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Colombia concede refugio a seis magistrados venezolanos

Esta condición les permite moverse libremente por Bogotá y acceder a los beneficios de seguridad social

El magistrado venezolano Rafael Ortega en Bogotá.
El magistrado venezolano Rafael Ortega en Bogotá.

En Colombia, la crisis de Venezuela se ha convertido en un tema del que se habla todos los días. Desde la semana pasada cuando la fiscal Luisa Ortega aterrizó en el país luego de un periplo que empezó cuando salió de Paraguaná en lancha hasta Aruba, el régimen de Nicolás Maduro ha señalado a Bogotá como el epicentro de una "conspiración" en su contra. La tensión aumentó con el ofrecimiento de asilo que Juan Manuel Santos le hizo a Ortega el fin de semana pasado. Mientras la fiscal rebelde permanece en el territorio nacional, pero es incierto si aceptará quedarse en este país, el gobierno colombiano concedió refugio por 30 días a seis de los 33 magistrados juramentados en julio por el Parlamento de Venezuela y que huyeron después de que Maduro ordenó su detención.

"Ayer nos otorgaron el refugio", dijo este sábado a la agencia EFE el magistrado Rafael Ortega. Además de él, recibieron este beneficio sus colegas José Luis Rodríguez Piña, Rubén Carrillo, Gonzalo Oliveros, Gonzalo Álvarez y Evelyn D'Apollo. Ortega explicó que Colombia acogió con esta medida a su esposa y sus dos hijos, así como a la esposa de otro magistrado.

La condición de refugiados les permite moverse libremente por Bogotá y acceder a los beneficios de seguridad social. "No sé cómo lo tomará el gobierno venezolano, lo cierto es que el gobierno colombiano actúa según el derecho internacional cuando se trata de perseguidos políticos", razonó el magistrado Ortega. Él, su esposa y sus hijos llegaron a comienzo de agosto a Cúcuta, capital del fronterizo departamento de Norte de Santander, y de allí viajaron a Bogotá.

El pasado 21 de julio, la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, juramentó a 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para sustituir a los que considera "ilegítimos", después de que en diciembre de 2015 la mayoría chavista en el Legislativo designó a decenas de jueces. Un día después de jurar el cargo, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvo al magistrado Ángel Zerpa. Era el inicio de una persecución contra los 33 juristas. Desde que el presidente venezolano amenazó con llevarlos presos y congelarles sus bienes y sus cuentas bancarias, los magistrados buscan protección internacional. El miércoles anterior el gobierno chileno le otorgó asilo a cinco de ellos. En la embajada de Panamá y de México en Caracas se refugian otros a la espera de alguna decisión que les permita salir de Venezuela.