor la nueva relación. Habló de un periodo de “alrededor de dos años” para que las personas y empresas puedan “adaptarse de manera suave y ordenada”. Durante ese periodo “de duración estrictamente limitada”, Reino Unido estará sometido a “las normas y regulaciones de la UE”, tal como viene exigiendo Bruselas. Un matiz: en esos dos años, “los ciudadanos europeos podrán seguir viniendo a Reino Unido, pero habrá un sistema de registro”.

No es la primera vez que habla May de un periodo de implementación, pero sí la vez que más ha detallado su naturaleza. La propuesta será bien recibida por el mundo empresarial, que viene exigiendo un periodo de transición desde el principio, y la imposición de un límite temporal supone una cierta concesión al sector más duro de los antieuropeos, temeroso de que la situación transitoria acabe convirtiéndose en permanente.

Durante esos dos años -y he aquí el segundo avance aportado por May- Reino Unido está dispuesto a cumplir con sus pagos comprometidos al presupuesto de la UE. “No quiero que nuestros socios teman que tendrán que pagar más o recibir menos durante lo que queda del corriente presupuesto como resultado de nuestra decisión de irnos”, dijo. “Reino Unido honrará los compromisos realizados durante el periodo de nuestra membresía”.

May no especificó una cifra, pero los cálculos realizados por la prensa británica la sitúan entre los 20.000 y los 23.000 millones de euros. No es una cantidad que vaya a satisfacer de entrada a Bruselas, en cuyos pasillos se habla de tres veces esa cantidad. Pero sí es un punto de partida para empezar a negociar, que May confía en que sirva para desbloquear las negociaciones.

La factura a pagar es uno de los tres peliagudos asuntos englobados en los llamados términos del divorcio, respecto a los que Bruselas ha dejado claro que necesita “progresos significativos” antes de empezar a hablar del futuro. En los otros dos temas –la frontera irlandesa y los derechos de los ciudadanos europeos en Reino Unido y viceversa- también quiso May ofrecer avances.

En el terreno de los derechos de los tres millones de ciudadanos europeos residentes en Reino Unido -al margen de buenas palabras, que las hubo- el discurso depara una importante novedad respecto a la propuesta publicada por el Gobierno de May el pasado 26 de junio. Europa exige que los derechos de sus ciudadanos sigan siendo tutelados por el Tribunal Europeo de Justicia después del Brexit, algo a lo que Londres se niega. Ayer May propuso una fórmula intermedia para romper el bloqueo: los acuerdos del tratado de salida se incorporarán a la legislación británica, permitiendo a los europeos exigirlos en la Justicia británica. Pero, además, acepta que la jurisprudencia futura del tribunal luxemburgués deba ser tenida en cuenta por los jueces británicos.

Menos concreción hubo en el tercero de los asuntos sobre los que se debe “progresar suficientemente” antes de hablar de la relación futura: la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. Es uno de los temas más complicados, como admiten fuentes del Gobierno, y Bruselas ha dejado claro que corresponde a Reino Unido resolverlo. Pero, este viernes, apenas ofreció May más que la constatación de que las dos partes han “declarado explícitamente” que no aceptarán “ninguna infraestructura física en la frontera”.

Transcurridos ya seis meses desde que activó el proceso de salida, una cuarta parte del tiempo que dispone para negociar, el discurso ofrecía a May la oportunidad de concretar, como le vienen pidiendo desde el continente, el tipo de relación que desea tener con la UE después del Brexit. Pero May se limitó a pedir un poco de imaginación y exigió un acuerdo a medida, negándose a aceptar uno de los modelos disponibles. “Una manera de acometer esto es proponer un escueto y poco imaginativo elección entre dos modelos: o algo basado en la pertenencia al Espacio Económico Europeo o un acuerdo comercial tradicional, como el que la UE acaba de negociar con Canadá”, explicó. “No creo que ninguna de las dos opciones sea la mejor para Reino Unido ni para la UE”.

El asunto es complicado. Primero, porque la UE tienen una prioridad clara: su propia integridad. Por eso se resistirá ofrecer a Reino Unido un modelo nuevo, mejor que los disponibles, que pueda seducir a otros Estados y alimentar movimientos antieuropeos en su seno. Segundo, porque concretar demasiado el tipo de relación futura implicaría alinearse con alguno de los dos bandos que libran una guerra abierta en su propio Gobierno y en su partido. Y eso es algo que, después de haber perdido la mayoría absoluta en las elecciones junio, y a una semana del congreso anual del Partido Conservador, May no se puede permitir.