Más de 400 personalidades de Israel piden que la ONU desvele qué empresas operan en los asentamientos

Más de 400 figuras públicas de Israel —intelectuales, artistas, activistas, expolíticos y antiguos altos cargos públicos— han dirigido una petición ante la ONU para que publique la lista de empresas locales e internacionales que operan en los asentamientos en territorios palestinos ocupados. Entre los signatarios de la carta dirigida al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el jordano Zeid bin Raad al Hussein, figuran un exfiscal general, tres exembajadores, seis antiguos diputados o 10 galardonados con el Premio Israel, el más prestigioso reconocimiento cultural en el Estado judío. “Como leales ciudadanos”, apelan a la comunidad internacional a que intervenga para “paliar el rápido deterioro el conflicto israelo-palestino (…) y actúe urgentemente contra la política de colonización del Gobierno de Israel”.

Los firmantes expresan su apoyo a la publicación del listado de compañías que hacen negocios en los asentamientos israelíes en Jerusalén Este y Cisjordania, cuya compilación fue acordada en marzo 2016 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su resolución 31/36. Un año después, el Consejo amplió hasta diciembre de 2017, sin posibilidad de prórroga, el plazo otorgado al Alto Comisionado para que presente su informe final. Israel, Estados Unidos y países de la Unión Europea solicitaron entonces que no se hiciera pública la citada base de datos para que no afectara a un eventual proceso de negociaciones. El Consejo, sin embargo, decidió que la confección del listado siguiera su curso con el respaldo de 36 países, nueve abstenciones y solo dos votos en contra: los de EE UU y Togo. En su carta a la Oficina del Alto Comisionado, piden que se rechace “cualquier presión para impedir la publicación de dicha lista”.

En su mayoría figuras públicas destacadas en la época de los Acuerdos de Oslo (1993) y que aspiran a encarnar una conciencia crítica de la sociedad israelí, los 400 ciudadanos israelíes que se dirigen a la ONU invocan la resolución 2334 del Consejo de Seguridad del 23 de diciembre de 2016. Este acuerdo expresaba la preocupación de la comunidad internacional por “una continua expansión de los asentamientos que amenaza la viabilidad de solución de los dos Estados”, y llamaba a “distinguir entre el territorio del Estado de Israel y los territorios ocupados desde 1967”. La resolución fue aprobada gracias a la abstención de EE UU —que declinó ejercer su derecho de veto en las últimas semanas de mandato del presidente Barack Obama–, y al voto unánime del resto de los 14 países miembros del Consejo de Seguridad, en una sesión que estuvo presidida por España.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha enviado cartas de aviso durante el pasado verano a unas 150 empresas israelíes e internacionales, según informó en primer lugar The Washington Post. En las misivas se les advertía de que iban a ser incluidas en la base de datos de compañías que operan en asentamientos israelíes en Jerusalén Este y Cisjordania y se les solicitaban aclaraciones sobre sus actividades en “territorios ocupados palestinos”, puntualizó poco después el diario Haaretz.

La mitad de las empresas involucradas son israelíes, algunas tan importantes como los bancos Hapoalim, Leumi y Discount, los tres primeros del país; la multinacional farmacéutica Teva, la tecnológica Bezeq o la filial local de Coca-Cola. Otra treintena de las firmas que recibieron la notificación de la ONU son estadounidenses, como el fabricante de maquinaria Caterpillar o los portales turísticos TripAdvisor, Airbnb o Priceline. El resto pertenecen a distintos países, entre los que han sido identificados Alemania, Noruega y Corea del Sur. El Gobierno de Israel ha emprendido una campaña ante las compañías afectadas para intentar minimizar los efectos de una eventual publicación del listado. Según ha revelado Haaretz, también ha informado a los países de origen de las empresas que considerará que la aplicación de la lista equivaldrá a cooperar con un boicot a Israel.

Coincidiendo con el envío a la ONU de la carta de figuras públicas israelíes, la ONG con sede en Nueva York Human Rights Watch (HRW) ha hecho público un informe en el que reclama también la “urgente publicación de la lista de las compañías que hacen negocios en los asentamientos”. Considera que, una vez identificadas públicamente, las empresas que operan en las colonias israelíes acabarán acatando la resolución 2334 del Consejo de Seguridad. “En el año transcurrido desde dicha votación, las autoridades de Israel han acelerado la expansión de los asentamientos, han aprobado una norma que legaliza la confiscación de terrenos privados palestinos y han anunciado que mantendrán los asentamientos de forma indefinida”, recuerda la organización. “De acuerdo con los Principios Directores sobre Negocios y Derechos Humanos de la ONU, las empresas tienen una responsabilidad que cumplir”, concluye HRW. “La actividad empresarial en los asentamientos (…) contribuye a violar las leyes internacionales. El solo hecho de hacer negocios en ellos equivale a una complicidad”.