El duro ajuste de cuentas post-Brexit

Bruselas hace las cuentas para tratar de cubrir el agujero de 10.000 millones de euros anuales que dejará el Brexit. La certeza de que el presupuesto de la UE no contará más con esa aportación neta de Reino Unido a partir de 2020 exige recortes o nuevas aportaciones de los Estados miembros. La política de cohesión europea, que trata de reducir disparidades entre las regiones del bloque comunitario, es una de las candidatas a sufrir ajustes. La Comisión Europea ha elaborado ya tres escenarios para tratar de anticipar las consecuencias. En el más adverso, España perdería todos sus fondos regionales, según un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS.

La UE afronta el presupuesto más difícil de cuadrar. Londres ha prometido que todo seguirá igual hasta 2020, cuando vence el actual marco presupuestario, a pesar de que el Brexit se materializará en marzo de 2019. Pero a partir de entonces, Bruselas contará aproximadamente con un 16% menos de recursos para gestionar las crecientes demandas de los países. El Ejecutivo comunitario ha proyectado tres supuestos para los próximos años. El que considera más factible contempla una disminución del 15% (casi equivalente a lo que Londres dejará de aportar) en los fondos disponibles para las regiones (programas de desarrollo rural, de creación de empleo, de I+D…). El más adverso proyecta una caída del 30% en esos capítulos y el más favorable trabaja con un mantenimiento del statu quo.

La situación es aún incierta. Nadie sabe en qué capítulos acabará recayendo la reducción del presupuesto ni si habrá recursos adicionales para sufragarlo, como pide la Comisión Europea. Pero esta institución quiere ir preparándose por si los fondos para tapar el agujero no llegan. También por si los Estados deciden reforzar otras políticas (por ejemplo, el desarrollo de una defensa común o la entrega de fondos a países africanos para que contengan la migración) y dejar la cohesión en segundo plano.

España tiene asignados 37.400 millones de euros en fondos estructurales para el periodo 2014-2020, un 8% del total europeo. Los dos documentos de la Comisión (uno del departamento de regiones y otro del de empleo) contemplan posibles cambios en el grueso de esas políticas. El más llamativo es el denominado escenario 2 de la política regional, que mantiene las ayudas solo para los países —no así para las regiones— candidatos al fondo de cohesión (aquellos cuya renta per cápita es inferior al 90% de la media de la UE).

Eso limitaría exclusivamente a los Estados del Oeste (con la excepción de Portugal) la recepción de esas partidas europeas. Tanto España como Italia, Bélgica y Francia perderían todo el apoyo financiero.

Descenso del 15%

La hipótesis menos catastrofista —descenso del 15%— dejaría a Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia como únicos territorios españoles receptores de las políticas de cohesión. Si, por el contrario, finalmente este capítulo se mantuviese como está, el conjunto de las comunidades serían, de una u otra manera, beneficiarios del actual marco. El Gobierno español ya contemplaba una pérdida de fondos europeos para la mayor parte del país en sus primeros análisis sobre el impacto del Brexit.

Aunque ninguno de los dos textos del Ejecutivo comunitario menciona la palabra Brexit, es significativo que el escenario considerado “de referencia” representa un recorte casi idéntico al derivado del abandono británico. El texto de empleo, que analiza el impacto en fondos sociales, de promoción laboral o el Erasmus para trabajadores, alerta de que ese descenso del 15% en los recursos “exigirá decisiones controvertidas respecto a las prioridades de financiación”. Y añade que “solo se podrán financiar unas pocas misiones y un número limitado de colectivos” a través de estas políticas, una de las principales banderas de la UE.

Las regiones temen por su maná europeo y ya han empezado a movilizarse. El Comité Europeo de las Regiones, el organismo comunitario que reúne a representantes locales y regionales de los 28 Estados miembros, ha puesto en marcha lo que ha denominado Alianza para la Cohesión.

Conscientes de que el horizonte post-Brexit pinta sombrío, sus responsables reclaman “un ambicioso presupuesto para después de 2020” que garantice “poder paliar las desigualdades entre regiones”, en palabras de su presidente, Karl-Heinz Lambertz.