Reino Unido afronta el reto de definir qué país quiere tras el Brexit
El logro más prodigioso de Theresa May es que, 16 meses después de llegar a Downing Street, aún nadie sabe qué visión tiene tras el divorcio de la UE
El logro más prodigioso de Theresa May es que, 16 meses después de llegar a Downing Street, aún nadie sabe qué visión tiene para el país después del Brexit. La preocupante realidad es que, como ha reconocido el propio ministro de Economía, el Gobierno no ha debatido aún sobre el “estado final”. Pero el momento que lleva tanto tiempo posponiendo ha llegado. El primer debate interno tendrá lugar el 19 de diciembre. El pragmatismo recomienda un Brexit suave, pero todo indica que el sector duro no ha hecho sino aplazar la batalla.
El balance de la primera fase de las negociaciones no es muy alentador para Reino Unido. Humillantes batallas internas, un fracasado intento de dividir a los Veintisiete, unas desastrosas elecciones anticipadas y una sucesión de eslóganes más o menos vacíos, que oscilan del “Brexit significa Brexit” al “mejor un no acuerdo que un mal acuerdo”. Han perdido cada una de las batallas que han librado, empezando por el intento de negociar en paralelo el divorcio y la relación futura, y el acuerdo alcanzado el viernes no es más que la constatación, demorada ocho meses en el tiempo, de lo inevitable: que esta no es una negociación de igual a igual, sino la de un miembro con el club del que decidió irse.
Pese a todo, como advirtió Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, lo difícil viene ahora. El acuerdo de divorcio entierra las líneas rojas trazadas estos meses por May y prepara el camino para la versión más suave del Brexit. Por eso, la disciplina mostrada por los más antieuropeos del Gobierno parece indicar que lo han aceptado para evitar males mayores, pero que consideran que es ahora, en la segunda fase, cuando hay que librar las verdaderas batallas. O eso, o repentinamente han cambiado todos de opinión sobre el asunto que, en muchos casos, ha definido su carrera política.
Este mismo lunes May se reunirá con su Gabinete para ponerles al día de la negociación. La próxima reunión del Gobierno, el 19 de diciembre, será previsiblemente la primera en la que se debata el “estado final”: la posición oficial sobre el acuerdo futuro. La ambición, en esa primera reunión, es dejar que cada ministro exponga su postura. Pero la gran incógnita aún por despejar es cuál es la postura de la propia May.
Todo indica que es más pro Brexit de lo que sugiere el hecho de que votara por la permanencia el 23 de junio de 2016. Seis años al frente del Home Office, tratando infructuosamente de cumplir la imposible promesa electoral de reducir la inmigración neta por debajo de los 100.000 al año, pueden alimentar una preocupación sobre el control las fronteras. Tampoco es una persona que congenie naturalmente con los argumentos económicos de una élite liberal a la que no pertenece. Hija de un pastor anglicano, su carácter religioso, explica un colaborador cercano, hace que entienda su puesto como una misión: la de salvar al partido y, de paso, a sí misma.
El debate en el Gobierno se centrará en la idea de “alineamiento regulatorio”, el nuevo concepto de moda en Whitehall. Boris Johnson, el poco diplomático jefe de la diplomacia británica, ofreció pistas de las intenciones del sector duro al respecto. “Gran reunión con la primera ministra”, tuiteó después de visitar Downing Street el viernes. “La encontré totalmente convencida de que el alineamiento completo es compatible con recuperar el control de nuestro dinero, leyes y fronteras”.
May puede confiar en que el pragmatismo fuerce a los más antieuropeos a suavizar su oposición a ese concepto de alineamiento regulatorio. Argumentos no le faltarán. Hasta ahora, las líneas rojas de May no dejaban otra opción que la de un acuerdo comercial como el que la UE ha firmado con Canadá (CETA), pero añadiendo el sector financiero, vital para la economía británica, así como la seguridad y defensa. Es lo que se ha venido a bautizar como “acuerdo Canadá plus”.
El problema es el tiempo. El acuerdo, para que pueda aprobarlo el Parlamento Europeo antes del 29 de marzo de 2019 —fecha en la que Reino Unido estará fuera de la UE en virtud del artículo 50 del Tratado de Lisboa—, debería estar listo para octubre del año que viene. Y las negociaciones no empezarán, advirtió ayer Bruselas, hasta febrero de 2018.
Hay, por tanto, ocho meses. Los mismos que ha costado alcanzar el “suficiente progreso” en los términos del divorcio. El acuerdo del viernes, que ni siquiera cierra del todo los tres asuntos sobre los que versa, tiene 15 páginas. El acuerdo con Canadá, 1.598. Tardó siete años en cerrarse, y eso sin el “plus” que quiere añadir Londres. Igual va siendo hora de que los más euroescépticos renuncien a su idea de que es posible cerrar el acuerdo antes de que Reino Unido abandone la UE. La otra opción es algo parecido a la relación que mantiene Noruega. Un acuerdo por el que Reino Unido seguiría de facto como miembro, pero perdiendo el poder de decisión. Comerciaría libremente con la UE, a cambio de seguir aportando a las arcas europeas y tolerar límites al control de fronteras. Algo difícilmente aceptable para Londres.
Acuerdo a medida
May dejó claro en su discurso de Florencia que no está dispuesta a adoptar para Reino Unido un modelo preexistente. Que quiere un acuerdo a medida. Pero a estas alturas May ha borrado kilómetros de línea roja. Como asegura un alto cargo de un Gobierno europeo, no hay tiempo para un acuerdo a medida. A lo máximo que se puede aspirar, defiende, es a alcanzar una decena de pactos sobre asuntos clave. De ahí la importancia de un periodo transitorio, en el que se mantenga el statu quo, para ir construyendo la relación futura.
Lo que tiene que comprender Londres, explica la misma fuente, es que meses después de la salida de Reino Unido de la UE habrá elecciones europeas y sería difícil políticamente acudir a las urnas, en pleno auge de los populismos, mientras en Reino Unido celebran el acuerdo alcanzado. En el mundo de hoy los valores europeos son más importantes que nunca, defiende, y el acuerdo tiene que demostrar que irse de la UE no es una buena idea.
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